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George W. Bush tiene una peculiar manera de gobernar. Lo hace exactamente como si fuera un emperador, cuyos ucases están por encima de las leyes, incluso aquellas que él mismo refrendó, luego de ser aprobadas por el Congreso de Estados Unidos.
La cuestión pone sobre la mesa un extendido abuso de poder de la actual administración republicana, pues la mismísima Casa Blanca arguye que no necesariamente una ley rige tal y como fue escrita y aprobada, porque el mandatario puede haberle hecho una declaración adicional en la que se reserva el derecho a revisar, interpretar o no tener en cuenta lo suscrito si afecta o compete a la seguridad nacional.
Del tema ya escribí en una oportunidad, pero el argumento bushiano puede ser utilizado este jueves ante el Comité Judicial del Senado, que preside el republicano por Pensylvania Arlen Specter, quien al parecer no coincide con sus correligionarios del Grand Old Party (Partido Republicano) cuando se trata de preservar el «simple lenguaje de la Constitución».
Specter le dijo a la AP: «Estoy muy interesado en escuchar de la administración qué investigación han hecho que los llevó a esa conclusión de que pueden seleccionar» (lo que deben cumplir o no de una ley dada).
El ejecutivo estadounidense aduce que los presidentes acostumbran a firmar declaraciones sobre las leyes, desde los tiempos de Andrew Jackson, pero Specter llama la atención que Bush parece dispuesto a ser el primero en hacerlas valer, y al parecer por encima de la propia ley. En realidad, como señalaba un experto académico sobre el litigio, firmar declaraciones no significa que estas tengan fuerza de ley, por un lado, y por otro, los presidentes las han empleado más por razones administrativas, como dar instrucciones a una agencia determinada acerca de cómo poner en efecto una ley. Es decir, un complemento tranquilo y no una violación premeditada de la señorita legalidad…
El caso es que la audiencia senatorial de mañana verá una lista de prácticas de la mansión ejecutiva que francamente sobrepasan la norma y en esas «prerrogativas» autoconcedidas se incluyen el programa de grabar conversaciones telefónicas domésticas y leer los correos electrónicos sin autorización de una corte judicial, hasta la continua negativa de personeros de esta administración a contestar preguntas de autoridades legales o en audiencias congresionales.
Y hay otro aspecto más peliagudo en la cuenta de Specter: Bush no ha hecho uso del veto ni una sola vez en los seis años que lleva sentado en la silla del Despacho Oval —obviamente porque dos tercios de la Cámara y del Senado podrían invalidarlo—, pero sí ha firmado cientos de declaraciones invocando «su derecho» a interpretar o ignorar las leyes.
De hecho, y en buen argot criollo, George W. Bush y su gente parecen utilizar las leyes como papel de retrete, lo que es un irrespeto y una burla a sus colegas de la política, por no decir que al pueblo norteamericano en su conjunto. «Soy el reyecito y basta», parece decir a cada instante el bushiano.
La agencia AP recordaba ahora que en marzo, cuando el Congreso renovó la Ley Patriótica (Patriot Act), en la que Specter y otros laboraron durante meses para poder lograr un compromiso entre la versión que gustaba a los senadores con la de los representantes —y por supuesto, correspondiera a lo que quería la administración— el mandatario firmó la ley con fanfarria y también signó su correspondiente declaración para aquellas «ciertas circunstancias» que le vengan en gana.
En resumen, este jueves, el escenario se presenta como la posibilidad de discrepar, cuando en realidad, todos están de acuerdo en admitirle a George W. Bush las prerrogativas de cualquier emperador.
