Quien dude del carácter enteramente original de los nuevos caminos que transita América Latina, puede mirar, entre otros sitios, a Bolivia, donde la redacción de la nueva Carta Magna ha hecho una suerte de alto para abrir las puertas a la ciudadanía y consultar a la población.
Aunque está estatuido que, una vez que se concluya, el texto contentivo de los preceptos sobre los que se refundará el país será sometido a referendo, la toma del pulso al pueblo ha empezado ya con estos encuentros entre los asambleístas y los vecindarios, a fin de tomar en cuenta sus aspiraciones.
La población expresa qué espera de la Constituyente. Foto: Reuters De tal suerte, la elaboración de la nueva Constitución sale de los marcos asépticos de los salones y se oxigena recordando a cada delegado para qué el pueblo lo ha elegido y puesto allí, en el enclave que tiene la misión trascendente e impostergable de convertir en ley —para que cualquiera no pueda modificarlas, ni las burle—, las medidas que con toda celeridad están haciendo ya de Bolivia una nación distinta.
Luego de un periplo por varias localidades, las sesiones de la Asamblea Constituyente han retornado este lunes a su sede en Sucre, pero —aclaró PL— para celebrar audiencias públicas que le permitan a cada una de sus 21 comisiones tomar nota de las «sugerencias y propuestas de las organizaciones e instituciones de cada localidad sobre el futuro social y económico de la nación andina», según un comunicado citado por la agencia.
Fuentes locales habían advertido antes, que los denominados «encuentros territoriales» —como se les ha llamado— se extenderían durante unas tres semanas para obtener la mayor cantidad posible de puntos de vista.
Además de muy democrática, la medida parece saludable para un conglomerado —el de la Constituyente— que no es homogéneo, y donde los representantes de la derecha agrupada con Poder Democrático y Social (PODEMOS) tratarán de que salga un texto lo menos radical posible. Es bueno, entonces, que todo el mundo recuerde qué es lo que quiere el pueblo.
«Nosotros, los pueblos indígenas, preocupados por la actitud de los partidos tradicionales, hemos venido a la Asamblea Constituyente para que tomen en cuenta nuestras inquietudes», afirmó Adrián Aspi Cosme, alcalde de una localidad en La Paz.
Antes, los delegados de cada uno de los partidos explicaron su «visión de país», que es el tema de la primera de las 21 comisiones. Según reflejó el sitio del Congreso Bolivariano de los Pueblos, el tema permitió que cada quien describiera a grandes rasgos «su perspectiva de nación y de Estado, además de trazar las líneas económicas y educativas que esperan incluya la nueva Constitución...».
En esa sana confrontación de posiciones destacó la postura del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), a favor de la creación de un nuevo Estado social unitario y plurinacional.
Rasero para medir la efectividad de las políticas participativas instrumentadas, sobre la marcha, por el gobierno de Bolivia, puede ser el resultado de un sondeo dado a conocer recientemente en Buenos Aires, y contenido en el último Informe Nacional sobre Desarrollo Humano del PNUD.
Según el reporte, siete de cada diez bolivianos estiman que la Constituyente favorecerá la construcción de un nuevo pacto social, y ven en ella una salida que mejorará el nivel de vida por medio del crecimiento del empleo y —muy importante— la ya en marcha nacionalización de los recursos naturales, que apoya —dijo el documento— el 84 por ciento de los habitantes del país.
No otra cosa persiguen el MAS y Evo.
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