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WQBA, una radio de Florida que se precia de ser «la voz de Miami», consideró oportuno tomarle declaraciones a Luis Posada Carriles, como persona apropiada para opinar sobre la repentina intervención quirúrgica de Fidel: «Mis planes futuros es Cuba, mi objetivo es Cuba, y seguirá siendo Cuba, regresar a la isla».
El sanguinario terrorista que atentó contra un avión cubano que dejó 73 muertos en 1976, el hombre detrás de los atentados a hoteles y restaurantes habaneros en 1997, que provocaron la muerte del joven italiano Fabio Di Celmo; el jefe del grupo dispuesto a hacer estallar el Paraninfo de la Universidad de Panamá para asesinar al Presidente cubano, el tipo de la CIA en quién sabe cuántos atentados, sabotajes y acciones terroristas más contra el pueblo cubano e incluso contra personas y objetivos de otros países por sus vínculos con Cuba, ya se siente libre para seguir actuando. Espera su momento, internado en un centro de detención en El Paso, Texas, donde un juez puede dictaminar el próximo 14 de agosto si lo libera y le permite quedarse en Estados Unidos. A fin de cuentas, para la justicia norteamericana solo ha incurrido en el delito de entrada ilegal al país.
La escena de la entrevista radial forma parte de otras, igual de abominables, que por estos días se han estado dando en Miami, refugio por antonomasia de la violencia anticubana, sede de la subversión, territorio norteamericano donde se planean, organizan y financian los mayores crímenes y las perennes mezquindades dictadas por el odio visceral del autotitulado «exilio cubano».
Las declaraciones de Posada Carriles son colofón perfecto a la imagen de salvajismo extremo dada por los cientos que salieron a las calles de esa ciudad, banderas estadounidenses en alto hollando a la cubana, para celebrar la «muerte» de Fidel.
Televisión, periódicos y radios locales auparon el aquelarre con que Miami corrobora su condición de terreno inicuo para cualquier análisis que involucre a Cuba. Estas demostraciones de resentimiento han contado con la aprobación y apoyo de los políticos miamenses, de las organizaciones terroristas contrarrevolucionarias, de los representantes y senadores salidos de esa ciudad, y de la propia administración de George W. Bush, que ha hecho una convocatoria al levantamiento en la Isla.
Cuba y su pueblo han tenido que defenderse constantemente de esa política, de esos ataques, de esa guerra sucia que se prolonga tanto co
mo la vida misma de la Revolución. Para los cubanos es un estado de necesidad.
MIAMI, LA INAPROPIADA
Y justo esta puesta en escena de un Miami loco por acabar con La Habana casi coincide con una fecha y una decisión judicial que no podemos olvidar. El 9 de agosto de 2005 la Oncena Corte de Apelaciones de Atlanta tomaba una determinación sobre el caso de Los Cinco: declarar nulo el juicio que le habían celebrado en Miami a Gerardo Hernández Nordelo, René González Sehwerert, Ramón Labañino Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez y Fernando González Llort.
Desde 1998, los cinco permanecen en prisión. Su «delito»: haberse infiltrado en grupos y organizaciones extremistas y terroristas de los cubano-americanos para obtener información de sus actividades y prevenir cualquier acción criminal contra la Isla.
Sin embargo, fueron otras las acusaciones que en Miami decidieron penar con las condenas máximas.
Los acontecimientos actuales confirman el dictamen unánime de los tres jueces de Atlanta que revisaron la totalidad de las circunstancias que rodearon el caso: «las acusaciones, las mociones de cambio de sede, la selección del jurado, la interacción de la Corte con los medios de prensa, la evidencia presentada en el juicio, la conducta del jurado y sus preocupaciones durante el proceso, y las mociones para un nuevo juicio».
Son 93 páginas de valoraciones que, al final, se concentraron en un solo elemento, lo impropio de la sede, es decir, Miami, para llegar a la justa conclusión de que «a la luz de todos los argumentos expuestos, las condenas a los acusados son revocadas y ordenamos la realización de un nuevo juicio».
Estamos prácticamente a un año de ese fallo unánime de los tres jueces designados por Atlanta y la situación es mucho más arbitraria aún. El encierro riguroso, en cárceles casi todas ellas de máxima seguridad, se mantiene, cuando debieron haber sido puestos en libertad de inmediato. Mas todo parece indicar que en Estados Unidos las bajezas de la política anticubana de Washington y las presiones de sus cómplices en Miami, pueden más que la justicia, a la que hacen su rehén, mientras tienen prácticamente secuestrados a los Cinco.
Veamos algunos de los elementos profundamente analizados por los jueces Birch, Kravitch y Oakes:
En primer lugar la permanencia de grupos terroristas y la atmósfera de miedo que la colonia cubana de Miami vive bajo la égida de la mafia. Esto hacía totalmente imposible que se constituyera un jurado imparcial. Por eso, al examinar esa circunstancia, y las pruebas presentadas en la apelación por los abogados de los Cinco, el fallo de agosto de 2005 afirma: «la evidencia sacó a relucir las actividades clandestinas no solo de los acusados, sino también de varios grupos de exiliados cubanos y de sus campos paramilitares que continúan operando en el área de Miami». Por tanto, saca sobre el tema esta conclusión: «La percepción de que estos grupos podían inferir daños a los jurados que emitieran un veredicto desfavorable a sus puntos de vista, era palpable».
Y no se andaban estos jueces por las ramas, cuando mencionaron con nombres y apellidos a esos engendros del terror: Alpha 66, Brigada 2506, Hermanos al Rescate, Cuba Independiente y Democrática, Comandos L, Fundación Nacional Cubano- Americana y otros.
Este reconocimiento de Miami como nido de quienes para Bush y otras administraciones estadounidenses han sido sus mercenarios, bajo el título de «combatientes de la libertad», ya había sido mucho antes expuesto por la jueza del propio tribunal miamense cuando al condenar en su arbitrio amañado a los patriotas que tienen nacionalidad estadounidense —René (15 años) y Tony (cadena perpetua más 10 años)— dijo expresamente «como una condición especial adicional de la libertad supervisada, se le prohíbe al acusado asociarse con o visitar lugares específicos donde se sabe que están o frecuentan individuos o grupos tales como terroristas, miembros de organizaciones que propugnan la violencia o figuras del crimen organizado». Obvia intención de proteger a su gente, la de la mafia y el terror.
Es más, Posada Carriles, el ahora entrevistado impúdicamente por la WQBA, tuvo su calificación especial en el veredicto de Atlanta cuando de hecho admite su condición de terrorista al decir que es «un exilado cubano con una larga historia de actos violentos contra Cuba».
De las 93 páginas de la decisión, no son pocas las que recogen una extensa lista de ataques, agresiones, incursiones, sabotajes y acciones criminales de esa caterva de asesinos, y reconoce también uno de los argumentos presentados por los abogados defensores de nuestros Cinco compatriotas: «Después de cada uno de estos actos terroristas, el gobierno cubano advirtió a Estados Unidos de sus investigaciones y pidió a sus autoridades que tomaran medidas con los grupos que operaban desde territorio estadounidense».
Nada ha cambiado entre esos grupos de Miami respecto al clima de hostilidad hacia Cuba, no hay tampoco variación en cuanto a la atmósfera agobiante de una publicidad constante contra la Revolución Cubana y cualquiera que la defienda. A un año de la revocación de Atlanta, esos grupos enardecidos claman por una muerte y por imponerse a sangre y fuego sobre los destinos de una nación y el pueblo que la ha edificado y sostenido durante casi cinco décadas.
Si Atlanta dijo que «un fiscal no puede hacer afirmaciones, insinuaciones o sugerencias inapropiadas que puedan inflamar los prejuicios o pasiones del jurado», ¿cómo podemos calificar hoy a los políticos y «líderes» que estimulan en Miami a la pandilla llena de odio y sed de venganza que celebró hace unos pocos días, y que es aupada por una publicidad degradante de los medios?
La decisión de los jueces de Atlanta fue apropiada y valiente. Desde que la tomaron pudiéramos decir que los Cinco no son convictos de nada, y debieron haber sido puestos en inmediata libertad. Pero no ha sido así.
La farsa de Miami se extiende, atrapa en el laberinto judicial, pero sobre todo se ampara en una administración que realmente odia a los antiterroristas, por eso los mantiene secuestrados, como también sus bajos intereses políticos encarcelan y violan a la mismísima justicia.
