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En solidaridad con la huelga de hambre en Tacoma, familiares y activistas manifiestan una verdad: «Prisiones y deportaciones son el crimen». Autor: nbcnews.com Publicado: 21/09/2017 | 05:58 pm
Muy poco o nada saben el mundo e incluso los propios estadounidenses, sobre la tercera huelga de hambre que 200 internos comenzaron el pasado 31 de octubre en el Centro de Detención de Tacoma. Para el 3 de noviembre se le incorporaban más reclusos, según un informe a la prensa de los organizadores de la resistencia a la injusticia y los maltratos.
No son delincuentes los que están encerrados en la instalación penitenciaria propiedad de GEO Group, una empresa que lucra de la cada vez más acentuada privatización del sistema carcelario en Estados Unidos. Simplemente son extranjeros indocumentados —la mayor parte de ellos latinos—, sujetos a deportación hacia sus países de origen.
Foto: NBCnews y Jeff Abbott/WNV.
Esta práctica indigna y discriminatoria se ha intensificado durante la administración del Gobierno en curso hasta el punto de que son más de dos millones los expulsados del territorio norteamericano y separados de su familia, cuando tenían la esperanza de lograr su «sueño americano» mediante una ley migratoria prometida en campañas electorales y nunca hecha realidad. El resultado de las recientes elecciones de medio tiempo, donde los conservadores republicanos han controlado totalmente el Congreso (Cámara de Representantes y Senado), acaba de enterrar esa ilusión.
Al menos dos componentes de una injusticia se anticipan en lo que está aconteciendo en ese centro de detención en las cercanías de la localidad de Tacoma, irónicamente conocida como «Ciudad del Destino», porque era como el fin del mundo, la terminal elegida para la última parada del ferrocarril del norte del Pacífico a finales del siglo XIX, asentada en una península rodeada por el océano en el norteño estado de Washington, justo frente a la también helada Alaska.
La iniquidad se desdobla. Por un lado, la exclusión de una inmigración contra la que se aplica el racismo subyacente tanto en la sociedad como en la legislación del Estado imperial. Por el otro, el profundo poder de las corporaciones que están construyendo cada vez más una nación privatizada en su máxima expresión y en ese tortuoso camino deja abandonada en el trayecto a la mayoría de su población, negándole los más elementales servicios públicos, como la salud y la educación, mientras parece levantarse sobre tres pivotes industriales de la sinrazón: la militarización, la represión y las prisiones.
No hablemos del racismo. Lo sucedido en la pequeña localidad de Ferguson este año, levantó una vez la tapa de esa olla pestilente. Vamos a la causal más inmediata de esta huelga, la tercera en lo que va de año en el NWDC (Northwest Detention Center, el nombre oficial del campo de detención de Tacoma).
El gigante GEO Group no es el único dedicado al floreciente negocio de las prisiones, donde el sufrimiento innecesario de los encarcelados es el leitmotiv para el lucro y a la vez contribuye a una limpieza étnica de las calles estadounidenses, no reconocida por supuesto, pero implantada aunque sin éxito por la ICE (Immigration and Customs Enforcement), la fuerza de inmigración y aduanas.
Lo injusto del procedimiento supera ante el raciocinio hasta la vergüenza de los detenidos en la Base Naval de Guantánamo —por cierto territorio cubano ocupado por Estados Unidos hace más de un siglo a despecho de la soberanía y el interés del Gobierno y el pueblo de Cuba.
Me explico: el encierro inhumano de cientos de hombres, en solitaria y a miles de kilómetros de sus países de origen, lo han justificado con «sospechosos de terrorismo» y «peligrosos para la seguridad de Estados Unidos». Tacoma y otros tantos centros similares distribuidos por recónditos territorios estadounidenses se supone que tienen el objetivo de investigar su estatus civil de inmigración.
Pero tanto los prisioneros en huelga de hambre en el campo de concentración en la Base Naval de Guantánamo, como los de los centros de detención del ICE son sometidos a castigos y al método de tortura del confinamiento en solitaria al menos por 30 días y a la alimentación forzada.
Si no hay justificación válida para que los musulmanes encerrados desde el inicio de la guerra y la ocupación de Afganistán —hace ya 13 años— sufran en la condición de «combatientes enemigos» y se les negara presentación de cargos y juicio, para los inmigrantes resulta visible el objetivo de la industria carcelaria.
Por cada uno de los 1 300 detenidos de Tacoma, GEO Group recibe a diario una ganancia de cien dólares. De esos internos, pone a algunos a trabajar en las áreas de servicio de la instalación: cocina, limpieza y lavandería, y les paga un dólar. Los consorcios carcelarios incrementan la ganancia con aditivos como estos denunciados ante la ciudadanía y la prensa por un documento del Colectivo de Detenidos de la NWDC:
«Comidas desagradables y con insuficientes nutrientes; altos precios en la comisaría por los alimentos y otros enseres o mercancías necesarias para el detenido; uso de la fuerza laboral de los detenidos; cargos con impuestos a las familias para que puedan proveerle dinero a los detenidos».
Si bien es cierto que apenas un ocho por ciento de los presos en cárceles federales y estaduales de EE.UU. están en prisiones privadas, ese porcentaje se dispara con los inmigrantes en reclusión. Según la Oficina de Estadísticas de Justicia, en diciembre de 2010, casi la totalidad de los inmigrantes condenados estaban en cárceles privadas y también cerca de la mitad de los extranjeros que aguardan ser deportados.
Lucrando con el dolor
Un extenso análisis publicado por la agencia Télam afirma que entre 2000 y 2011, la población detenida en EE.UU. creció en un 81 por ciento, pero el número de aquellos enviados a instalaciones privadas aumentó un 600 por ciento. Ese crecimiento exponencial permitió que las dos principales empresas de la industria carcelaria: Corrections Corporation of America (CCA) —que posee 66 cárceles con capacidad para 91 000 presos— y GEO Group —con 65 prisiones que pueden albergar más de 65 700 reclusos— llegaran a ganar en 2011, respectivamente, 1 700 millones y 1 600 millones de dólares, según cifras de sus balances financieros.
La CCA fue la que abrió en 1983 esa industria y desde entonces se crearon docenas de otras compañías que compiten por los contratos para operar los centros de detención, aunque también se involucran en otras ramas periféricas tan productivas para sus finanzas como la construcción de prisiones y los servicios de oficiales para los correccionales.
Malas prácticas en el trabajo en los correccionales y centros de detención privados forman parte de los elementos que se esgrimen por organizaciones defensoras de los derechos humanos. Con un solo ejemplo basta como demostración de lo impropio de las actuaciones de los guardias y las administraciones. En el Centro de Detención del condado Reeves del Grupo GEO, se produjeron dos motines grandes en los años 2009 y 2010 luego que ocurrieran múltiples muertes vinculadas a la falta de cuidados médicos apropiados, lo que dio lugar también a que la ACLU (Unión de Libertades Civiles) demandara al Geo Grup en nombre de Jesús Manuel Galindo, un epiléptico que murió después de que lo tuvieran en confinamiento solitario como castigo por haberse quejado de sus condiciones médicas.
El Detention Watch Network añade en Una breve historia de las Prisiones privadas… incluida en su sitio web, que estas instalaciones también están plagadas de escándalos como los asaltos sexuales a los detenidos, y cita lo ocurrido en 2008, en el Centro de Detención del Sur de Texas del GEO Group.
Si es aberrado capitalizar con el encierro, el maltrato y la tortura, esa condición se multiplica con el cinismo y el desprecio a la vida humana expresada en más de una declaración de estos hombres de negocio.
«No creemos que vamos a ver una disminución en la necesidad de camas de detención, en particular en una economía con un aumento del desempleo entre los trabajadores estadounidenses», les decía a posibles inversores para calmar sus preocupaciones, James Hyman, presidente entonces de Cornell Companies, empresa que fue comprada en 2010 por el Geo Grup.
Semejante manera de pensar la exponía durante una conferencia en 2001 Steven Logan, director ejecutivo de las Industrias Cornell: «Está claro que desde el 11 de septiembre hay un mayor énfasis en la detención ... más personas van a quedar atrapados. Así que yo diría que eso es positivo... con el enfoque en las personas que son ilegales y también de ascendencia del Medio Oriente —en Estados Unidos hay más de 900 000 personas indocumentadas de ascendencia del Medio Oriente— ...es una población que, por un montón de razones, está en la mira... el negocio federal es el mejor negocio para nosotros y... septiembre 11 está aumentando ese negocio».
La verdad se revela así de descarnada. Los inmigrantes, además de despreciados, son la gallina de los huevos de oro.
