Nervioso, el anexionista gobernador Luis Fortuño casi ha rogado a los puertorriqueños no protestar. «Si quieren manifestarse contra mí en otra ocasión, que lo hagan —concedió—, pero aprovechemos la visita del presidente Obama para celebrar lo que somos».
Serán apenas unas horas las que el mandatario demócrata permanecerá en la isla hoy; una estancia, no obstante, calificada de «histórica», porque romperá el hielo de 50 años desde que John F. Kennedy realizara allí la última visita oficial de un presidente norteamericano.
No es la efeméride, sin embargo, la que inscribirá para la posteridad el rápido y muy vigilado paso que a estas horas estará emprendiendo ya el mandatario por la capital puertorriqueña; un recorrido de itinerario secreto, por precaución de las fuerzas de seguridad.
Los que ven el viaje con buenos ojos estiman que el jefe de Estado ha escogido el momento ideal. Hace apenas tres meses, el llamado Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre Puerto Rico, creado por Bill Clinton en el 2000 y extendido por Obama, recomendó preguntar a los boricuas sobre su estatus para que ellos «decidan» el futuro de la nación. Según ha trascendido, una primera consulta interrogaría a los habitantes acerca de si quieren mantener el eufemístico Estado Libre Asociado (ELA) que los mantiene como neocolonia de EE.UU. desde 1952. Si la respuesta fuera negativa, se pronunciarían entonces sobre si desean ser otra estrella en la bandera estadounidense, o la independencia.
Algunos estiman que tales sugerencias bastarían para que todos los puertorriqueños reciban con flores a Obama, en virtud de esas y otras iniciativas plasmadas en las conclusiones del ente. Sin embargo, quedan asuntos sin definir. Por una parte, no hay indicios de que el eventual doble plebiscito tendría un carácter vinculante que obligue después a Washington a implementar los resultados. Y, por otra, se dice que si los votantes prefirieran ser independientes, la variante sería mantenerles esa ciudadanía estadounidense que les impide tener la puertorriqueña hasta hoy.
Lo más importante, empero, es que todo está aún en la especulación. Todavía el Congreso de EE.UU. no ha decidido si la idea se implementa. Además, lo que debe pesar y hacerse valer son las 29 veces que el Comité de Descolonización de la ONU se ha pronunciado a favor de la autodeterminación de Puerto Rico, como corresponde según el derecho internacional.
Así, los «ofrecimientos» que estaría procurando Obama no han logrado nublar todas las mentes. Son muchos los puertorriqueños que piensan que nada hay que agradecer, aunque el Gobernador y sus acólitos tengan listo un acto de recogida de fondos que sumará unos modestos 35 000 dólares a su campaña por la reelección.
Puede que yerren entonces quienes crean que el momento para la visita es afortunado. Los boricuas vienen de jornadas intensas de protesta, primero, contra el modelo neoliberal dictado desde el Norte e impuesto por el Gobernador y materializado, entre otras lacras, en más de 12 000 empleados públicos sin puestos merced a la llamada Ley 7. Y más recientemente, fuimos testigos de la conmovedora movilización de los universitarios. Ellos siguen rechazando el descomunal incremento a 800 dólares para matricular en la UPR, la única universidad de carácter público en Puerto Rico. El acompañamiento que dieron a los jóvenes otros sectores sociales hizo aflorar otra vez ese sentido de nación que, exactamente, Washington ha querido frustrar entre los puertorriqueños.
Ello sería suficiente para entender las súplicas de Fortuño cuando partidos y movimientos independentistas y de izquierda, organizaciones defensoras de los derechos humanos e, incluso, del medio ambiente, anunciaron actos de repudio. ¿Acaso las fuerzas élite que violaron el campus y masacraron a los estudiantes en huelga, reprimirían con la misma fiereza a quienes osen manifestarse hoy?
Pese a sus anunciados buenos deseos para la isla —los mismos ofrecidos a Latinoamérica en la Cumbre de Puerto España, y no concretados aún—, muchos sustentan que Obama solo ha ido a San Juan para cortejar el sufragio de los boricuas que viven en la Unión: los únicos puertorriqueños a los que Estados Unidos concede el derecho de votar en sus elecciones para presidente. Así trata Washington a sus «socios libres».
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