Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

En Los Ángeles redadas intimidatorias, casa a casa.

Lo más notorio, sin embargo, es que 12 meses después de aquellas manifestaciones —inéditas en su fuerza y por su carácter aglutinador— los inmigrantes que aspiran a legalizar su estatus en Estados Unidos, están peor.

Por eso no es gratuito que muchos se refieran al suyo como un movimiento fraccionado, y hasta duden del respaldo que encontrará la convocatoria de sus líderes a protestar, lanzada este miércoles.

Más que en resolver el entuerto jurídico para que se aprobara, finalmente, la reforma migratoria anunciada por Bush y que una y otra vez le han pedido los presidentes latinoamericanos, el lapso del año transcurrido solo ha servido para perfilar mejor el lado represivo de una ley que nunca salió del Congreso, empantanada en las incongruencias de los proyectos presentados, respectivamente, por la Cámara y el Senado.

El manejo del tema por las autoridades ha sido a la usanza de la Casa Blanca y, por tanto, con mucho sadismo. Por un lado, porque lo único que se ha materializado de ambas propuestas —sin esperar el consenso congresional—, es la barda electrificada que incrementa las muertes en la frontera. Y, por el otro, porque el proyecto menos malo contempla solo la naturalización de los ilegales que llevan más años en el país, que puedan probarlo con documentos, sepan el idioma inglés, y un largo etcétera que al cercenar la posibilidad de legalización a miles entre los 11 millones de extranjeros esperando, tiende a diferenciarlos y, por ende, a dividirlos.

Pero más atroces, sin embargo, han sido los hostigamientos; las advertencias en las escuelas a los jóvenes que el año pasado habían respaldado las protestas; los despidos y, por último, las redadas y deportaciones masivas, cuya eliminación constituirá la primera demanda en los actos previstos.

Por añadidura, el vacío que ha dejado la no aprobación de una ley federal ha sido bien aprovechado en los estados más xenófobos y olvidadizos, donde los defensores de «la pureza nacional» siguen pasando por alto el aporte a la economía de los necesitados, y por ello poco exigentes, trabajadores sin papeles.

Así, cada estado quiere aprobar su propia legislación y en Arizona, por ejemplo, aspiran a implementar un programa de trabajo temporario que impondría a los ilegales el pago de fuertes multas antes de abandonar el país, para optar desde afuera por una visa de trabajo que les permita volver. También se pretende impedirles que se reúnan en las esquinas o frente a algún establecimiento, para evitar que los dueños les contraten como jornaleros y, presuntamente, «desestimularlos».

A pesar de esa persecución con saña y el nada oculto propósito del gobierno de fragmentar a un movimiento que, peligrosamente, sumó el Primero de Mayo pasado a personalidades políticas y organizaciones estadounidenses defensoras de los derechos civiles, las protestas que se planifican podrían volver a ser numerosas y bien nutridas.

A fin de cuentas, el carburante para extender la llama que logren encender los trabajadores extranjeros indocumentados sigue estando ahí: en la indolencia de una administración obstinada e hipócritamente centrada en su mentiroso combate al terror; tan olvidada de las promesas hechas a los inmigrantes, como ajena al dolor de los estadounidenses que no quieren seguir viendo morir a sus hijos en la guerra.