Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

El reciente hallazgo de detonadores y explosivos en bultos que Estados Unidos introdujo subrepticiamente en Venezuela, violentando la ley, puede ser la noticia más escandalosa de las muchas que respaldan a Caracas en sus denuncias sobre los planes provocadores y agresivos del imperio.

Utilizando el nombre de un funcionario de su embajada y el camino expedito de que goza la llamada valija diplomática, 16 paquetes no declarados, de un conjunto de 20 remitidos desde EE.UU., entraron a Venezuela sin pasar por Aduana.

A escasos tres meses de las elecciones presidenciales de diciembre —en las que volverá a estar sobre el tablero la existencia de la Revolución Bolivariana—, el hecho da la razón a quienes no descartan que Washington esté promoviendo las acciones violentas, como lo hizo para el golpe de abril de 2002.

Pero otras maniobras han aflorado los últimos días, doblemente preocupantes y hasta ilustrativas al develar la hipocresía con que la Casa Blanca trata de minar desde adentro a la Revolución, manipulando las mentes de las bases sociales que la protagonizan.

En tanto muchos destinatarios se mantienen en el anonimato, la revelación ha dejado otra vez desnudas a entidades ligadas a la débil y fragmentada oposición, como Súmate: presunto organismo de asistencia técnica electoral cuyos vínculos con Washington, sin embargo, se denuncian reiteradamente desde el trascendental referendo de agosto de 2004.

Ahora las pruebas vuelven a saltar. Un abultado legajo de 132 recibos de llamadas «donaciones», obtenidos y publicados por la agencia de noticias AP en virtud de la denominada Ley de Libertad de Información, ha sacado la basura a flote.

Los papeles ayudan a precisar la extensa y muy dudosa relación de objetivos tras los cuales la administración Bush «invirtió» decenas de miles de dólares en Venezuela solo durante los años 2004 y 2005 por medio de la engañosa USAID, una institución que hace tiempo sirve de vehículo al financiamiento para desestabilizar a las naciones incómodas al imperio.

Todo, tras la mampara que le brinda su eufemística denominación: «Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional».

Lo más triste es que —como apunta el periodista de AP que dio cuerpo al enjundioso reportaje resultante de la investigación—, el dinero se gasta «en nombre de la democracia en Venezuela». En verdad, es una excusa manida que sigue estando muy lejos de la verdad.

Injerencia es la palabra que acude a la mente cuando se repasan los móviles de tantos y tantos proyectos supuestamente inocentes y benefactores a los que EE.UU. ha dedicado, cada vez, decenas de miles de dólares. A fin de cuentas, la administración ha destinado 15 millones para «fomentar la democracia» en Venezuela. Apenas los 132 contratos en manos de AP suman 3 283 534 dólares.

Ya no se trata de las «megaayudas» que se canalizaron a favor de los sectores golpistas (abril del 2002) o, directamente para los partidos opositores, por la NED (la National Endowment for Democracy) y la propia USAID, develadas el año pasado por la abogada venezolano-estadounidense Eva Golinger en su investigación El Código Chávez, prueba contundente de la imbricación de la Casa Blanca en los acontecimientos en Venezuela, según desclasificados de la CIA y el Departamento de Estado.

Ahora estamos ante un rosario de seminarios y talleres en pequeñas entidades, grupos sociales o barriadas, lo que habla mucho mejor de la sordidez de un plan que, sabedor del apoyo popular con que cuenta Hugo Chávez y el proceso que lidera, ahora carcomer, directamente, ese respaldo.

Junto a acciones aparentemente loables como «distribuir agua potable a familias seleccionadas y afectadas por las inundaciones en los estados de Vargas y Miranda», según reza un recibo del 17 de febrero de 2005 por valor de 62 058 dólares, y que incluye la reparación y pintura de auto y la compra de «radio para personal», conviven en el montón de documentos obtenidos por la AP otros con propósitos muy sospechosos.

Por ejemplo, tiene un claro tinte desestabilizador el proyecto bautizado como Convivencia y Prevención de violencia en las comunidades que, según la definición, busca la preparación de líderes para el diálogo, la negociación y acuerdos «que conduzcan a construir y sostener los valores de la democracia y convivencia pacífica dentro de las comunidades».

Y hay alguno tan osado como el que se identifica como Diálogos políticos para una visión actualizada y compartida, que anuncia proveer a las organizaciones de la sociedad civil —¡y a los dirigentes sociales y políticos!— de herramientas para una «mejor comprensión de sus prioridades, valores democráticos, y sus límites de tolerancia a la ineficiencia y la corrupción».

Para la AP y algunas de las fuentes utilizadas en su reporte, uno de los asuntos más preocupantes es que casi la mitad de los receptores en los contratos a los que la agencia tuvo acceso, están sin identificar. Los móviles son visiblemente subversivos.