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Una mirada al Pentágono desde otro ángulo Autor: Tomado de Internet Publicado: 07/08/2021 | 10:29 pm
Es práctica vieja en la política estadounidense —aunque no exclusiva del imperio norteño—, la revolving door o «puerta giratoria», que se lleva a cabo tanto en las administraciones demócratas como en las republicanas, y cuando apenas ha concluido el primer semestre del Gobierno de Joe Biden, ya mostró el buen engrase de los goznes de ese intercambio de roles entre la cúpula gobernante o legislativa con las industrias afectadas por decretos y leyes; por supuesto, para lograr los beneficios deseados.
Algunos le llaman «una relación malsana entre el sector privado y el Gobierno, basada en la concesión de privilegios recíprocos en detrimento de la nación». Tienen razón cuando así lo definen y el pasado abril, el Gobierno de Joe Biden asfaltó ese tan transitado camino con el anuncio de la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, de que el plan era continuar modernizando el arsenal nuclear del país «para asegurarnos de que podemos disuadir a otros países de una agresión nuclear». Buscarían el consenso demócrata-republicano para llegar a ello, dijo la Granholm.
Lo de «continuar» estaba claro, el Pentágono, durante la administración precedente de Donald Trump recomendó gastar más de un seis por ciento de su presupuesto en la llamada Tríada Nuclear (bombarderos estratégicos, submarinos y misiles balísticos intercontinentales).
La maquinaria comenzó a transitar ya. La Fuerza Aérea de Estados Unidos otorgó a Raytheon —uno de los fabricantes aeroespaciales y militares más grandes del mundo— un contrato de 2 000 millones de dólares para desarrollar el LRSO (Long Range Stand Off), misil crucero nuclear que será lanzado desde el aire por los bombarderos de largo alcance B-52 Stratofortress, B-2 Spirit y el futuro B-21.
Y el alcance es realmente largo, pues el trabajo de desarrollo se completará en febrero de 2027 y a partir de ahí, la producción, aunque el proyecto de modernizar el arsenal nuclear es mucho más amplio —como informaba antiwar.com—, y les costará a los contribuyentes alrededor de 1,2 billones de dólares (el trillón de los estadounidenses) en los próximos 30 años, clara muestra de la «continuación» anunciada por la Secretaria de Energía.
El programa LRSO remplazará al misil de crucero lanzado desde el aire AGM-86B de la década de 1980, conocido como ALCM, muy usado durante la Operación Tormenta del Desierto de la Guerra del Golfo contra Irak.
Ahora bien, ¿dónde está la relación de este contrato con el «revolving door»?
Ahí mismo, en el Departamento de Defensa. Raytheon, el segundo contratista del Pentágono solo superado por Boeing, es el antiguo empleador del actual secretario de Defensa, Lloyd Austin, y la decisión a su favor sacó del juego a la Lockheed Martin Corp., al menos en este pedazo del pastel, que es bien grande, pues de los 715 000 millones del presupuesto 2022, la administración Biden invertirá 27 700 millones en la
modernización de la tríada nuclear estadounidense. Hay «Apple pie» para todos.
El general retirado Lloyd Austin, quien comandó las fuerzas en el Medio Oriente como jefe del Comando Central de Estados Unidos, recibió en enero una exención del Congreso sobre una ley que impide a los oficiales militares retirados servir como secretario de Defensa hasta que hayan estado siete años fuera del cargo.
Su retiro del Ejército se produjo en 2016 y entonces pasó a formar parte de la junta directiva de United Technologies Corp., propietaria de Pratt & Whitney, y se convirtió en miembro de la junta de directores de Raytheon después de que esta adquiriera United Technologies en abril de 2020.
Al ser nombrado por Biden para dirigir la secretaría de una nación en permanente guerra, probablemente recibió hasta 1,7 millones de dólares en pagos vinculados con el puesto que ocupaba en la junta del emporio de la tecnología militar.
Pero para cumplir las normas éticas y mostrar que no habría conflicto de intereses en su nuevo cargo, en enero de este 2021 escribió sobre su informe de divulgación financiera: «Tan pronto
como sea posible, pero no más tarde de 90 días después de mi confirmación, desinvertiré mi interés financiero en Raytheon».
En el acuerdo de ética se comprometió, además, a recusarse durante un año de las decisiones que involucran a Raytheon.
Y ahora viene el jugoso negocio cuando todavía tiene en el camino la decisión sobre el F-35, el sistema de armas más costoso y controvertido de Estados Unidos, porque la unidad Pratt &Whitney de Raytheon fabrica los motores de ese avión de combate.
No son estas las únicas relaciones de Austin con empresas en el negocio bélico. No podemos olvidar que también era parte de la directiva de Booz Allen Hamilton, empresa de consultoría con experiencia en análisis, digital, ingeniería y cibernética, que al autodefinirse dice: «ayudamos a las empresas, el Gobierno y las organizaciones militares a transformarse».
Raytheon no es el único consorcio que gana, pero indiscutiblemente en las más recientes administraciones ha estado muy bien posicionado en el Pentágono, pues el exsecretario de Defensa del presidente Donald Trump, Mark Esper, trabajó como cabildero jefe de esa corporación.
No queda más remedio que recordar al general Dwight Eisenhower —conocedor del negocio, pues logró el más alto grado militar de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y luego llegó a presidente, cuando en el discurso de despedida al frente de la nación, el 17 de enero de 1961, dio a conocer un novedoso concepto: complejo militar-industrial, y advirtió de la peligrosidad de esa confabulación de las fuerzas militares y los fabricantes de armamentos: «Debemos cuidarnos de la adquisición de influencia injustificada, tanto solicitada como no solicitada, del complejo militar-industrial». Los intereses creados fueron más poderosos que el consejo y en seis décadas ha crecido exponencialmente la peligrosa influencia del complejo militar-industrial en la política de su país.
