Acuse de recibo
Carmen Fernández Junco y Evelio González Guliaeff (Bellavista 758, entre Vía Blanca y Santa Lutgarda, Cerro, La Habana) son dos jubilados que se preguntan si las entidades que prestan servicios tienen en cuenta, para cobrar, las limitaciones económicas de los pensionados de la tercera edad, en un país que envejece demográficamente.
Cuentan ellos que desde el pasado mes de junio y hasta finales de noviembre, el cobrador de la Empresa de Gas Manufacturado no había ido a cobrarles. Y cuando apareció, llevó una factura de 36,41 CUP.
«A todo jubilado que viva solo de su pensión, manifiestan, le afecta económicamente. No es lo mismo pagar cinco u ocho pesos mensualmente, que esa cantidad cada cinco meses».
Cuando preguntaron al cobrador el porqué de la medida, les respondió que era lo orientado «por el Ministro de Energía y Minas». Así, sencillamente, sin una fundamentación o argumento sustentable.
«Todos los residentes en nuestro país, refieren, conocen que cada día aumentan las personas que se jubilan, y muchas de ellas no reciben otras prestaciones monetarias adicionales, por lo cual consideramos abusivo e inconcebible que se nos imponga esa medida arbitraria».
Confiesan Carmen y Evelio que han intentado comunicarse, vía telefónica, con el responsable de Atención a la Población de la Empresa de Gas Manufacturado. Pero ha sido en vano. «Quien atiende el teléfono te responde que es una medida de arriba, y también que no tienen papel para los recibos», subrayan.
Y uno se pregunta, situándose en el caso de Carmen y Evelio, y otros jubilados con ingresos muy modestos, por qué se decide una medida tan unilateral sin tener en cuenta la especificidad de quienes prefieren pagar sus tarifas mensuales. Y uno también observa que, como en muchas otras decisiones, se toman sin considerar ni sondear a los afectados.
Y estos últimos se estrenan un buen día con la disposición, sin que antes se les informe y se les prepare para ello. Falta mucha cultura del servir al ciudadano y también brillan por su ausencia estrategias comunicacionales. No todo se puede imponer desde arriba y unilateralmente, sin medir las consecuencias en ciertos sectores poblacionales vulnerables. ¿O es que los cobradores actúan por su cuenta?
En los últimos tiempos, los timadores y farsantes hacen de las suyas a costa de la ingenuidad, el desconocimiento de los ciudadanos y de la ausencia de las instituciones y entidades estatales en el escenario de los hechos.
Alicia Guardado Rodríguez y Lucrecia Concepción, dos residentes del albergue sito en Ánimas 715, entre Gervasio y Escobar, en Centro Habana, cuentan que el pasado 26 de noviembre apareció allí un ciudadano que dijo ser inspector de la Empresa Eléctrica, y no se identificó como tal.
El sujeto planteó que todos los vecinos tenían que pagar la electricidad por 280 pesos, que se lo debían pagar a él, pues tenía una orden de corte del servicio eléctrico, la cual tampoco mostró. Y venía con las herramientas requeridas para ello.
No logró su cometido, pero, según las remitentes, los vecinos dudan y temen, pues quedó latente la amenaza en nombre de la Empresa Eléctrica.
«Como es nuestra intención hacer el contrato con la Empresa Eléctrica, y no ha sido común la visita de inspectores, ni ha sido interés de la Empresa Eléctrica desde hace dos años que residimos en el lugar, no entendemos la actitud del supuesto inspector, ni sabemos a ciencia cierta si este pertenece realmente a la Empresa Eléctrica», concluyen.
Farsantes hay por doquier. Hay que estar atentos, exigir identificación de todo el que aparezca en nuestros hogares, incluidos los albergues. Pero al propio tiempo, hay que denunciar a quienes hacen su agosto con la ingenuidad del prójimo.
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