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Peligro en la saga de Mar-a-Lago

Según la orden de registro autorizado, Trump podría ser acusado de violar la Ley de Espionaje. Sus fanáticos protestan y copan las redes sociales con vitriólicos discursos y amenazas de guerra civil

Autor:

Juana Carrasco Martín

Mientras más avanzaban las indagaciones del Panel especial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre el asalto al Capitolio de Washington el 6 de enero de 2021 y  las evidencias apuntaban a un intento de golpe de Estado, con el entonces presidente saliente Donald Trump como su cabeza instigadora, nos hicimos una pregunta clave: ¿por qué la Fiscalía General no procesa al exmandatario?, y como una de las posibles razones de las tremendas implicaciones legales y políticas del caso, los temores de que sus fanáticos extremistas llevaran a cabo nuevas escenas de presión y violencia.

En este caluroso agosto de 2022, sus partidarios han puesto en circulación en las redes otra mentira o especulación más en la cual afirman que cuando a principios de la segunda semana de agosto el FBI registró la mansión de Mar-a-Lago, el refugio floridano de Trump  tras concluir su mandato,  «plantó» evidencia  para incriminarlo y hasta dispositivos de escucha.

La reacción de los trumpianos exaltados fue virulenta en esos medios sociales; de «vitriólica» la calificó algún comentarista estadounidense, cuando se opusieron a la orden legal autorizada por el juez federal, Bruce Reinhart, y ejecutada por agentes especiales de la División de Miami del Buró Federal de Investigaciones, una acción que se afirma que ha sido tomada por primera vez contra un expresidente de la nación.

La paranoia se apoderó de estas huestes y han emergido teorías conspirativas de todo tipo, una de las cuales fue dada a conocer por  Michael Caputo, confidente de larga data de Trump, quien aseguró: «Muchas personas en el mundo de Trump están de acuerdo conmigo en que esto es teatro y esto está diseñado para dañar al presidente, esto está diseñado para dañar a los republicanos en las elecciones intermedias y para promover los intereses del Partido Demócrata». Pero también aseguró: «Y sabes qué, fracasaron por completo».

La incógnita sobre qué buscaba el FBI en la requisa se reveló el viernes 12: la policía federal sospechaba que el expresidente Trump había violado la Ley de Espionaje y otras leyes y fue autorizada a incautar cualquier documento o registro con marcas clasificadas o relacionado con la «transmisión de información de defensa nacional o material clasificado».

Esa orden judicial que enfureció a Trump, sus aliados y seguidores, permite la incautación de «cualquier evidencia de la alteración, destrucción u ocultación a sabiendas de cualquier gobierno y /o registros presidenciales, o de cualquier documento con marcas de clasificación», y bajo su permiso los investigadores enumeraron 33 artículos que habían incautado de la propiedad, incluida la orden ejecutiva de clemencia para Roger Stone, aliado de Trump desde hace mucho tiempo, e información sobre el «presidente de Francia», además de «documentos secretos varios», carpetas de fotos y una nota escrita a mano, dijo un  artículo en The Hill sobre los papeles altamente secretos, secretos, sensitivos o compartimentados requisados por el FBI.

La orden también autorizó la incautación de «cualquier evidencia de la alteración, destrucción u ocultación a sabiendas de cualquier gobierno y/o registros presidenciales, o de cualquier documento con marcas de clasificación». 

El fiscal general Merrick Garland comentó el jueves que la decisión tomada por el juez federal no había sido hecha a «la ligera» y medios estadounidenses destacaron los tres posibles cargos a los que se enfrentaría Trump de ser procesado: ocultación o eliminación de documentos oficiales; un segundo delito sería la destrucción, alteración u ocultación de registros «con la intención de impedir, obstruir o influir» en una investigación; y un tercero bajo la sección 793 del Título 18 del Código Penal de Estados Unidos, bien grave porque se refiere a que alguien haga un mal uso, maneje mal o no proteja la información de seguridad nacional que cree que «podría ser perjudicial para Estados Unidos o para la ventaja de cualquier nación extranjera», describió The Washington Post.

La referencia era a actividades nucleares de Estados Unidos. Palabras mayores en el contexto de la seguridad nacional…

Los trumpistas reaccionan

El registro en Mar-a-Lago —calificado por Trump como «asalto» y «militarización del sistema de justicia», dijo a la cadena Fox que en el país hay «tremenda ira» por la «caza de brujas» que se está produciendo—, no tiene precedente en la historia de Estados Unidos, menos aún desde 1982, cuando la Corte Suprema, en el caso Nixon y Fitzgerald, 457 U.S. 731, estableció que el Presidente tiene inmunidad absoluta de responsabilidad por daños civiles derivados de cualquier acción oficial tomada durante el cargo, cuando sus acciones no violaban  la ley claramente establecida.

El FBI ha recibido respuestas a su acción desde dos frentes: el Partido Republicano y los partidarios del expresidente.

Inmediatamente después del operativo, un grupo de congresistas republicanos exigieron a la Fiscalía general de EE. UU. explicar cuál es la presunta amenaza nacional que propició registrar la mansión del expresidente Donald Trump en Florida, y luego pidieron en carta al director del FBI, Christopher Wray, publicar el documento de la búsqueda, y la comunicación establecida al respecto entre el Departamento de Justicia, el FBI, la oficina ejecutiva del presidente, los servicios secretos y los Archivos Nacionales. Pidieron «transparencia». Por ese lado transcurre el reclamo de legalidad para que muestren que «no ha sido solo una expedición de pesca».

Sin embargo, desde el otro flanco, tanto el FBI  como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dicen que «han identificado múltiples amenazas articuladas y llamados al asesinato selectivo de funcionarios judiciales, policiales y gubernamentales asociados con la búsqueda en Palm Beach».

En un boletín a la policía federal y local se afirma que los agentes federales han «observado un aumento en las amenazas violentas publicadas en las redes sociales contra funcionarios e instalaciones federales», incluida «una amenaza de colocar una llamada bomba sucia frente a la sede del FBI y emitir llamados generales a la "guerra civil" y la "rebelión armada"».

Téngase en cuenta que un hombre armado identificado como Ricky Shiffer, veterano militar involucrado en los disturbios del 6 de enero de 2021, intentó ingresar a una oficina del FBI en Cincinnati, Ohio, y fue abatido a tiros después de una persecución en automóvil y un intercambio de disparos con agentes de policía.

El diario The Atlantic publicaba hace unos días algunos de los comentarios en las redes y en medios de comunicación de derecha con «un lenguaje extraordinariamente imprudente e incendiario», y este era uno de ellos: «Ciertamente se siente como si lo estuvieran tratando como una guerra civil caliente. Cuando todo esto está dicho y hecho, las personas responsables de estas acciones tiránicas deben ser ahorcadas».

Citaba también a Dinesh D’Souza, un provocador de derecha que recibió un indulto de Trump por violaciones de financiamiento de campaña: «El FBI, una organización creada para combatir el crimen organizado, se ha convertido en el sindicato del crimen organizado más poderoso del mundo. Ahora tenemos que llevar la lucha contra el crimen organizado a su conclusión lógica: cerrar el FBI y procesar esta pandilla de criminales peligrosos».

En el trasfondo, sobre todo, está el temor de que Trump no pueda presentarse como candidato presidencial en 2024, y ante eso un temor mayor que algunos periodistas traducen de la lectura de los medios sociales: que esté en curso en ese país políticamente dividido una posible «guerra civil» si Trump es procesado, declarado culpable de algo y enviado a prisión.

¿Una conjetura a la tremenda? Es posible, pero recordemos los enfrentamientos en las calles durante manifestaciones pro-Trump, las demostraciones violentas de la ultraderecha neofascista y racista durante las jornadas de protestas masivas por el asesinato de ciudadanos negros a mano de policías, y los propios sucesos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Washington.

En un país violento por naturaleza todo es posible. Pero también existe el peligro de que si Trump logra postularse, como es su intención y la de sus seguidores, este operativo y toda la propaganda en su contra se vuelva un bumerang, y lo veamos otra vez encabezando Estados Unidos con toda la prepotencia habitual y mucho más…

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