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Foto: AP CARACAS.— América Latina es testigo de otro acontecimiento que pasará a la historia: los ecuatorianos deciden en las urnas si entra en vigor la nueva Constitución.
De ganar el NO, se privará al gobierno de Alianza PAÍS de la estructura legal sobre la que debe erigirse la Patria Altiva y Soberana, esa por la que la mayoría votó al elegir a Rafael Correa. El cambio por el que se pronunciaron no podría llegar a su plenitud y, posiblemente, se diferiría.
Si, como muchos esperan, gana el Sí, las vías institucionales hacia las transformaciones quedarán abiertas, tendrán fuerza de ley, y al pueblo guiado por su mandatario solo le quedará emprenderlas... y defenderlas.
La consulta es seguida con interés en Venezuela, pionera de las emergentes revoluciones pacíficas latinoamericanas, ya que fue cercenado el proceso nacionalista y liberador que inauguró Allende en Chile.
En Ecuador, como antes aquí o ahora en Bolivia, es preciso refundar para que avancen naciones expoliadas por un sistema tan asesino hoy como en los 70; solo que ahora las crisis que provoca su sinrazón son más agudas, y parecen demasiado ostensibles aun sus ribetes suicidas.
También es igualmente feroz el afán imperial por hacer que ese oprobioso régimen capitalista prevalezca: para ello cuenta con las nunca resignadas oligarquías. Solo hay que ver su hipócrita pero fiera labor de zapa en Bolivia —donde han impedido hasta hoy que se vote un nuevo texto constitucional—, y los coletazos que siguen dando aquí, en Venezuela. Su última «adquisición» es una gigantesca fábrica de mentiras para desacreditar a la Revolución: embustes que ofrecen como puente para que transite cualquier ataque desde afuera.
A tenor con la historia reciente de Ecuador, lo consecuente sería que el SÍ triunfara sin contratiempos.
Desde hace casi diez años, la inconformidad con el entreguismo neoliberal movilizó al pueblo. La primera clarinada fue el levantamiento indígena que depuso a Jamil Mahuad en el año 2000. La más reciente, el desbordamiento de pueblo que, sector a sector, fue sumando a la gente en las calles hasta hacer huir a Lucio Gutiérrez por la puerta trasera del Palacio de Carondelet.
Luego, la clarividencia de una ciudadanía que supo ver la luz tras la campaña poderosa pero plagada de demagogia del magnate del banano, Álvaro Noboa, le dio la presidencia a Rafael Correa en los comicios de 2006 y abrió las puertas al cambio, que debe encontrar carril institucional y legal en la Constitución que ahora se vota.
Los pasos del gobierno de Alianza PAÍS en su escaso tiempo de mandato, han sido apenas un adelanto de lo que sobrevendrá si la Carta Magna se aprueba.
La temprana ruptura con el FMI y el Banco Mundial, la suspensión de un Congreso corrupto conformado por los politiqueros «de siempre» —como les llama el Presidente—, el reclamo para Ecuador del dinero extra que se llevaban las transnacionales por la explotación del petróleo y el ratificado propósito de sacar de Manta a los militares yanquis, han sido solo el comienzo.
A ello se suman los crecientes vínculos solidarios con Venezuela y otros vecinos, en un dar y recibir que, acabando con la dependencia económica de los grandes centros de poder, desbroza caminos hacia la real liberación. Los ventajosos acuerdos suscritos por PetroEcuador y su colega PDVSA constituyen, posiblemente, la mejor muestra.
Considerada por algunos como de avanzada, la nueva Carta Magna de Ecuador profundizará esos derroteros que serían, en lo adelante, deberes y derechos.
Quizá lo más trascendente sea la recuperación por el Estado de su papel protagónico, un verdadero mentís al ABC neoliberal que acabó de hundir a los latinoamericanos, y única vía para que se cumpla la promesa de Rafael Correa a los ecuatorianos: «No queremos una sociedad de pobres. Queremos una sociedad de propietarios».
