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TEGUCIGALPA, marzo 15.— Con la participación de unos mil delegados entre los que se encontraban campesinos, sindicalistas, obreros, estudiantes, maestros y representantes de partidos políticos progresistas, el II Encuentro por la Refundación de Honduras ratificó su disposición de convocar a una consulta sobre la Asamblea Nacional Constituyente el próximo 28 de junio, cuando se cumple el primer año del golpe militar.
El propósito de llamar al referendo ya había sido anunciado por la Resistencia, y centró la atención de los participantes en la cita, que duró tres días, según reportó PL. «Los objetivos que tenemos en estos días son inmensos. Vamos a necesitar de un trabajo serio y constante», dijo Carlos H. Reyes, líder sindical y miembro de la dirección del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).
El ex candidato independiente a la presidencia también recordó que, precisamente, la convocatoria a una encuesta en torno a la Asamblea que redacte una nueva Carta Magna fue una de las causas del golpe orquestado por la oligarquía y los militares contra el presidente Manuel Zelaya.
Reyes también denunció que durante los últimos tiempos, desde que el FNRP se declaró como una instancia política para lograr acceder al poder, han arreciado la persecución y las campañas por fragmentarlo, y acusó al embajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens, de intervenir abiertamente en los asuntos internos de Honduras y realizar maniobras para dividir a la Resistencia. También otros oradores afirmaron que Estados Unidos intenta darle una cara de legitimidad al gobierno de Porfirio Lobo, ejecutivo que ellos siguen desconociendo, advirtieron, por nacer de un proceso electoral espurio.
Precisamente, una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó a Honduras este lunes para reunirse con las autoridades económicas, y luego de que la entidad anunciara, la semana pasada, la liberación de 160 millones de dólares en derechos especiales de giro (DEG) que le fueron retenidos a Honduras como sanción contra el régimen golpista. Su entrega, ahora, es una confirmación del visto bueno que, como EE.UU. y la Unión Europea, el FMI ha dado al ejecutivo de Lobo, refrendado por la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton, durante su reciente visita a Guatemala.
Sin embargo, el espíritu de reconciliación nacional que su gobierno quiere aparentar quedó desmentido este propio lunes por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Naty Pillay, quien pidió una investigación sobre las violaciones de los derechos humanos después del golpe.
En un informe elevado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y divulgado por AFP, Pillay afirmó que «el golpe de estado dio lugar a violaciones de derechos humanos, la mayoría de las cuales siguen impunes», y pidió a las autoridades de Honduras «que realicen investigaciones independientes», en particular respecto a los casos de violación del derecho a la vida, torturas, malos tratos, detenciones arbitrarias y violaciones, e inicien procedimientos judiciales contra quienes resulten responsables».
