Responsabilidad. Por ti y por todos. Es lo que se nos ha pedido desde que la COVID-19 trastocó la vida, incluso cuando aún no había sido clasificada por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, pues ya para ese entonces nuestro país esgrimía un Plan de Prevención y Control de la enfermedad.
Y no ha sido mucho pedir porque, sinceridad mediante, lo que se nos ha solicitado, en otras palabras, es que cuidemos nuestra vida y la de quienes nos rodean. Solo eso. Sentido común, sensatez, conciencia de lo necesario… No más.
Sin embargo, ya sabemos que algunos hacen caso omiso de las recomendaciones y exigencias para lograr el bienestar individual y colectivo. ¿Quiénes son, en definitiva, los perjudicados? Ellos, los que no usan nasobuco, los que no respetan las distancias requeridas, los que no lavan sus manos con frecuencia… y no porque se les impongan sanciones ya divulgadas, sino porque es su salud la que está en juego.
Pero ellos juegan, sí, siguen jugando. Ya no con las leyes o incluso con su propia vida, sino hasta con quienes le roban tiempo al tiempo con tal de permanecer alertas y activos en el enfrentamiento a la pandemia.
¿Qué sentido tiene que, sabiendo que el personal de salud apenas descansa con tal de atender a los confirmados, los sospechosos, los contactos de los contactos, en fin… a todos los que puedan verse afectados por la COVID-19, se les moleste con información falsa? ¿Por qué propiciar que se destinen fuerzas y recursos para quienes en verdad no lo necesitan? ¿Es, acaso, pura maldad?
No escribo a la ligera. Existen estadísticas que lo avalan. Y en ese caso me refiero al mal uso (intencionado o no) que no pocos han hecho de la aplicación diseñada por la Universidad de Ciencias Informáticas y los ministerios de Salud Pública y de las Comunicaciones, conocida como Pesquisador Virtual. De las 43 568 personas que hasta el lunes 27 habían usado la aplicación, 2 628 personas ofrecieron datos falsos, a partir de los cuales se ha puesto en función el sector de la salud —y el país— tal y como está establecido, y en vano.
«¿Qué se hace con los que dan la información falsa y provocan la movilización de fuerzas de la Salud Pública sin necesidad?», inquirió el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, en una de las habituales reuniones del grupo de trabajo temporal para la prevención y el control del nuevo coronavirus en Cuba. Yo también me lo pregunto.
La aplicación, para la que se necesita acceso a Internet desde una computadora o un teléfono celular —aunque su uso es gratuito—, permite saber en tiempo real si quienes responden las encuestas virtuales presentan alguna sintomatología respiratoria, y por consiguiente, facilita que se actúe a tiempo.
Cualquiera puede hacer uso de ella, una o varias veces al día, y aunque no sustituye la visita a cada hogar del personal designado para la pesquisa activa, es una herramienta eficaz si de inmediatez en el actuar se trata.
Pero si las personas informan erróneamente sobre su estado de salud o, de manera ilógica, escriben una dirección domiciliaria que no es en la que residen, ¿cuál es su objetivo? Puede que en algún caso un adulto mayor haya confundido los campos de respuesta, o alguien no haya revisado bien antes de enviar la información, pero reitero, las cifras hablan por sí solas, y demuestran que no siempre existen «ingenuas» equivocaciones.
No es un invento cubano el Pesquisador Virtual. Aplicaciones similares se desarrollaron en China para conocer la temperatura de los ciudadanos varias veces al día, en Facebook para «rastrear» la pandemia en Estados Unidos, en Google y en Apple para documentar más la propagación. Todas estas herramientas tecnológicas tienen el incentivo de contribuir a salvar vidas y en el menor tiempo posible.
El Pesquisador Virtual es un aporte necesario, desde la tecnología, a la situación sanitaria que enfrenta Cuba. La honestidad es la clave de su éxito; de lo contrario asistimos a la flagrante multiplicación de sentimientos inhumanos que, lejos de afectar a unos pocos o al Gobierno cubano (si la razón de la vil conducta tiene trasfondos políticos) va en detrimento de todos, seres queridos incluidos.
¿Acaso se persigue agotar a quienes desde el sistema de salud trabajan incansablemente? ¿Se pretende poner en acción los pocos recursos de los que disponemos en este «juego mortal»? Si usar nasobuco es algo tan simple y su uso obligatorio se ha transformado en una exigencia que, de no ser cumplida, conlleva sanción penal, ¿qué se hará con quienes mienten de manera despiadada, sobre algo tan importante?
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