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Productiva y amistosa reunión con el secretario de Estado, Antony Blinken y la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, dijo López Obrador. Autor: @GOBIERNOMX/TWITTER Publicado: 14/09/2022 | 08:38 pm
Todo está aclarado, ha dicho el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en relación con los reclamos de Estados Unidos que se suponía le haría llegar el secretario de Estado de la potencia, Antony Blinken, en su entrevista de esta semana. Pero no hubo demandas, aparentemente, de parte de Washington; o las respuestas resultaron entendidas. Y la verdad que lo contrario, habría sido un despropósito.
En julio se supo que Washington y Canadá habían solicitado consultas a México en atención a sus disposiciones en materia energética y el T-MEC: el tratado comercial trilateral que sustituyó, luego de su reforma, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte suscrito en 1994 por los tres países: el TLCAN o NAFTA, por sus siglas en inglés, primero del rosario de convenios gestionados después por la Casa Blanca en América Latina, como pasos iniciales para la finalmente derrotada, por prepotente y engañosa, Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Supuestamente, se arguyó, la política energética de AMLO viola los preceptos del acuerdo reelaborado que, luego de largas negociaciones, se firmó en 2018 bajo el nombre de T-MEC.
Por fortuna no ha ocurrido, pero cualquiera se pudo preguntar con qué derecho Estados Unidos iba a cuestionar la política interna de México en un área estratégica como lo es la energética; aunque el tratado trilateral —cuyos postulados en esa materia fueron otra vez reformados a la llegada de López Obrador a la presidencia— tenga cláusulas que amparen el «trato no discriminatorio» que se debe otorgar a inversiones y productos provenientes de los inversionistas y socios extranjeros.
Sin desconocer ese postulado, el antiguo Capítulo 8, que establecía «la integración» del mercado energético de Norteamérica y la existencia de un «mercado abierto» —con todos los riesgos que esos términos implican cuando el partner de un país latinoamericano es Estados Unidos—, fue sustituido por un solo artículo que establece el reconocimiento del «dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos Mexicanos, de los hidrocarburos», como recuerda el Blog del Derecho Económico, en un artículo publicado este mes.
Ni modos, como dirían allá. Los recursos naturales mexicanos, son de México. La reivindicación de ese principio ha sido bandera de la política de Andrés Manuel López Obrador, sabedor de todo lo que ello significa para la soberanía económica… y política de su país.
Aunque en abril de este año, la oposición, con mirada cortoplacista y de tienda política estrecha, rechazó en el Congreso la Reforma energética propuesta por el ejecutivo para, entre otras disposiciones como la nacionalización del litio, otorgar prioridades a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la generación de la energía eléctrica —54 por ciento por parte del Estado y 46 por ciento para los privados, ya fueran nacionales o extranjeros— y abaratar los precios al consumidor, otros pasos dados por el Gobierno en tal sentido fueron cuestionados por distintas voces desde Estados Unidos, empezando por la representante comercial de ese país ante el T-MEC, Katherine Tai, y pasando por el embajador en México, Kent Salazar.
Por ejemplo, la modificación de la Ley de la Industria Eléctrica, aprobada desde marzo de 2021, que da prioridad a la CFE en el despacho de ese servicio; o la implantación de permisos para operar instalaciones de energía renovable e importar y exportar electricidad y combustible; la ley minera, o el requerimiento de que los transportistas de gas natural se abastezcan de la CFE o de Pemex…
Por supuesto, hay intereses económicos foráneos que se han sentido en peligro, a pesar de que el propio mandatario mexicano, para tranquilizarlos, se reunió en julio, en Washington, con empresarios estadounidenses con negocios en la esfera y se firmaron nuevas inversiones, al tiempo que las autoridades en Los Pinos se brindaban a atender y responder sus dudas.
Es que gracias a la entreguista reforma energética de 2013, aprobada durante el mandato del antecesor de AMLO, Enrique Peña Nieto, Pemex fue virtualmente privatizada, como se quejaron entonces muchos dentro del país, resultado de las prerrogativas que se le dieron al capital extranjero.
Tal fue el panorama que recibió López Obrador. Su empeño es restaurar los derechos de México. Un reporte de BBC News de marzo del año pasado, apuntaba que para entonces, en víspera de la nueva Ley de electricidad, compañías privadas de Estados Unidos, Canadá y Europa, así como del propio país, eran las mayores proveedoras de energía eléctrica, que luego vendían al Gobierno mexicano mediante subastas.
Informes de enero de 2021 aseguraban que de 109 participantes en la generación de electricidad, 102 eran compañías privadas de capital nacional y extranjero. Un importante rol juegan, entre ellas, grandes corporaciones españolas como Iberdrola, Endesa, Repsol, Acciona y Naturgy.
En sus declaraciones luego del encuentro con Blinken, calificado de «productivo» y «amistoso», AMLO responsabilizó por las acusaciones acerca de presuntos incumplimientos con el T-MEC, según «mi interpretación», «a nuestros adversarios; sobre todo de los de aquí, que fueron a hacer politiquería y sorprendieron a quienes emitieron ese documento (…)».
Ha sido una fortuna para México que se mantengan estables sus relaciones con el vecino de Norte. Pero, sobre todo, que ello se lograra con respeto a sus decisiones soberanas, y a su autodeterminación sobre los recursos de su suelo. Se ha librado otra batalla.
