Acuse de recibo
Ya desbordada la copa de su paciencia, el 28 de junio de 2004 Juan Manuel García González le escribió al presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Santiago de Cuba, en ejercicio de sus derechos ciudadanos como elector de ese gobierno local.
Juan Manuel, quien reside en calle 4 número 9, Barrio Técnico, en Punta Gorda, en la ciudad de Santiago de Cuba, recababa entonces del funcionario un apoyo a la situación de desprotección que sufría desde casi dos años atrás.
Él vivía en calle Primera número 8, en el mismo reparto Punta Gorda. Y la Corporación Cubanacán S.A. se interesó por su casa, con el objetivo de construir el servicentro de la Marina Marlin, hoy Marina Santiago. y solicitó la misma, a cambio de darle la casa 9 del Motel Bahía, la cual había sido cedida a esa corporación.
Juan Manuel fue comprensivo y aceptó la propuesta. La vivienda de marras, donde hoy reside, se le entregó el 5 de noviembre de 2002, por acuerdo del Consejo de la Administración Provincial.
Desde entonces, Juan Manuel comenzó los trámites legales, para que se le entregara la propiedad de su nueva morada. Y el 28 de junio de 2004, cuando le escribió al presidente del gobierno municipal, todas sus gestiones habían sido infructuosas. ¿Continuaron siendo así luego de esa carta? No nos precipitemos aún y sigamos el relato cronológico.
En aquella misiva, el ciudadano le ilustraba al presidente del gobierno municipal la condición de ilegalidad en que vivía, por causas ajenas a su voluntad. La nueva dirección no podía oficializarla con su identificación. Tanto en esta como en la libreta de productos normados, la dirección era la del servicentro de la Marina, donde estuvo su antigua vivienda.
Juan Manuel narraba las gestiones infructuosas que había hecho con Cubanacán S.A., y concluía sus líneas alertando al presidente del gobierno local con una pregunta: «¿Haber sido consecuente con la solicitud del Estado significa que hoy tenga esta gran preocupación sin respuesta?»
La misiva de entonces la hizo con copias a la Oficina municipal de Atención a la Población, Gobierno provincial, Cubanacán S.A., Ministerio del Turismo y Dirección Municipal de Vivienda, entre otros.
Y he aquí que el pasado 25 de enero Juan Manuel escribió a esta columna para precisar una lamentable evidencia: hasta ese día —2 años y casi 7 meses después— no había recibido respuesta a su caso.
Me cuenta que no obstante ello, él se dirigió en varias oportunidades a Vivienda Municipal junto al abogado representante de la Marina, intentando la legalización, «y nos mandaron de un departamento a otro sin solución».
Recalaron en Vivienda provincial y allí los recibieron a nivel de pasillo. El abogado de la Marina entregó el expediente y les dijeron que estudiarían el caso y verían qué se podía hacer. Entonces Juan Manuel acudió al Gobierno provincial, y los funcionarios que le atendieron llamaron a Vivienda Municipal. Allí lo recibió de manera muy correcta la subdirectora, quien le explicó que el caso no podía figurar como permuta, pues la casa que él entregó ya no existe. «Solo podría hacerse un cese, que debía aprobarse a nivel provincial, luego enviarlo al Ministerio del Turismo, y este a su vez presentarlo al Instituto Nacional de la Vivienda, para que allí baje a Vivienda municipal, y así seguir con el resto de los trámites».
Lo único que ha logrado Juan Manuel hasta ahora es pagar la luz y el agua, por permanentes gestiones de él. Y pregunta: «¿Hasta cuándo debo seguir siendo ilegal a pesar de mi insistencia para resolver este problema que se me ocasionó por sensibilizarme con una necesidad estatal?».
Fatal historia esta. El ciudadano fue comprensivo y aceptó con rapidez la propuesta, y ahora con razón siente que le han hecho sufrir por el sencillo acto de servir a una entidad. Lo «pelotearon» bastante; ya Cubanacán resolvió su problema, el servicentro surte dividendos y el hombre sigue castigado. ¿Por qué tanta incertidumbre y morosidad? ¿Cómo se explica que durante tanto tiempo aquella carta con copias no fuera merecedora de una respuesta? Así no se trata a un ciudadano con espíritu de colaboración social.
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