Si algo necesita Cuba ahora es mirar los espejos; esos que, por encima de todo, nos descubren el alma y nos hablan de las marcas en nuestra piel histórica.
Hoy mismo, cuando suben al cerebro aquellas discusiones terminadas en consenso en el poblado de Guáimaro, cuando evocamos la Asamblea admirable que aprobó la Constitución en medio de las balas y la sangre, deberíamos insertar ese ejemplo en las encrucijadas actuales sin miedos ni complejos.
Al hacerlo, comprobaríamos que una lección tremenda y honda, imposible de soslayar en el escenario del presente, emana de la conocida reunión entre los representantes de las tres regiones sublevadas contra la metrópoli española: la ley debe ir primero, a la cabeza de todo, en el nacimiento y no en la desembocadura de la República.
Los «constituyentistas» de entonces bien podían haber esperado el triunfo de la insurrección o acaso una tregua para escribir el Estatuto en reposo, sin las presiones de la guerra cruda, pero entendieron, cediendo a los «personalismos», que sin Derecho es quimérico fundar una sociedad, proyectar un futuro y preconizar la verdadera libertad.
Por cierto —haciendo una breve inflexión—, este último término, que tanto se arraigó con la Revolución Francesa, a veces nos ha sido escamoteado en los debates teóricos sobre la realización individual, la emancipación y el rompimiento de ataduras en la llamada «sociedad nueva», como si ocasionalmente olvidáramos que la libertad del ser humano fue uno de los más caros anhelos desde los días gloriosos de La Demajagua y Guáimaro.
Los sucesos posteriores probaron cuánta razón tenían los patricios fundadores: cada vez que en Cuba se quebrantó la ley o se pisotearon las instituciones emergieron las indisciplinas, las anarquías, el desorden y hasta tristes dictaduras, afortunadamente enfrentadas por los revolucionarios de distintas generaciones.
Ese afán de antaño de dotar a la nación —todavía en cuna— de una legislación fundamental, tiene que ser hoy un referente ante las amenazas externas e internas, ante los soñadores del caos y los intentos de fragmentar o de encontrar rupturas en el hilo de continuidad iniciado en 1868.
Poco vale en este momento hacer juicio crítico sobre lo que sobrevino después de instaurarse un «civilismo» que a algunos les pareció desmedido o sobre los 29 artículos fijados en la carta magna surgida en aquel punto del Camagüey, siempre legendario. En todo caso, lo más importante sería mirar al mañana teniendo en cuenta los truenos y relámpagos del préterito.
No resulta casual que 150 años después del anuncio solemne de la República Cubana se haya escogido otro 10 de abril para proclamar la Constitución aprobada en masivo referendo el 24 de febrero. Con este acto ciudadano, de alcance supremo, no solamente estaremos mirándonos en las enseñanzas de la primera Constitución mambisa; también asumimos el reto gigantesco de apostar con más fuerza por el Derecho y la institucionalidad en un país que de vez en cuando —desde la Colonia, la seudorrepública hasta la actualidad— ha sido tildado de «irreverente» a la hora de la observancia de las legislaciones.
Este 10 de abril, cuando la sesión extraordinaria de nuestro Parlamento, honre la primera Asamblea libertaria, tendremos que viajar de nuevo al Guáiramo que vio a Céspedes y a Agromonte sentados codo a codo con sus discrepancias, sin romper la unidad revolucionaria. «Ya está probado que las unanimidades esconden grandes disentimientos, cobardías y pequeñeces. Lo importante es debatir las cosas en tiempo, forma y lugar», ha sentenciado al respecto, con su acostumbrada elegancia, Eusebio Leal.
En ese viaje-espejo encontraremos que aquellas divergencias y querellas fueron puestas a un lado en la hora crucial y esperanzadora para que le naciera a Cuba una Constitución progresista y tomara cuerpo la palabra «pueblo», para salvar la causa superior y hermosa de la independencia.
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