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La policía francesa desaloja a un grupo de inmigrantesde un edificio en París. SANTIAGO DE CHILE, julio 5.— La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) reiteró este sábado su rechazo a la llamada Directiva de Retorno de la Unión Europea y denunció cualquier intento de criminalización de los inmigrantes que pueda implicar la aplicación de esa normativa.
La organización, cuya presidencia pro témpore ejerce Chile, subraya en un comunicado que «los derechos humanos de que son titulares los migrantes están garantizados por diversos instrumentos internacionales suscritos por los Estados de ambas regiones».
Basados en el principio de coherencia, indica, los Estados miembros de UNASUR exigen un trato justo y humanitario para todos sus migrantes en la UE, en consonancia con «la generosa acogida brindada a cientos de miles de nacionales europeos y sus descendientes en América del Sur», dice PL.
«Esta reciprocidad histórica debería orientar el tratamiento de la migración entre ambas regiones, evitando el riesgo de acciones hostiles y discriminatorias contra nuestros ciudadanos y ciudadanas en el territorio de la UE», agrega.
Más adelante, UNASUR llama a la UE a «cooperar en la conformación de un espacio de encuentro y diálogo que posibilite generar una agenda birregional y una solución equitativa sobre el fenómeno migratorio».
Recuerda asimismo que la libre movilidad es un derecho inherente al ser humano y, en ese sentido, el orden internacional debe contemplar la libre circulación de las personas.
A su vez, demanda que «las personas que están haciendo una contribución económica, social y cultural en otro país, tengan un tratamiento digno y acceso a los elementos mínimos que les den seguridad y tranquilidad a sí mismos y a sus familias».
La UNASUR está integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso afirmó que esta nueva norma (que permite por ejemplo mantener retenido a un indocumentado hasta 18 meses) «beneficiará» también a América Latina ya que se igualarán las reglas para los inmigrantes en todos los países de la UE.
La UE calcula que en su territorio habitan unos ocho millones de inmigrantes ilegales, y van en aumento, algo que Bruselas quiere frenar con iniciativas como la Directiva de Retorno o un paquete de sanciones para castigar a los empleadores que den trabajo a ilegales.
