Durante la 49 Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en 1996, se adoptó una resolución donde la violencia fue declarada como un problema de salud pública. Para ello se tuvieron en cuenta las secuelas engendradas por esa fusta social para las personas, las familias, las comunidades y los países, y se resaltaron, además, sus nefastos efectos en los servicios de atención médica.
La histórica resolución instaba a los Estados miembros a que evaluaran el dilema de la violencia en sus territorios y comunicaran su enfoque al respecto, entre otras acciones.
Mientras muchos países han tomado en serio este reclamo, en Estados Unidos no se ha obrado de igual modo. De ello dan fe recientes matanzas en escuelas, hospitales, cines y centros comerciales.
Desde hace tiempo, la comunidad médica manifiesta gran preocupación, lo cual expresa en algunas publicaciones especializadas de las cuales es útil presentar algún botón de muestra:
Desde 1997 hasta la fecha, por ejemplo, se estima que al menos 427 000 norteamericanos han muerto por disparos, cifra no desdeñable que engloba las más de 165 000 víctimas por homicidios.
El riesgo de cometer asesinatos se incrementa en más del doble en las personas que viven en viviendas donde existe, al menos, una pistola. Y el riesgo de suicidios aumenta en más de cuatro veces.
Anualmente, en Estados Unidos 3 500 niños son heridos de bala, mientras que aproximadamente otros 400 fallecen por disparos «accidentales». Por estas causas, el país ocupa el bochornoso primer lugar entre las naciones industrializadas.
Cerca de la mitad de los hogares norteamericanos donde viven niños tienen al menos un arma de fuego. Muchas de estas armas permanecen siempre cargadas y sin el seguro puesto, listas para disparar.
Pero frente a estas realidades el Gobierno norteamericano ofende a la humanidad al consagrarse en inventadas amenazas de armas automáticas y de exterminio en manos de terroristas en otras partes del mundo, como el Oriente Medio. Así suceden los terribles episodios que los ciudadanos del planeta observan consternados, mientras en los propios jardines de Norteamérica se viven lesiones y muertes en proporciones sobrecogedoras.
Parte importante de este adverso panorama es fecundado por un maquiavélico remedio: «Armar con más armas». La hipótesis de que mayor número de armas es inversamente proporcional a la violencia ya es insostenible.
Existen otras vías para encarar la violencia, de la misma manera en que se establecen acciones sanitarias para prevenir y disminuir otros problemas de salud como el sida, los accidentes laborales y las enfermedades crónicas, entre otras.
A pesar de las múltiples aristas de este asunto, no es utopía la posibilidad de poder actuar sobre los factores generadores de respuestas violentas, ya sean los dependientes de la actitud y el comportamiento de las personas, como los afines con situaciones sociales, económicas, políticas y culturales. Todas estas acciones se auxilian de investigaciones científicas.
Sin embargo, por muchas razones no puede existir voluntad por parte del Gobierno de EE.UU. para enfrentar y estudiar la influencia de las armas de fuego dentro de esa quebrantada sociedad. Entre otras, porque la poderosa Asociación Nacional del Rifle ha intervenido en el Congreso con su colosal poder.
En 1996, el Congreso norteamericano retiró el presupuesto de 2,6 millones de dólares destinado a las
investigaciones de los daños causados por las armas de fuego, a su vez, consignadas un año antes al Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
Estos elementos llevan a vaticinar un futuro incierto para los norteamericanos, donde es muy probable que, también al amparo de una arcaica segunda enmienda constitucional, se repetirán hechos sangrientos como los de la escuela de Newtown, Connecticut. Todo porque un Gobierno no está interesado en desarmar la violencia ni le conviene conocer la verdad y las causas de tales pesadillas. Es como para que todos —no solo los estadounidenses— andemos seriamente preocupados.
Fuentes:
Child-to-Child Unintentional Injury and Death from Firearms in the United States: What can be done? J Ped Nur. 2005; 20:448–452.
Silencing the Science on Gun Research. JAMA, diciembre 21, 2012
20
