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Un grano de arena en las sanciones, el petróleo venezolano volvió a fluir hacia EE. UU. Autor: Tomada de evyatar Publicado: 29/04/2023 | 10:20 pm
El levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela debería ser una orden de cumplimiento incondicional: ya sabemos que ningún país tiene derecho a decretar medidas punitivas unilaterales, menos aún para provocar cambios de regímenes políticos, económicos y sociales, y que esa práctica es una violación franca y grosera del Derecho Internacional que además —y lo sentimos en carne propia— tiene un carácter genocida.
Pero en tanto la hegemonía se derrumba y Washington pueda ser, algún día, obligado al respeto al derecho ajeno, como diría Benito Juárez, pronunciamientos como los de la Conferencia Internacional sobre Venezuela, celebrada esta semana en Colombia, desbrozan camino.
Convocada por el presidente de la nación andina, Gustavo Petro, la reunión solo tuvo tres pronunciamientos y ninguno novedoso: que el Gobierno venezolano fije el cronograma electoral con vistas a los comicios presidenciales que deberán celebrarse el año que viene —petición ya dicha por la oposición derechista—; el levantamiento de las sanciones estadounidenses; y la materialización del último y más importante acuerdo adoptado por el ejecutivo bolivariano y la oposición en su interrumpido proceso de diálogo: la devolución al Estado venezolano de 3 000 millones del total de 20 000 millones de dólares que se calcula le han sido incautados de sus fondos depositados en el exterior, en virtud de la política estadounidense de asedio que Joe Biden heredó de Donald Trump y que, por muchos motivos, hoy se considera fracasada. El principal de ellos, la resistencia venezolana.
Ese, y no otro, es el contexto. En medio de ese panorama, la restitución de parte del dinero secuestrado fue, precisamente, el más sustancioso acuerdo adoptado por los representantes del Gobierno venezolano y la derecha durante su último encuentro celebrado en noviembre pasado, en México.
Pero los opositores —léase EE. UU., que es quien despojó los millones y los depositó, entonces, en manos de la camarilla de Juan Guaidó—, por supuesto que no han devuelto nada.
Pronunciamientos como los de la Conferencia Internacional sobre Venezuela, celebrada esta semana en Colombia, desbrozan camino. Foto: Tomada de albaciudad.org
La decisión, que posibilitaría la creación de un Fondo Social para atender esa esfera en Venezuela, según lo pactado, compete a la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. Pero una vez que los mismos partidos de derecha decretaron, en diciembre, que no reconocían más a Guaidó, el manejo del dinero fue entregado, nominalmente, al arbitrio de otros representantes de la misma camada opositora.
Sin embargo, el asunto del dinero expropiado no constituye el peso pesado de la vida en Venezuela, sino la ratificada necesidad del levantamiento de las sanciones, que sigue constituyendo el principal escollo para el país.
Según puntualizó unos días antes la vicepresidenta Delcy Rodríguez, las medidas estadounidenses han significado pérdidas a la economía venezolana ascendentes a 29 000 millones de dólares anuales desde que en 2015 Barack Obama decretó a Venezuela como un peligro para la seguridad nacional de su país.
En medio de los mismos reiterados reclamos, dos elementos significan cambios cualitativos aportados en el entorno de la Conferencia, que pudieran contribuir al levantamiento del asedio económico: la presencia de una veintena de representaciones diplomáticas invitadas a la reunión que, de algún modo, se supone respaldan la declaración escueta leída al final por el canciller colombiano, Álvaro Leyva, y cuya asistencia, por sí misma, corrobora la legitimidad que se quiso usurpar al Gobierno venezolano durante la era Trump.
Para ponerle sazón, el hecho de que la nueva novela fraguada por Guaidó cuando se dirigió —dijo que a pie— hasta Bogotá para participar en la Conferencia y no fue bienvenido por las autoridades colombianas, que tampoco lo habían invitado, también dio muestra de respeto a Caracas y añadió otro matiz simbólico de que, en el escenario de la agresión contra Venezuela, corren tiempos distintos al momento en que 50 países, compelidos por Trump, reconocieron al fantoche hoy convertido en cadáver político.
Pero quizá lo más importante fuera la participación de una delegación estadounidense de alto nivel que encabezó Jon Finer, principal asesor de Seguridad Nacional de Biden, junto con su asesor especial para las Américas, Christopher Dodd, y el director del Consejo de Seguridad Nacional para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan González.
Acaso esto pueda entenderse, de algún modo, una vía indirecta de ¿comunicación? entre la administración Biden y Caracas, y sume otro grano de arena para llenar el saco de los cambios que reclama la política estadounidense hacia la nación bolivariana.
Este fue antecedido por otros pasos que han significado, al menos, cierto pragmatismo empujado por la necesidad de petróleo y que horadaron el bloqueo, como las licencias otorgadas por el Departamento del Tesoro a las compañías Eni, Repsol y Chevron para que comercializaran, aunque fuera temporalmente, crudo venezolano, una decisión en virtud de la cual volvió a llegar ese petróleo a Estados Unidos, por primera vez desde 2019, a fines del año pasado.
Venezuela, que no estuvo en la reunión, ratificó a su término, mediante un comunicado sobrio y escueto de la Cancillería, la necesidad del levantamiento de las sanciones, y ratificó que el camino para retomar el diálogo con la oposición es la creación del Fondo Social y la liberación del empresario Alex Saab, apresado y extraditado sin delito probado a EE. UU., lo cual constituyó el motivo primero para la interrupción de las conversaciones.
Por demás, el cronograma de las presidenciales y la «transparencia» que demandan los opositores, recogidos en la Declaración de la Conferencia, si bien funciona, solapadamente, a manera de condicionamientos que no debieran existir, tampoco constituyen un problema para el ejecutivo que preside Nicolás Maduro.
Durante su mandato se ha respetado la política instaurada por Hugo Chávez de resolver los más acuciantes problemas con la oposición mediante la lid electoral. Los bolivarianos han resultado vencedores de la mayoría de esos combates, si bien la situación creada por el propio cerco pudiera constituir un escenario difícil para el venezolano de a pie, a la hora de votar.
De hecho, la Plataforma Unitaria Democrática que agrupa a los principales partidos derechistas ya andaba en la búsqueda de un candidato único para 2024, mediante la celebración prevista de elecciones primarias.
Por ahora, es posible que se haya sentado un nuevo proceso mediador que podría resultar exitoso, únicamente, en tanto sirva de asidero para catalizar el cambio en la política de Estados Unidos hacia Venezuela, y que no se tuerza contra esa nación.
En la injerencia y agresividad de Washington, en definitiva, es donde está la raíz de los problemas.
