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Plegaria tras la alambrada de cuchillas de la prisión en la Base Naval de Guantánamo. Foto: AP WASHINGTON, mayo 20.— El Senado aprobó el miércoles mantener a los detenidos en el campo carcelario de la ilegal Base Naval de Guantánamo y evitar así su transferencia a reclusorios en Estados Unidos, lo que fue considerado por AP como «un importante revés para el presidente Barack Obama», que planeaba cerrarlo en enero de 2010.
La votación de 90-6 tuvo lugar en la víspera de que Obama anuncie oficialmente su plan para cerrar el reclusorio naval, y se empareja con una similar la semana pasada en la Cámara de Representantes, también dispuestos a mantener en la Base a los 240 reclusos que aún permanecen en el lugar, y no transferirlos a EE.UU., incluso si todos ellos son encerrados en prisiones de máxima seguridad.
El mes pasado, Obama pidió 80 millones de dólares con destino al Pentágono y el Departamento de Justicia a fin de clausurar el centro para enero de 2010. La mayoría de los internados en esa Base fueron capturados en Afganistán bajo sospecha de terrorismo.
La votación tuvo lugar después de que el director del FBI, Robert Mueller, indicara al Congreso que ve con preocupación la posibilidad de que los detenidos en Guantánamo puedan respaldar el terrorismo de ser transferidos a Estados Unidos.
Separadamente, un juez federal falló que el gobierno de EE.UU. puede retener indefinidamente a algunos de los reclusos en Guantánamo sin que les sea formulado cargo alguno, tal y como fue decidido durante la administración republicana de George W. Bush.
La opinión del juez federal John Bates, emitida el martes por la noche, limitó la definición del gobierno de quién puede ser detenido en esas condiciones, pero sostuvo que el Congreso en los días siguientes al 11 de septiembre de 2001 autorizó al presidente a detener a cualquiera que estuviese implicado en la planificación, apoyo o realización de ataques terroristas.
El juez, dice la agencia noticiosa AP, emitió su opinión en el caso de varios presos de la Base Naval de Guantánamo que apelaron su detención. El abogado Jonathan Hafetz, de la Unión Estadounidense por las Libertades Cívicas (ACLU por sus siglas en inglés), dijo que la opinión «viola la prohibición constitucional de detención por tiempo indeterminado y sin cargos».
