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SANTIAGO DE CHILE, enero 4.— El intempestivo retiro de los debates protagonizado por los legisladores de derecha en la comisión de la Cámara de Diputados chilena que analiza la reforma del sistema de pensiones, augura un mal tránsito para ese proyecto.
La propuesta está entrampada en el legislativo desde su presentación en noviembre de 2022, y fue reintroducida por el presidente Gabriel Boric esta semana, como prometió en su alocución luego del fracaso, en diciembre, del segundo proyecto de nueva Carta Magna votado en referendo.
Entonces, el joven mandatario dijo que era momento de acometer las demandas más sentidas del pueblo, entre las cuales se enfrenta precisamente el aumento de las pensiones, reclamo que ha estado presente en las movilizaciones de los últimos años en Chile y, con renovada fuerza, en las manifestaciones de 2019 que desembocaron en el por ahora finiquitado proceso constituyente.
Luego del retiro de la derecha, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, lamentó esa decisión de los parlamentarios de oposición y aseguró que no dejarán de dialogar con ellos, así como dio a conocer la expectativa de seguir avanzando.
Sabemos que estos temas provocan tensión en la política, pero tenemos un objetivo común y es que la calidad de vida de las personas mejore, dijo Jara, según PL.
Pese a la ausencia de los diputados de la coalición conservadora Chile Vamos, la comisión aprobó algunos puntos del proyecto, como el que establece el fin del actual sistema de capitalización individual de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) como el único en el país.
Ese podría ser un paso importante para satisfacer los reclamos populares. Las AFP, que son privadas y cobran impuestos por administrar los fondos que destina cada trabajador a su jubilación, han estado en el centro de las críticas de los movimientos sociales, que piden su derogación.
El proyecto de reforma introducido por Boric prevé un aumento del seis por ciento, a cargo de los empleadores, sobre el diez por ciento que abona ahora cada trabajador para engrosar sus pensiones, pero formalmente no toca la existencia de las AFP, aunque la misma titular del Trabajo dijo que el ejecutivo estaría dispuesto a ello si así afloraba en las discusiones.
Tampoco puede augurarse que el proyecto llegará a puerto seguro. El propósito del ejecutivo, dijo PL, es que la iniciativa avance en la Cámara de Diputados en 15 días y sea enviada al Senado antes del receso legislativo de febrero, pero persisten notables diferencias al interior del Parlamento.
Las principales discrepancias con la derecha radican en el destino del seis por ciento adicional que deben aportar los empleadores.
En ese sentido, la nueva propuesta plantea dedicar tres por ciento a un seguro social, otros dos a las cuentas de capitalización individual de cada empleado y el restante, a fortalecer el empleo de las mujeres.
La oposición, sin embargo, insiste en que todo el aumento vaya directo al fondo de ahorro individual, lo cual significaría una cuantiosa inyección de capital a las AFP, encargadas de controlar ese dinero para su propio beneficio.
Desde la época de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) las cotizaciones de los trabajadores son manejadas por las AFP, que lucran con los fondos bajo su cuidado y obtienen cuantiosas ganancias, pero pagan cantidades muy bajas a sus afiliados, graficó el despacho.
Según datos oficiales, el 72 por ciento de los retiros en el país son inferiores al salario mínimo y uno de cada cuatro jubilados recibe un monto por debajo de la línea de pobreza.
