Acuse de recibo
El 29 de julio de este año publicamos en esta sección una carta enviada por Edilberto Capote, quien se quejaba de que a su padre —cooperativista jubilado del municipio de Jiguaní, en la provincia de Granma— todavía el Estado le debía 1 700 pesos por varias entregas hechas hace tiempo.
En el lejano 1978, Loreto Melquíades —padre de Edilberto— entregó a una cooperativa agropecuaria de su territorio casi dos caballerías de tierra, algunos animales e instrumentos de trabajo, respondiendo así a un llamado del país en ese momento.
Sin embargo, refiere el hijo, a este solo le pagaron una parte del dinero mientras estuvo trabajando como cooperativista, pero al retirarse, y a pesar de que su viejo, con 87 años de edad, continuó sus vínculos con la cooperativa, esta dejó de cumplir con los pagos por las entregas.
Luego de la publicación del caso, el Ministerio de la Agricultura organizó una comisión para investigarlo a profundidad. «La averiguación precisó que el pago que se reclama no procede, pues la ley establece que al acogerse el cooperativista a los beneficios de la jubilación, el monto de la deuda pendiente por el valor de los aportes, debe ser abonado al Presupuesto del Estado por la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) de la cual era miembro».
Cumpliendo las indicaciones dadas, el delegado de la Agricultura en Granma, Alberto Naranjo Paz, y el viceministro de esa entidad, Juan Pérez Lamas, se entrevistaron con Edilberto y su padre, y le explicaron la razón por la cual no podía acceder al pago de lo pendiente, dice en una carta enviada a este redactor la titular en funciones de la Agricultura, María del Carmen Pérez Hernández.
La pesquisa demostró que es cierto que el cooperativista Loreto Melquíades aportó a la CPA 19 de Diciembre, de Jiguaní, 1,25 caballerías de tierra, diez vacunos, dos caballos y un arado de hierro, todos valorados en 5 997 pesos, de los cuales se le pagaron 4 394,11 y se le debían 1 602,89 pesos, los cuales no se le amortizaron porque el campesino se acogió a una de las pensiones establecidas en el Decreto Ley 65 del año 1983 del Consejo de Estado.
La segunda misiva proviene de la Universidad de Camagüey. Con ella, Raúl Garriga Corzo, secretario de ese centro de altos estudios, responde a una crítica reflejada en esta sección el pasado 20 de octubre.
Ese día publicamos la queja de la capitalina Yenisley Ortiz Mantecón, quien en junio pasado se graduó de Licenciada en Derecho en dicha universidad, y cuando solicitó que le entregaran su certificación de notas le dijeron que el centro educacional no estaba emitiendo ese documento a ningún graduado.
Sin embargo, en su carta, fechada el 25 de octubre de 2007, Garriga afirma que lo anterior no es cierto y que esa universidad sí emite dicho documento. «Prácticamente todos los días se emiten certificados de notas a graduados y no graduados, planes temáticos y de estudios, y varios documentos más solicitados por los organismos competentes y autorizados (consultorías jurídicas, bufetes, y otros).
«También se emiten a solicitud de los organismos y directores de empresas, siempre que se expliquen las causas, y a cualquier ciudadano que lo necesite por funciones de trabajo o por trámites oficiales, y sin costo alguno», aclara en su escrito el secretario de la Universidad de Camagüey.
El funcionario dice además que desconoce quién atendió la solicitud de Yenisley Ortiz, pero está seguro de que esta explicación se le da a todo el que acude a dicha universidad procurando algún documento .
Queda por ver quién tiene la razón en este caso, pero la prontitud y claridad con que la secretaría del plantel camagüeyano respondió a la queja, es una clara demostración de que al centro le sobra disposición para que hechos de este tipo no se repitan.
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