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El fracaso de la gestión del presidente Lasso complejiza el escenario sociopolítico de la nación ecuatoriana. Autor: EFE Publicado: 27/05/2023 | 07:51 pm
La inestabilidad política ha seguido siendo el signo en Ecuador. Exceptuando los diez años de gobierno de la Revolución Ciudadana, es la nación latinoamericana que cuenta con más mandatos sin terminar en las últimas décadas, junto a Perú.
Guillermo Lasso ha evitado ser uno más defenestrado, aunque tampoco concluirá su período de Gobierno.
Luego de la disolución de la Asamblea Nacional que conducirá a elecciones adelantadas, el país aguarda ese momento, mientras la vecina Perú anda sin rumbo cierto entre el rechazo a la presidenta Dina Boluarte y las denuncias de la atrocidad con que reprimió a quienes exigen una nueva Constitución luego de que Pedro Castillo, el maestro rural llevado a la presidencia por votación popular, fuera depuesto por el legislativo y llevado a prisión preventiva en la que sigue hoy, por una decisión similar a la tomada en Ecuador por Lasso.
Cierto que el cierre del Congreso está contemplado en la Carta Magna ecuatoriana bajo tres condiciones, entre las cuales se halla la esgrimida por el Presidente al decretar el cierre de la Asamblea Nacional: conmoción interior, dijo, aunque es un escenario inexistente en el país, según alegan sus detractores, razón por la cual distintas fuerzas políticas rechazaron tal argumento, avalado finalmente por la Corte Constitucional.
En Perú, sin embargo, y pese a estar recogida también en su Carta Magna, la misma medida, enunciada apenas por Castillo el día de su democión, fue la justificación esperada por el Congreso de derecha para acusarlo de golpista, y sacar de en medio a un mandatario que torpedeó todo el tiempo.
Por fortuna, la calma es el signo en Ecuador tras el inteligente y esperado paso de un Presidente sometido a un juicio político en la Asamblea que podía sacarlo del poder, bajo acusaciones de corrupción.
El Parlamento le apuntó, pero él desenfundó y disparó antes de resultar baleado. Ahora las opiniones pueden dividirse entre quienes piensan que la jugada beneficiará a una oposición con amplias posibilidades de hacerse de la presidencia dos años antes de las elecciones pautadas originalmente para 2025, y los que opinan que el tiempo de gracia obtenido por el Presidente para gobernar por decretos hasta esos comicios —cuyo adelanto él mismo decidió al darle el tiro de gracia a la Asamblea— puede resultarle un lapso para recuperarse.
Sin embargo, Guillermo Lasso ha reiterado que no se postulará. Sería obtuso hacerlo no solo porque, dependiendo de cómo quedara integrado el legislativo que resulte electo, podría revivirse el juicio que ahora su jugada conocida como «muerte cruzada», ha detenido.
Además, Lasso atraviesa hace meses una fuerte pérdida de popularidad constatada en el fracaso, en febrero, de la reforma constitucional que puso a consulta de la ciudadanía mediante un referendo de ocho preguntas, ninguna de las cuales resultó aprobada. Entonces, las encuestas le atribuían una aprobación de apenas el 13 por ciento.
Ahora los sondeos no han interrogado sobre su aceptación, pero el más reciente estudio difundido, que efectuó la firma ClickResearch en cinco ciudades, en marzo, arrojó que el 81,84 por ciento de los consultados consideraba mala la situación nacional, y solo el 38,6 por ciento apostaba porque el Jefe de Estado concluyera su mandato. El restante 61,31 por ciento estaba a favor de que saliera, ya fuera mediante su destitución por el juicio, la renuncia, o la «muerte cruzada» a la que finalmente acudió.
Esos sentires pueden explicar la relativa calma ciudadana con que el cese del Parlamento y el adelanto de elecciones han sido recibidos.
De hecho, la realización de comicios extraordinarios había sido una de las banderas de distintas fuerzas políticas al constatarse el fracaso de la reforma constitucional.
No obstante, esa tranquilidad podría verse afectada si en el tiempo que media hasta agosto, fecha señalada por el poder electoral para instalar las urnas, Lasso intenta imponer medidas antipopulares usando el poder que se ha arrogado para gobernar por decretos que solo requerirán el visto bueno de la Corte Constitucional.
La poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que ha demostrado con creces su poder de movilización y su fuerza para tumbar Gobiernos —en 2000 derrocó a Jamil Mahuad—, se ha declarado en vigilia permanente, en tanto el Frente Unitario de Trabajadores invitó a una convención nacional de las fuerzas sociales el 3 de junio, para acordar las acciones a ejecutar.
Se teme por la imposición de leyes rechazadas hasta ahora por el arco de organizaciones populares y sindicales, y detenidas en la Asamblea en virtud de la mayoría que el progresismo tenía en el hemiciclo.
Fue esa una relación de puja presidente-legislativo que pudiera evocar la que sostuvo Castillo con el Congreso derechista de Perú, con la salvedad de que mientras en Lima el Parlamento hizo juego sucio y hasta impidió que el exmandatario tuviera un gabinete de su escogencia para maniatarlo mediante el chantaje político, en Quito la Asamblea Nacional batalló de acuerdo con las facultades conferidas para mantener a buen recaudo las riquezas nacionales y el mejor vivir posible de la ciudadanía.
En Perú, el legislativo pretendía mantener a salvo el sistema neoliberal y el pellejo de lo que llaman el fujimorismo; en Ecuador, los asambleístas han tratado de que no cale más el neoliberalismo.
El quehacer de Lasso justifica los recaudos de quienes ven con recelo este período. Durante estos pocos días, el mandatario ya dio curso a una reforma tributaria en manos de la Corte, y a una ley para estimular la inversión y las zonas francas que analistas consideran panacea para los banqueros y oportunidad para el blanqueo de dinero.
Pero desatar la ebullición social pondría en riesgo los comicios de agosto y, a estas alturas, posiblemente eso no beneficie a nadie. Según expertos, además, la nueva Asamblea Nacional podría derogar las leyes que se instalen.
Carrera electoral en marcha
Casi pudiera hablarse de entusiasmo con vistas a las elecciones, tomando en cuenta la disposición con que las distintas fuerzas comienzan a barajar sus candidatos.
El adelanto del encuentro con las urnas constituye una importante oportunidad para el progresismo que, aunque dividido, tiene magnífica representación en Revolución Ciudadana, el movimiento que aglutina a lo que ha dado en llamarse el correísmo, y que se dibujó como la primera fuerza política en las elecciones seccionales celebradas en febrero junto al referendo. Entonces, sus candidatos obtuvieron las principales ciudades, a pesar de la proscripción instaurada antes contra ellos por el expresidente Lenín Moreno, al estilo del mejor ejercicio del lawfare que mantiene injusta pena contra Rafael Correa, obligado por eso a mantenerse fuera.
Solo hasta esa contienda electoral sus seguidores consiguieron inscribirse como movimiento político independiente, algo que les fue impedido para las presidenciales de 2021, motivo por el cual Andrés Arauz, su joven candidato, debió salir a esa lid acogido por la Unión por la Esperanza (Unes), alianza fundada en compañía de otras fuerzas progresistas. Lo mismo debieron hacer sus aspirantes a legisladores.
A pesar de ello, Revolución Ciudadana dio evidencias en febrero no solo de contar con amplia credibilidad y simpatía sino, además, con fuerte organicidad, atributos que deberá volver a mostrar en agosto, aunque no se sabe si acudirá sola o en el contexto de la Unes.
Su triunfo posibilitaría que se materialice en Ecuador el recambio constatado en otros países latinoamericanos, luego de la ola derechista y restauradora del neoliberalismo que padeció hace pocos años.
Todavía ese movimiento no ha anunciado si Arauz repetirá, aunque otras toldas ya están barajando aspirantes que, según observadores, podrían llegar a 16.
Un desempeño a tomar en cuenta será el del movimiento indígena, visibilizado hasta ahora en el partido Pachakutik. Yaku Pérez, su candidato de 2021, cuando quedó tercero, y quien en la segunda ronda para el desempate entre Arauz y Lasso llamó a votar nulo, acudirá como aspirante de una alianza de otros partidos y movimientos sociales, mientras que la Conaie acaba de designar como precandidato a su líder, Leónidas Iza.
Sería lamentable que esa antigua falta de consensos entre el movimiento indígena y el correísmo vuelva a abrir espacios a la derecha, en un panorama electoral fragmentado por la cantidad de aspirantes que se espera figuren en las boletas, y donde pudieran aflorar aspirantes ajenos que quieran apropiarse del caudal progresista.
