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Las fuerzas del MAS han salido a manifestarse frente al paro contra el Gobierno convocado por los golpistas santacruceños. Autor: @pagina_siete/ Twitter Publicado: 22/10/2022 | 09:00 pm
La persistencia del Gobierno boliviano en establecer el diálogo abrió, el sábado, la posibilidad de solución a un paro indefinido que, de todos modos, los llamados cívicos y el Comité Interinstitucional del rico departamento de Santa Cruz iniciaron en la medianoche, y algunas horas después ya dejaba un fallecido, muerto a palos por grupos de choque que apoyan la protesta.
La medida de presión de parte de quienes ya muchas veces no solo estimularon la inestabilidad en Bolivia, sino que la protagonizaron, exhibe causas que no justifican claramente un paso que afectará la propia vida de ese territorio, con repercusión inevitable en otras latitudes. Se estima que el paro ocasionará pérdidas al país valoradas en 36 millones de dólares diarios.
Los dirigentes de lo que pretende o, en fin de cuentas, puede convertirse en un movimiento desestabilizador, argumentan la decisión en el deseo de que un censo previsto inicialmente para este año —el Censo Nacional de Población y Vivienda— y pospuesto primero a causa del azote de la COVID y ahora por motivos técnicos, se realice el año que viene y no en 2024, como ha planteado el ejecutivo de Luis Arce.
Los motivos para desear que el censo sea rápido pudieran entenderse como plausibles: al actualizar, entre otros datos, la población existente en los departamentos y regiones. El estudio será instrumento para redefinir los presupuestos de cada lugar, además de que ajustará el número de parlamentarios departamentales en la Asamblea Nacional.
Pero ello no parece suficiente para justificar un paso que pone en riesgo la paz de la nación, donde hace apenas tres años se vivió un golpe de Estado que la ensangrentó y pretendió desarticular un modelo que por primera vez hizo crecer la economía con los mayores réditos para Bolivia, y gracias a lo cual se consiguió, también de manera primigenia, el PIB más alto y estable de América Latina, y justicia social para las hasta entonces postergadas mayorías indígenas.
El paro constituye un cuadro peligroso tras el cual podría pensarse en un propósito sedicioso, más allá de la fecha del censo.
Las fuerzas del MAS han salido a manifestarse frente al paro contra el Gobierno convocado por los golpistas santacruceños. Fotos: @pagina_siete/ Twitter
El llamado incluye bloqueos y movilizaciones que trascienden los brazos caídos en Santa Cruz, y amenazan incendiar otras regiones de la llamada Media Luna: los departamentos sumados en 2008 al movimiento separatista que pretendió desgajar esa región —la «más blanca» y rica de Bolivia—; movidos sus artífices por un sentimiento racista que ahora se convierte en postura política contra el gubernamental MAS, y encabezan las mismas figuras que lideraron el golpe de Estado contra Evo Morales, en octubre de 2019.
De hecho, ya en las primeras horas del sábado afloró la violencia, asesina de un hombre que se oponía al paro en la localidad santacruceña de Puerto Quijarro.
Los llamados comités cívicos de los departamento de Beni, Pando y Tarija anunciaron acciones para acompañar el movimiento que, a pesar de todo, sus promotores tildan de «pacífico».
Ese carácter soliviantador ha sido identificado por dirigentes sociales como nuevo intento golpista al que se oponen organizaciones y movimientos gremiales y populares, que ya se han pronunciado mediante comunicados de respaldo al Gobierno y, también, impidiendo las barricadas con que los seguidores de la medida intentaron hacerla valer desde antes del amanecer del sábado.
De «lo técnico» a «lo político»
La dudosa sinceridad de los cívicos y del denominado Comité Interinstitucional santacruceño, convocante de las movilizaciones, está a prueba luego del primer intento de negociación celebrado la víspera.
Por medio de la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, el ejecutivo, aunque mantiene la decisión amparada en decreto de realizar el censo en abril de 2024, promete adelantar la redistribución de recursos para octubre del propio año, lo que beneficiaría a quienes quieren avanzar la fecha del estudio, pues incluso celebrándose en 2023, los presupuestos se redistribuirían en 2025.
Desde la distancia no parece una mala oferta para Santa Cruz y hasta podría dudarse acerca de la urgencia de los recursos para ese departamento, si se toma en cuenta que es uno de los territorios bolivianos que más aporta al PIB nacional, el que mayor índice de ingresos percápita registra y al que se considera, según el ingeniero Demetrio Soruco Henicke, presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), como «bastión económico» de la nación.
Quizá esa misma solvencia anime la actitud beligerante de los convocantes al paro, liderados por dirigentes opositores ligados al golpismo en una zona que, no debe olvidarse, también ha sido promotora de vanos esfuerzos de balcanización.
Cabeza del llamado al paro es el gobernador santacruceño, Luis Fernando Camacho, uno de los instigadores y protagonistas de la violencia durante la asonada desde su puesto como presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, y quien era investigado por los delitos de conspiración y terrorismo, en la misma causa en la que fue condenada la «presidenta» usurpadora, Jeanine Áñez.
Sin embargo, las amenazas de muerte que recibieron los fiscales integrantes de la comisión que indagaba el caso, hicieron que esta suspendiera la audiencia y Camacho fuera liberado de su responsabilidad de declarar en calidad de sindicado.
«La comisión de fiscales teme por su vida», explicó el 11 de julio pasado el fiscal Carmelo Laura, según reportes de la Agencia Boliviana de Información.
Eso puede hacer reflexionar en cuánto poder conservan figuras de la oposición boliviana como Camacho, ligadas a grupos paramilitares protagonistas de la violencia durante el golpe, como la llamada Unión Juvenil Cruceñista.
Ahora, tampoco han tardado en respaldar su jugada desestabilizadora los mismos que se prestaron a avalar la falsa hipótesis del fraude electoral de octubre de 2019 y, de ese modo, avalaron la asonada.
El frustrado político opositor Carlos Mesa, contendiente electoral de Evo entonces y, luego, vuelto a derrotar por Arce en 2020, fue de los primeros en tratar de legitimar el denominado cabildo que organizaron por los cívicos y el Comité Interinstitucional en Santa Cruz a fines de septiembre, para justificar el paro.
En mensaje publicado en Twitter, Mesa ofreció: «Pleno respaldo al Cabildo cruceño por el censo 2023 y mi apoyo a sus resoluciones».
Igual actitud sostiene el expresidente y también opositor Jorge Quiroga, en una alineación que deja ver claramente los tintes políticos que colorean la maniobra.
Al abrir las conversaciones el sábado, la ministra María Nela Prada llamó precisamente a discutir a partir de criterios técnicos con la intención de «buscar una salida más allá de las diferencias políticas», y a priorizar «el bienestar del pueblo».
Quienes quieren paz, apuestan a que se imponga esa voluntad negociadora.
