Foto: AP Paradojas carentes de vergüenza, así podríamos calificar los hechos. Una corresponde a esa obsesión capitalista de sacar mayores ganancias de una sola vez; la otra a la política hipócrita y a la vez intransigente de la administración bushiana. Ambos contrasentidos tienen que ver con el trato que dan a los indocumentados, y en medio de los acontecimientos, relacionados con la conflictiva frontera entre Estados Unidos y México, corre la sangre de otros inmigrantes.
Golden State Fence, una empresa de California que construyó, entre la colina Otay hasta el cruce de San Diego, más de un kilómetro del muro fronterizo de cuatro metros y medio de alto, como parte del intento de frenar la inmigración ilegal desde el sur de este continente hacia Estados unidos, fue atrapada in fraganti por contratar a indocumentados. Los inspectores encontraron a 49 ilegales entre sus obreros.
No pueden saltar la valla, pero sí construirlo, esta sería la máxima de los dos ejecutivos de la compañía que debe pagar cinco millones de dólares por su infracción migratoria, luego que una corte federal de San Diego los encontrara culpables. Mel Kay fue sentenciado a seis meses de prisión domiciliaria y mil horas de servicios comunitarios —no se especifica si las hará levantando el valladar—; Michael McLaughlin también tendrá medio año de «castigo».
Mientras esto sucedía en la empresa privada, la Casa Blanca hacía su propio anuncio oficial, una propuesta calificada por algunos como «desilusionante e inhumana»: precisar a los 11 millones de indocumentados a pagar 13 500 dólares para inscribirse en un penoso proceso burocrático, obligarlos a salir del país, y entregar 10 000 dólares más si son aceptados para legalización. Las VISAS Z que obtendrían luego, son renovables cada tres años y en cada ocasión el inmigrante deberá pagar 3 500 dólares de multa y renovación.
Por eso se le considera una respuesta —más estricta aún— a la reciente iniciativa de los legisladores Luis Gutiérrez y Jeff Flake, que bajo el título de Seguridad Nacional mediante Inmigración Regularizada y una Economía Vibrante (STRIVE, por sus siglas en inglés), propone la expedición de 400 000 visas para los trabajadores y su familia, con tres años de validez y posibilidad de renovación por otros tres más, para acceder a empleos que ya los estadounidenses hubieran rechazado; también dejaría a estos hombres y mujeres sin la defensa de los derechos laborales.
Solo que el equipo Bush facilita más aún la explotación del inmigrante, en condiciones prácticamente de esclavitud moderna, y sin que deje rendija alguna que pudiera oler a amnistía, como advirtiera un dirigente hispano citado por Notimex.
La dilación de una reforma migratoria en Estados Unidos ha llevado a que por lo menos 27 estados promulgaran ya sus propias leyes y todas ellas para endurecer las sanciones contra los 11 millones de personas que viven en ese país sin que los ampare papel alguno.
Y por si fuera poco, el plan de Bush propone también el aumento de elementos de la Patrulla Fronteriza a 18 000 agentes, así como más de mil kilómetros de bardas y barreras vehiculares para cuidar ese límite prohibido.
Esto nos lleva a otras informaciones de este viernes que retratan con mayor certeza las que serían intenciones verdaderas de no pocos en Estados Unidos: en Green Valley, al sur de Arizona, hombres armados desconocidos dispararon en la madrugada contra una camioneta atiborrada de inmigrantes ilegales y mataron a un hombre y una mujer y causaron heridas a una tercera persona. Se cree que eran mexicanos que viajaban con tres grupos familiares desde el empobrecido estado de Chiapas. ¿Quiénes fueron los asesinos? ¿Vigilantes voluntarios garantizando la pureza rubia de la raza o contrabandistas de seres humanos deshaciéndose de su carga? Casi imposible encontrar la respuesta. Mientras, en un punto al oeste de la localidad de Calexico, decía otra información, un inmigrante mexicano caía abatido a manos de efectivos de la Patrulla Fronteriza norteamericana: un solo disparo de fusil M-4, versión corta del rifle de asalto M-16, el reglamentario de la Border Patrol, ponía firma en este caso.
Con iniciativas privadas y decisiones oficiales se levanta un muro de sudor y sangre.
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