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CARACAS.— Una nueva reunión que continuaría el diálogo entre el Gobierno y la oposición no se produjo la víspera ante la imposibilidad de los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) de viajar a este país.
Sin embargo, como muchos habían vaticinado, las conversaciones parecen retroceder después de los pronunciamientos de varios voceros de la denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), quienes dijeron esta semana que el diálogo ha entrado en «crisis».
Se espera que el domingo los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín; de Brasil, Luiz Alberto Figueiredo; y de Ecuador, Ricardo Patiño; además del nuncio del Vaticano, Aldo Giordano, se encuentren con representantes de la MUD para concretar luego una plática con el Gobierno.
Pero esa proclamación de una «crisis» abre un inmenso signo de interrogación sobre la continuidad del proceso de discusiones, algo que no le conviene a ningún venezolano.
«Nos vamos a reunir con ellos (los ministros de Exteriores de Unasur) para informarles lo que ha estado pasando con la “falta de cumplimiento” de acuerdos hechos por el Gobierno, y que los cancilleres vean si pueden desatrancar esto», expresó hace dos días Roberto Enríquez, miembro de la comisión de la Mesa que participa en el diálogo.
El periódico Últimas Noticias, de los más leídos en Venezuela, publicó ayer que la MUD «declaró el martes el diálogo en crisis por la “falta de respuestas” por parte del oficialismo y anunció que no participará en nuevas reuniones con el ejecutivo hasta que se produzca un “gesto” por parte del Gobierno del presidente Nicolás Maduro».
Esos condicionamientos, aunque esperados por ser viejos
fantasmas del pasado reciente o lejano, necesitarán una respuesta gubernamental inteligente pues si bien es preciso proseguir el diálogo por el bienestar del país, el costo político de aceptar chantajes pudiera resultar muy alto.
Mientras estas noticias corrían, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega, informó ayer que los hechos violentos originados por el llamado de la extrema derecha a la «salida», han provocado, desde el 12 de febrero a la fecha, la muerte de 42 personas y lesiones a 835.
La magistrada explicó que 252 ciudadanos están privados de libertad a raíz de esos acontecimientos y que la Dirección de Protección de los Derechos Fundamentales adelanta 160 investigaciones a distintos funcionarios policiales por presunta violación de los derechos humanos.
La última acción violenta de la derecha fue el ataque, el miércoles, a la sede del Ministerio del Turismo, ubicada en la Avenida Francisco Fajardo, en el este de Caracas. Cientos de manifestantes opositores que habían participado en una marcha contra el Gobierno cambiaron la ruta de la «protesta» y se dirigieron a esa institución, contra la que lanzaron balas, piedras y bombas Molotov, sin importarles que 600 trabajadores estaban dentro. Por estos actos, 105 violentos fueron detenidos.
