Las cosas se mueven, pero…

La suspensión de la vista que el martes debió analizar el pedido de libertad provisional para el expresidente Luiz Inacio Lula Da Silva, vuelve a proclamar no solo la ya sabida parcialidad de un sistema judicial que obra de mala fe en función de la política. La decisión vuelve a exhibir, además, las inconsecuencias y burlas jurídicas que, con tal fin, se cometen contra Lula, incluso desde el punto de vista meramente técnico.

La noticia de que ya no habría sesión en la segunda sala del Tribunal Supremo Federal (TSF) para examinar el pedido fue dada a conocer desde el viernes, y cayó como un balde de agua fría no solo para los seguidores del líder del Partido de los Trabajadores quienes, sabedores de la cruzada contra la figura, quizá fueran quienes menos esperaban del eventual dictamen.

Más entusiasmados y, por tanto, más azorados después parecían los observadores confiados en una resolución positiva para el hombre que con más simpatías cuenta con vistas a las elecciones presidenciales de octubre en Brasil.

Una sorpresiva decisión en medio de la batida que intenta criminalizar a Lula y al Partido de los Trabajadores (PT), daba pie a las expectativas halagüeñas. La propia semana pasada, esa misma corte había desestimado la acusación de corrupción pasiva y lavado de dinero que desde hacía cuatro largos años pesaba como un fardo sobre Gleisi Hoffmann, senadora y actual presidenta del Partido de los Trabajadores, y considerada por eso como la mejor vocera del exmandatario.

El «caso» contra Gleisi —donde también se involucró a su esposo, el ex ministro de los gobiernos del PT, Paulo Bernardo, y al empresario Ernesto Kugler, exonerados ahora como ella— se había tejido de la misma insostenible manera en que se acusó a Lula, se le condenó a 12 años en segunda instancia y, sin esperar los dictámenes en torno a los recursos interpuestos por la defensa, se le encerró desde el pasado 7 de abril en una comisaría de la ciudad de Curitiba, merced a una orden judicial de quien es conocido como «verdugo» de la izquierda brasileña: el juez Sergio Moro.

A Gleisi también se le encausó sin pruebas, apenas con el testimonio premiado de gente sospechosa o procesada, y empujada a las declaraciones incriminatorias bajo presión.

En el argot policiaco-judicial le llaman «delaciones», y a esa práctica, «conducción coercitiva».

Algunos magistrados de aquel tribunal fueron inesperadamente justos en relación con Hoffmann: por votación de tres a dos desestimaron la acusación bajo el argumento de que las «delaciones» no bastaban.

Fuentes judiciales citadas por el diario alternativo Brasil de Fato señalan que así, fragmentado, está el Tribunal Supremo Federal en relación con los procedimientos de fuerza empleados en el marco de la operación Lava Jato, que comandada por Moro investiga los escándalos de corrupción en Petrobras.

Fernando Antunes, abogado y profesor de Derecho, dijo que el Tribunal «ya tenía decisiones en el sentido de la necesidad de otras pruebas para confirmar una delación». Y otros alertaban que hay jueces del TSF reaccionando, tal vez repugnados, ante demasiada politización…

La decisión fue consecuente con otro dictamen sorpresivo emitido apenas unas horas antes por el plenario del Supremo, que consideró inconstitucional la declaración coercitiva. Pero se aclaró que el pronunciamiento —tan ajustable a la manipulación contra Lula— no tendría carácter retroactivo.

No se trata de la única violación cometida en el caso y públicamente reconocida. Desde fines de abril, la propia Segunda sala del TSF corroboró la incompetencia de Moro para juzgar a Lula, y ordenó retirar del expediente las delaciones de funcionarios de la corruptora Odebrechet al entender que Moro, designado para el asunto de Petrobras, no tenía «jurisdicción» para procesar al expresidente. Su caso, fabricado en torno a la presunta posesión de un lujoso apartamento en Guarujá que Lula habría recibido de la firma OAS, nada tiene que ver con el gigante petrolero.

Por demás, Guarujá pertenece a Sao Paulo y Moro actúa en Curitiba, de modo que tampoco tiene jurisdicción territorial.

Nada ha cambiado para Lula aún, pese a ello. Sin embargo, otra decisión judicial hace apenas unas horas indicó que algo se sigue moviendo bajo la sarta de manipulaciones.

José Dirceu, exministro de los ejecutivos del PT y condenado en la misma saga, fue liberado para que espere en su casa la conclusión de los recursos presentados por la defensa.

El dictamen hizo valer un principio constitucional angular escamoteado a Lula: la presunción de inocencia que ampara a cualquier acusado hasta tanto se demuestre su culpabilidad. Y fue adoptado también por la Sala Segunda del TSF tras votación reiteradamente dividida, ahora de tres a uno.

Sí, las cosas «se mueven» en la enrarecida maquinaria judicial brasileña gracias, al parecer, a magistrados hastiados de un ejercicio manipulado y sucio.

Pero la posibilidad de que el pedido de libertad condicional para él fuera ventilado en el TSF el martes fue frustrada por el Cuarto Tribunal Regional de Curitiba encabezado por Moro; el mismo que lo había condenado en segunda instancia. La negativa fue avalada 45 minutos después por Edson Fachin, miembro del Supremo y relator de Lava Jato, un hombre apegado en sus inicios a los movimientos sociales, ha dicho Brasil de Fato, pero a quien en medios alternativos llaman ahora «el carcelero».

Ello confirma lo difícil de que se haga valer la justicia para Lula. Al menos, no lo suficientemente pronto como para permitirle participar en unos comicios donde el favor popular podría catapultarlo de nuevo a la presidencia.

Precisamente, lo que se ha buscado es convertirlo en cadáver político para evitar su vuelta, o la llegada de otro mandatario de izquierda… Y no han dudado en hacerle pagar a Lula cualquier precio.