El primer encausado en la lista es Salim Ahmed Hamdan, un yemenita de 38 años quien fuera chofer de Osama bin Laden, interrogado al menos en 40 ocasiones por los agentes de la temible agencia de espionaje y subversión; pero no serán citadas ni una sola de las preguntas y respuestas de esas inquisitorias, como tampoco serán llamados a testificar los agentes acerca de lo que supieron en el local de la pesquisa, donde el mundo entero sabe que se torturó, aunque no se hayan divulgado las fotos, como sí trascendió para su escarnio en la cárcel de Abu Ghraib.
El abogado de la defensa Harry H. Schneider Jr. no puede, por tanto, demostrar las circunstancias en que ocurrieron esos interrogatorios desde que Hamdan fuera arrestado en noviembre de 2001. Puede que tampoco logre llevar a otra docena de agencias, entre ellas el Servicio Secreto, como partícipes en las presiones físicas y psíquicas. En definitiva solo recibió los documentos contenidos en 500 páginas de «evidencias» 12 horas antes de que comenzará el juicio.
Resulta que la prohibición de nombrar a la CIA es una «orden protectora» que la sacrosanta justicia ha decidido a requerimiento del gobierno de George W. Bush. El diario Los Angeles Times, revelando la circunstancia, afirmaba que el coronel Bruce A. Pagel, subjefe fiscal del tribunal que juzga a Hamdan y enjuiciará a otros, no ha podido ni siquiera decir cuáles argumentos puede justificar esta medida de la corte militar.
Por supuesto, los comentarios de consejeros legales de instituciones de defensa de los derechos humanos que monitorean los procedimientos estadounidenses, exponen lo absurdo de este intento de demostrar que «la CIA no existe».
El corresponsal de Los Angeles Times que cubre el caso judicial, afirma que los periodistas están recluidos en una sala de prensa, remodelada en un viejo y abandonado hangar al costo de 50 000 dólares, donde escuchan en breves informaciones lo que sucede en el llamado Camp Justice —porque al igual que el nombre CIA ha desaparecido en ese tribunal, tampoco ellos pueden ser testigos presenciales del juicio.
Desde que el campo de concentración de la Base Naval estadounidense se ubicara en el territorio usurpado a Cuba, se utilizó el término «limbo» para calificar la situación en que estaban los más de 700 detenidos que han pasado por el lugar —se dice que ahora quedan 265—, porque ni sabían dónde estaban, a ninguno se les hizo cargos, les negaron la condición de prisioneros de guerra y la protección que brindan a ese status las Convenciones Internacionales, fueron aislados totalmente del mundo exterior y escondidos a los ojos escrutadores de la comunidad internacional.
Ese «limbo» se transformó de inmediato en un infierno con el uso de las torturas ordenadas por el Pentágono y ejecutadas por agencias como la CIA, bajo la aprobación otorgada por el mismísimo George W. Bush y su equipo de la Casa Blanca.
Ahora, apenas unos 80 presos serán acusados por el Pentágono, pero los bushianos los mantendrán en esa condición de «combatientes enemigos», sin importarles incluso qué puedan decir sus jueces militares, hasta que considere que finalice la guerra contra el terrorismo... y la innombrable CIA, seguirá siendo uno de sus puntales. La ignominia sí que tiene puertas abiertas en este impúdico asunto.
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