La paz debe seguir siendo el derrotero

Las víctimas, o más bien familiares de ellas, fueron los primeros en dejar escuchar sus voces durante el acto central de conmemoración de los cinco años de los Acuerdos de Paz, evocados en Colombia el miércoles.

Así debía ser. Muertos, heridos, secuestrados, falsos positivos y desplazados resultan la cara dantesca de un conflicto armado que duró más de cinco décadas, y al que han querido poner fin los protocolos suscritos en La Habana en noviembre de 2016, luego de más de cuatro años de intensas negociaciones entre las antiguas FARC-EP y el Estado colombiano, con Cuba como sede y uno de los países garantes, papel que ha sido reconocido por los negociadores colombianos como «uno de los ingredientes necesarios para el éxito».

Algunos estiman que la guerra dejó nueve millones de víctimas.

Pero, lamentablemente, se suman a esa cifra quienes siguen sufriendo, después, por el cumplimiento no cabal ni total de lo pactado.

Líderes sociales y exguerrilleros muertos, así como jóvenes desvinculados de unos y otros, y blanco de las masacres, forman parte lamentable de un panorama que atenta contra la paz social y nadie puede desconocer.

Según el Balance de la Violencia en los Territorios que ha hecho Indepaz (Instituto de estudios para el desarrollo y la paz) a cinco años de los acuerdos, si bien los índices de asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros, ejecuciones y desplazados, entre otros males, han disminuido en comparación con los principios de los años 2000, cuando más encarnizada era la guerra, lo cierto es que otros índices de violencia perviven y se incrementan desde que se firmó el fin del conflicto.

Entre noviembre de 2016, fecha de suscripción del acuerdo, a este noviembre, se reporta el asesinato de 1 270 líderes sociales y 299 excombatientes firmantes de la paz; se han registrado 179 masacres; 115 municipios han sido víctimas sistemáticas de esas agresiones y de violencia armada; se han proferido amenazas sobre más de 500 organizaciones sociales, lo que impacta al menos a 4 000 de sus líderes. Además, más de 50 000 personas han sido víctimas del desplazamiento forzado.

En opinión del padre jesuita Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad de Colombia, la falta de celeridad en la implementación de los acuerdos se traduce, precisamente,
en disputas territoriales y asesinatos sistemáticos a los líderes sociales y exguerrilleros. «Cada mes desde el día que hicieron la dejación de armas, hemos tenido en promedio cinco excombatientes asesinados», alertó.

«La ausencia del Estado permitió que la guerra de la coca y la minería ilegal penetraran en los territorios que dejaron las FARC-EP y que volvieran las minas antipersonales en las playas de los ríos, la destrucción de la naturaleza con la deforestación del Amazonas», apuntó.

Si las cuentas se sacan desde la llegada del presidente Iván Duque al poder, en 2018, los asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos alcanzan la cantidad de 872.

Acerca de la actitud del mandatario, reacio a asumir los acuerdos de Estado que heredó de su antecesor, Juan Manuel Santos, Humberto de la Calle, jefe negociador de los acuerdos en representación de aquel ejecutivo, ha manifestado su apreciación de que el actual presidente, «a mí me parece que hoy ingresó al “sí”, porque este día y los últimos días lo que ha hecho es defender el acuerdo y nosotros tenemos que aplaudir que por fin haya visto la luz», dijo a la prensa el miércoles.

Al usar de la palabra durante el acto conmemorativo del aniversario, el mandatario ensalzó lo alcanzado pero descartó que estuviera reabriendo las negociaciones frustradas con el otro movimiento guerrillero, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), para seguir completando la paz. «Pretender hablar de paz mientras se asesina y secuestra, es una burla a la Colombia que construye la paz todos los días», fue su apreciación.

A pesar del incremento de la violencia selectiva, dice el informe de Indepaz que durante este año se registra una disminución de activistas y exguerrilleros muertos en comparación con 2020, lo que indica «que es posible cambiar la tendencia», consideró.

Sin marchar atrás

Las apreciaciones generales parecen indicar que mayoritariamente el aniversario no solo ha sido momento de enumerar lo alcanzado y ratificar la vía negociada como camino para la paz, principio válido para Colombia y para toda Latinoamérica, como lo ha respaldado la comunidad internacional.

Además, al reconocerse las deudas de la implementación, la oportunidad es propicia para el relanzamiento del pacto que llevó a la desmovilización y entrega de las armas de más de 13 000 guerrilleros, como apuntan algunos observadores con motivo de la fecha.

Así puede desprenderse de la presencia en Colombia del mismísimo secretario general de la ONU, António Guterres, para participar en los actos y conocer de primera mano, mediante un recorrido por algunas localidades, la realidad nacional.

Guterres ha reconocido las falencias pero no dejó espacio al pesimismo. En entrevista concedida al diario El Tiempo, el titular de la ONU consideró que la lectura más importante de esta visita ha sido comprobar que «el proceso de paz está vivo».

«La implementación de los acuerdos de paz, que tiene muchos problemas, que tiene muchos retrasos allí, aquí; que enfrenta desafíos muy importantes de seguridad, como vemos con los atentados de líderes de la sociedad civil o de excombatientes (…) con todas esas dificultades, el proceso de paz está avanzando», consideró.

Pero también manifestó el criterio de que «hay condiciones para acelerar los procesos».

Cuba, país garante que acompañó las negociaciones con fidelidad y respeto a los principios de la negociación, también formó parte de las conmemoraciones mediante la intervención online del Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien remarcó la «gran trascendencia» del acuerdo, reiteró la exhortación cubana al cumplimiento integral de lo pactado y a la adopción de medidas más efectivas para proteger las vidas de líderes sociales, exguerrilleros y defensores de los derechos humanos, y recordó el respaldo de la Isla a las iniciativas de solución política negociada que se han presentado.

Díaz-Canel manifestó la convicción de que la búsqueda de la paz en Colombia debe ser una prioridad para esa nación.

El ojo en el campo

Si se mira adelante luego de la dejación de las armas, la deficiente pero en marcha reincorporación de los desmovilizados a la vida civil, el establecimiento de la Jurisdicción Especial de Paz y la apertura a la participación política de los exinsurgentes, entre otros logros, la vista deberá posarse en el campo, primer acápite de los Acuerdos y esfera donde se acumulan las injusticias sociales más añejas y graves que dieron lugar al levantamiento en armas de los campesinos, y el surgimiento de las FARC-EP.

El partido Comunes, donde milita la exguerrilla, ha señalado la imperiosa necesidad de cumplir con todo lo pactado, especialmente el punto uno, referido a la tenencia de la tierra y una Reforma Rural Integral que contemple el desarrollo de las comunidades rurales. A tenor con Indepaz, en esa esfera solo se ha materializado un cuatro por ciento de lo acordado, y un 68 por ciento mediante lo que se cataloga de «implementación mínima».

Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana