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Marcha de la Unión Patriótica en Bogotá denuncia el genocidio que cometieron contra la organización. Autor: Vanguardia Publicado: 21/09/2017 | 05:57 pm
BOGOTÁ, octubre 20.— La Fiscalía de Colombia declaró como crímenes de lesa humanidad y de guerra los cometidos contra 34 miembros del partido de izquierda Unión Patriótica (UP), entre ellos los asesinatos del candidato presidencial Bernardo Jaramillo y del senador Pedro Luis Valencia y el dirigente José Antequera.
Durante los años 80 y finales de los 90 cerca de 3 000 militantes de ese grupo de izquierda fueron víctimas de una persecución sistemática y posteriormente asesinados, recordó Telesur.
A través de un comunicado, el fiscal interino, Jorge Fernando Perdomo, señaló que «nos encontramos ante delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Delitos de diferente categoría, como homicidios, desaparición forzada y otros delitos, como el delito de amenazas».
Agregó que «se logró determinar que se trata de ataques cometidos por grupos paramilitares, en algunos casos, en asociación con agentes del Estado, ataques generalizados, sistemáticos y reiterados contra la población civil, ocurridos entre 1986 y 1996».
Con esta declaración, los crímenes, que fueron cometidos entre 1986 y 1996, no prescriben.
El caso de Jaramillo, asesinado a tiros en Bogotá en marzo de 1990, cuando era candidato a las elecciones presidenciales de ese año, ya había sido declarado crimen de lesa humanidad, condición que ahora se ratifica y a la que ahora se suma la consideración de crimen de guerra.
El senador Pedro Luis Valencia fue asesinado en Medellín en agosto de 1987 y el dirigente José Antequera corrió la misma suerte en el aeropuerto de Bogotá en marzo de 1989.
Todos estos atentados tuvieron un carácter «generalizado, sistemático y reiterado contra la población civil», agrega la fiscalía.
De origen comunista, la UP nació en los años 80 durante el intento de diálogo de paz del Gobierno con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Tras el fracaso de las negociaciones, se estima que más de 3 000 simpatizantes, militantes y dirigentes fueron asesinados por grupos paramilitares de ultraderecha, en alianza con agentes del Estado.
«Este es un paso importante para el reconocimiento del genocidio político», dijo Aída Avella, ex candidata presidencial de izquierda, militante y una de las pocas sobrevivientes de este grupo.
Exiliada durante 17 años en Suiza tras sufrir un atentado en 1996, Avella destacó que siempre estuvo claro que «el Estado estaba vinculado con esos crímenes».
Tras la violenta persecución, la UP dejó de ser partido por falta de apoyo electoral en 2002, pero en 2013 un fallo restauró su personería jurídica, al reconocer que enfrentó una campaña de exterminio.
Colombia vive hace medio siglo un conflicto armado en el que además de guerrillas de izquierda han participado paramilitares, agentes del Estado y bandas criminales, y ha dejado hasta ahora unos 220 000 muertos y más de 5,3 millones de desplazados, según cifras oficiales.
