Mientras más se repasa el pensamiento jurídico martiano, mayor conexión se le encuentra con las actuales encrucijadas de Cuba.
Estudiosos revelan su visión historicista en este campo, su capacidad para superar el mecanicismo en su abordaje, y la tremenda espiritualidad con la que el Héroe Nacional se abraza o se aleja de las corrientes que abonaron el camino de la juridicidad.
Hay autores que nos advierten que Martí comprendió que el Derecho es la regulación de las relaciones sociales, y que la vida en este aspecto está sometida a mutaciones y perfeccionamiento perpetuos. En consecuencia, su ordenamiento no puede asumirse como inamovible.
El Apóstol estaba persuadido de que las transformaciones de otros elementos de la cultura económica o espiritual conducen inevitablemente a un cambio en el Derecho que los regula, y hasta en la naturaleza de los seres humanos.
Esta visión de flexibilidad y equilibrio, tan raigalmente martianas, es sustancial en el abordaje de la constitucionalidad y la juridicidad en la Cuba de ahora y por venir. Sobre todo, si como ha subrayado Raúl en la clausura de la pasada sesión parlamentaria, pretendemos vivir en ley armoniosa y cívicamente.
La ley, para decirlo enfáticamente, tiene que parecerse al país y los ciudadanos que han de honrarla, porque de lo contrario, hasta involuntariamente, podríamos vernos precisados a incumplirla.
Matices de semejante quebrantamiento se abordaron en la Mesa Redonda Informativa de esta semana sobre temas medioambientales, como pudieran analizarse en otros ámbitos. Autoridades en ese terreno debieron reconocer que, no pocas veces, el irrespeto a la legislación vigente está determinado no solo por la ausencia de una cultura o conciencia ambiental sólida, sino además por inconsistencias institucionales o carencias cotidianas a las que se enfrenta la ciudadanía.
Uno de los ejemplos mencionados fue la sustracción clandestina de arena de las zonas costeras. Si esta falta en los puntos de venta de materiales de la construcción, mientras se ofertan cemento y otros insumos, es presumible que no pocos terminen agenciándosela por mecanismos ajenos a los establecidos.
Sobre este tema un sagaz lector nos hizo alguna vez una importante observación. Apuntó que cualquier ciudadano en Cuba puede verse obligado en algún momento a violar alguna de las leyes vigentes, por una razón: el instinto de conservación es más fuerte que cualquier otra motivación.
Acentuó que cuando tenemos necesidades esenciales que no podemos satisfacer dentro de los marcos de legalidad vigente, es posible que crucemos sus fronteras imaginarias e incurramos en delitos, y terminó con una pregunta: ¿Hay alguien que conozca a algún cubano simple que no haya comprado alguna vez un objeto o producto deficitario, cuya procedencia desconoce, para resolver algún problema perentorio?… Al hacerlo podría cometer un delito que se cataloga como receptación en nuestro Código Penal.
Para bien de la institucionalidad revolucionaria, las decisiones que se adoptan en el camino de la actualización solventan paulatinamente la contradicción que analistas observan en nuestra sociedad entre determinados aspectos del cuerpo legal, y lo legítimo, visto como las actitudes ineludibles de los ciudadanos puestos ante la inapelable disyuntiva de resolver sus necesidades periódicas.
El joven historiador Armando Chaguaceda ha abordado lo imprescindible de consensuar auténticos pactos sociales que permitan superar tan delicado conflicto, que erosiona el espíritu cívico y puede acarrear delicadas consecuencias.
Otro horizonte halagüeño de los últimos tiempos en el camino hacia una legalidad más sólida y coherente con las circunstancias, es el énfasis en los derechos, en vez de en las prohibiciones; la revisión de lo legislado o decretado que entorpece los proyectos de actualización económica y social del país, y delimitar quiénes deberían ostentar facultades para adoptar determinadas decisiones de contenido legal.
La relevancia del tema de la juridicidad y la ética en nuestro proceso revolucionario y en el plano internacional ha sido resaltada también en numerosos escritos por el integrante de la generación histórica Armando Hart Dávalos. Hart sostiene que quien violente la Constitución y las leyes en Cuba, de buena o mala fe, le abre el camino a la contrarrevolución, y persiste en un eje básico en el que nunca deberá flaquear el propósito de la Revolución: la cultura, la ética, el Derecho y la política solidaria.
En definitiva hacer flamear aquella idea martiana que establece que la única ley de la autoridad es el amor.
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