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La reforma rural integral fue el primer punto de los Acuerdos de Paz suscritos en 2016 en La Habana. Foto: Portafolio Autor: Portafolio Publicado: 13/10/2022 | 11:31 pm
La paz total de Gustavo Petro es más que el proyecto de ley ahora en discusión en el Congreso para convertir sus postulados en política de Estado, de modo que el compromiso con ellos sea obligación de próximos Gobiernos.
Rebasa esa paz total, incluso, la posibilidad de negociaciones con todos los grupos armados, sean guerrilleros, paramilitares o narcos y, en casos como el del insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN), al ya asumido acuerdo para que recomiencen el próximo mes aunque la ley, si se aprueba, le dará el visto bueno oficial a todas esas conversaciones.
Dispuestos a las pláticas, al menos diez grupos armados comenzaron ya un cese al fuego unilateral entre el total de 20 agrupaciones armadas interesadas en ser parte de esa política, ha informado el senador y ferviente defensor de la paz, Iván Cepeda.
Eso es un gran acontecimiento. Pero lo que descuella y convierte en primigenio y único el esfuerzo por la paz del Gobierno de Gustavo Petro y el Pacto Histórico —que en verdad está dando pasos para la historia— es la mirada integral y, por tanto, el ir a las raíces para hallar soluciones a un problema tan añejo, doloroso, y hasta ahora insoluble como ha sido la violencia en Colombia.
El asunto de la posesión de la tierra, y la inequidad que ha traído apareada la tenencia de mucha en poquísimas manos, sin titularidad de las hectáreas para los campesinos que las trabajan ni respaldos que les posibilitaran dejar la siembra de la coca y acudir a los cultivos alternativos, ha sido identificado hace tiempo como una de las mechas donde ha prendido el fuego de los enfrentamientos armados primero —recordemos el surgimiento, en las luchas por esa tierra, de las extintas FARC-EP— y, luego, de matanzas y asesinatos en la disputa reciente que protagonizan paramilitares, narcos y otros grupos armados por esos terrenos y contra la población rural.
Según ha afirmado recientemente el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega, el 65 por ciento del sector rural no está formalizado, y el Estado no sabe quiénes son sus propietarios.
No por gusto, la reforma rural integral fue el primer punto de los acuerdos de paz suscritos en 2016 en La Habana luego de largas negociaciones y, lamentablemente, uno de los tantos aspectos incumplidos por el ex Gobierno de Iván Duque.
Navegando, y rápido, en sentido contrario, entre los pasos iniciales del actual ejecutivo se halla, precisamente, la concreción de esa reforma.
En pos de ello se definió el pasado día 8 el primer convenio importante y, ciertamente, muy novedoso: la compra por el Estado a la Federación de Ganaderos (Fedegan) de tres millones de hectáreas que engrosaron los fondos para dotar de tierras cultivables a los campesinos.
Se trata de terrenos que, entre otras condiciones, deben estar acreditados como propiedad privada, no deben estar sujetas a procesos legales en curso ni ser objeto de reclamaciones,
no tener deudas con el fisco, además de ser valoradas por expertos como terrenos con capacidad productiva, mediante el cumplimiento de requisitos ambientales, agrarios y ecológicos.
Los precios serán fijados por una institución capacitada y se adquirirán por el Estado de acuerdo con su valor comercial, mediante bonos de deuda pública y otros medios que fije el Gobierno, según ha trascendido.
Al propio tiempo, se han entregado ya los títulos de 681 372 hectáreas (11 200 títulos) a 10 800 familias de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, ha informado el senador Cepeda en su perfil de Twitter, y se ha ampliado el territorio de diez resguardos indígenas con la formalización de 297 000 hectáreas para sus pobladores.´
Lo más interesante es que otros gremios del sector agropecuario se sumarían a la iniciativa emprendida por los ganaderos, según ha dicho el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya.
La reforma rural parece ir con buen pie en Colombia.
