Todo indica que no serán suficientes las comprometedoras conversaciones reveladas por el sitio The Intercept Brasil, y que demostraron lo que Lula y el PT denuncian desde hace meses: la condena al expresidente por supuesta corrupción se erige sobre un juicio manipulado y con intereses políticos, que buscó sacarlo de las elecciones de 2018 y convertirlo en cadáver político junto al Partido de los Trabajadores.
Este lunes, el Supremo Tribunal Federal debía analizar el pedido de habeas corpus solicitado por la defensa de Lula mucho antes de que The Intercept probara que Sergio Moro, entonces juez, maniobró y dio orientaciones precisas a los coordinadores de Lava Jato para condenar al exmandatario, como lo demuestran sus conversaciones vía chat con Deltan Dallagnol, acompañadas de fotos y videos.
Sin embargo, ni siquiera tales filtraciones, cuya primera parte fue dada a conocer hace dos domingos, han logrado que se asome la justicia. El juicio para el habeas corpus ha sido pospuesto «para el segundo semestre» del año, lo que deja abierto un compás de espera de quizá seis largos meses para que se debata, al menos, la solicitud de los abogados, quienes ahora piden también la anulación del falseado proceso.
Era de esperar que una institucionalidad cuestionada como la brasileña —pues se basa en la mentira—, y un sistema judicial politizado y, por tanto, mentiroso, ampararan la maniobra que mantiene a Luiz Inácio Lula da Silva en prisión.
Jair Bolsonaro, el presidente que debe una alta cuota de los votos de su elección al apresamiento de Lula, no solo ha dejado a Moro en el puesto que él, en agradecimiento, le dio como titular de Justicia luego de llegar al Palacio de Planalto sino que, además, le puso una condecoración de la Marina hace 14 días, cuando ya había estallado el escándalo sacado a la luz por The Intercept. No les queda de otra: ellos cerrarán filas.
El legislativo, por su lado, se tapó sus partes pudendas con una sesión en el Senado durante la cual Moro se vistió de cordero y dijo que «ellos quieren socavar la investigación por corrupción», en obvia alusión a los periodistas que dieron a conocer los mensajes y completaron la investigación. Y volvió a mentir: «(…) en realidad, es un ataque a los logros de la sociedad brasileña en los últimos cinco años».
Las vistas en el Congreso no han terminado; pero Sergio Moro ya anunció que no asistirá a la próxima, prevista para el miércoles en la Cámara de Diputados. El motivo alegado para ausentarse no podía ser más elocuente: el Ministro de Justicia de Brasil está de visita oficial en Estados Unidos, donde se reunirá con responsables de órganos de seguridad como la División de Operaciones Especiales de la agencia antidrogas DEA, del Centro de Operaciones del Narcoterrorismo y de la patrulla de frontera entre EE. UU. y México, según reveló Sputnik.
El viaje no debe llamar la atención, si bien ratifica la connivencia del Gobierno de Bolsonaro con los designios de Washington, como lo demuestran muchas de las actitudes del mandatario en materia de política exterior, sobre todo, en lo concerniente a América Latina.
Además de esa vocación «norteña», se sabe que Moro no solo estudió Derecho en universidades de Estados Unidos sino que completó su formación como jurista en talleres del FBI, según las revelaciones hechas en 2016 por la filósofa brasileña Marilena Chauí, quien aseguró que el propósito era, precisamente, que Moro atendiera los intereses estadounidenses en la conducción de la operación Lava Jato.
Antes, un documento dado a conocer por Wikileaks en 2009 develó su participación en Rio de Janeiro en el proyecto Puentes (Bridges Project), vinculado con el Departamento de Estado.
No debe extrañar entonces que en Estados Unidos lo sigan «preparando».
Trece juristas y abogados de distintos países han reclamado que se anule la condena a Lula. Existen más argumentos para seguir dudando de Moro. Cumpliendo con su palabra, The Intercept concedió al diario Folha de Sao Paulo la publicación de nuevos mensajes privados de Moro; estos, probatorios de que el juez maniobró también en 2016 para que el Supremo no le quitara de las manos algunos casos relacionados con Odebrecht, por malos procedimientos.
Movimientos sociales y el PT convocaron este lunes a un Día Nacional de Agitación por la libertad de Lula.
Al parecer, solo la demanda enérgica contra la injusticia, dentro y fuera de Brasil, logrará que esta emerja.
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