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CARACAS, febrero 27.— Como respuesta a la decisión del Gobierno de Estados Unidos de revocar, a partir del 1ro. de marzo próximo, la licencia de explotar el crudo venezolano otorgada a la empresa petrolera Chevron durante la administración del expresidente Joe Biden, los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América rechazaron de manera categórica esta medida tomada por la administración de Donald Trump y la catalogaron como una acción injerencista con fines extorsivos.
También desde La Habana, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, condenó este jueves las recientes medidas adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos puestas en práctica, una vez más, en su interés de perjudicar la estabilidad económica, política y social de Venezuela.
A través de un mensaje en plataformas digitales, el Canciller de la Mayor de las Antillas expresó: «Rechazamos medidas tomadas por el Gobierno de EE. UU. contra Venezuela, que atacan legítimos ingresos que recibe ese país», a lo que añadió la ratificación de «toda nuestra solidaridad con la Revolución Bolivariana y Chavista, el presidente Nicolás Maduro y el pueblo venezolano, frente a esta nueva arremetida imperial».
Las nuevas sanciones afectan directamente a la empresa petrolera estadounidense Chevron, que mantiene un acuerdo con Venezuela desde la administración de Joe Biden.
De acuerdo con el comunicado oficial de ALBA-TCP, la disposición «pretende perjudicar la estabilidad económica, política y social de la hermana República Bolivariana de Venezuela». Al mismo tiempo, expresa que el anuncio abrupto e inexplicable de este miércoles constituye una represalia directa ante la posición del país sudamericano de preservar su soberanía y determinación.
El texto de la Alianza destaca el carácter profundamente contradictorio de esta decisión de la actual administración estadounidense, que arrecia sus políticas para controlar la migración hacia el territorio estadounidense con deportaciones masivas. A propósito, el comunicado recuerda que la imposición de medidas contra la economía venezolana ha
motivado, en ocasiones anteriores, notables flujos migratorios hacia los Estados Unidos.
Con este pronunciamiento de absoluto rechazo a una medida de naturaleza imperialista, los miembros de ALBA-TCP «demandan el irrestricto respeto a la soberanía, la independencia y el derecho al desarrollo de la República Bolivariana de Venezuela, así como al Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, mediante el levantamiento inmediato de todas las medidas extorsivas y coercitivas unilaterales contra los gobiernos y pueblos libres de Nuestra América y del mundo entero», concluye el comunicado.
Aunque la empresa petrolera estadounidense tenía permitido operar en territorio venezolano hasta finales del próximo mes de julio, la disposición trumpista cataliza su retirada.
Este es un primer paso a la política de «Máxima presión», sostenida por Estados Unidos contra el pueblo venezolano, que hasta el año 2022 significó pérdidas estimadas en un total de 3 993 millones de barriles, lo que equivale a 323 000 millones de dólares menos, según datos oficiales.
