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En una nueva y combativa movilización llena de consignas, los jóvenes, apoyados por otros sectores y desafiando un fuerte dispositivo policial, marcharon este jueves. Autor: Primera Hora Publicado: 21/09/2017 | 04:57 pm
Macana contra los jóvenes —como se ha visto más de una vez durante la dilatada huelga que mantiene cerrada la Universidad de Puerto Rico (UPR)— y macana contra el boricua común, al que a pura fuerza se le sigue haciendo pagar, en última instancia, el costo de ser ciudadano de un «estado libre asociado» de Estados Unidos.
La imagen la utilizó recientemente el patriota y líder independentista Rafael Cancel Miranda durante una entrevista, para ilustrar la manera en que el gobernador Luis Fortuño pretende «ajustar» la economía: a macanazo de puro neoliberalismo, con privatizaciones disfrazadas como «participación» del capital de los consorcios en las entidades estatales, y despidos, tantos despidos, que en menos de un año ha dejado en la calle, al menos, a 16 000 empleados públicos.
Ahora le «ha tocado» a la Universidad, y el anunciado recorte de 100 millones de dólares a su presupuesto ha levantado a los estudiantes, sabedores de que la merma se traducirá en nuevas alzas de una matrícula cuyo costo ya está triplicado, y en más servicios de la universidad privatizados. La resultante sería una enseñanza superior más elitista, que convertiría en papel mojado el orgullo de la UPR como universidad de todos, y mancillaría el derecho a la educación pública.
No sorprende entonces que los muchachos de los recintos de Río Piedras y Mayagüez (los principales), seguidos luego por otros hasta completar los once que conforman la Universidad, hayan adoptado con tanta firmeza una decisión imperturbable a pesar de los cordones policiales y de las fuerzas de choque, que rodean las instalaciones tomadas y han llegado a blandir la macana para «disuadirlos». Sin embargo, insisten los muchachos, el paro se mantiene si no hay negociación seria que atienda a sus reclamos.
No andan solos. Con ellos están los padres, peleando por llevarles agua y alimentos hasta el campus donde sus hijos tienen trinchera; los profesores, que en asamblea general inédita le dieron su respaldo; artistas; académicos residentes en otros países, y esa masa de puertorriqueños nucleada en organizaciones sindicales y sociales que durante todo el mes que rebasa el conflicto, ha acudido al paro o marchado para revindicar la huelga. La indignación toca a todos.
Primero fue la denominada ley 7, mediante la cual se instrumentaron los despidos y nuevos impuestos cuya promulgación rechazaron, en octubre pasado, multitudinarias manifestaciones, mientras el país se preguntaba cómo era posible imponer a Puerto Rico un modelo —el neoliberalismo—del que la región ya viene escarmentada y de regreso.
Ahora, el recorte del dinero para la Universidad no es más que otra medida del plan puesto en práctica por Fortuño para reducir un denominado déficit fiscal de 3 200 millones que hace rato hace mella en la dependiente economía local, y varias veces la ha puesto en la picota.
Su origen, sin embargo, no está solo en los malos manejos contables ni en la crisis mundial que estalló en la propia «metrópoli» estadounidense, sino en la manera artificiosa en que se ha querido mantener la economía de la isla a flote, para que Puerto Rico siga siendo el «dócil» rehén de un estatus neocolonial que abochorna.
Ello otorga valor agregado a la huelga estudiantil, e invita a preguntarse hasta dónde durará la intransigencia de las autoridades sin que el paro se vuelva chispa que, como durante la batalla por la salida de los marines de Vieques, convierta en antorchas todos los pechos de la nación boricua.
