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Los afganos reclaman responsabilidades por tanta vida trunca. Autor: AP Publicado: 21/09/2017 | 05:01 pm
Se dice que la Task Force (Fuerza de Tarea) 373, supuestamente una unidad de la OTAN, opera desde tres bases en Afganistán: Kabul, Kandahar y Khost, pero las tropas de esa «coalición» proceden del 7mo. Grupo de Fuerzas Especiales de Fort Bragg, Carolina del Norte, y sus helicópteros Chinook y Cobra pertenecen al 160 regimiento de operaciones especiales aéreas con base en el aeropuerto Hunter, del Ejército, en el estado de Georgia.
¿Será debido al sugerente significado del nombre del aeropuerto militar? Hunter es «cazador», y de eso se trata, de una cacería humana. Tiene como blancos a los insurgentes talibanes en Afganistán, pero la realidad demuestra que la Task Force 373 (TF 373) esconde una sucia historia, en la que esa prioridad de «matar o capturar» tiene muy a menudo víctimas colaterales, y a su nefasto paso caen abatidos hombres civiles, mujeres, niños e incluso policías afganos.
Esa ha sido otra de las revelaciones de Wikileaks que tanto molestan al Pentágono y a la Casa Blanca, porque exhiben sus crímenes de guerra.
Para su búsqueda de talibanes y de los escasísimos soldados de la organización terrorista Al Qaeda en Afganistán, tienen como referencia una lista conocida como Jpel, con los nombres priorizados de las figuras centrales de esos enemigos. Pero hasta ahora la prensa mantuvo en secreto esa actividad, a pesar de que en mayo de 2008 un investigador especial de los derechos humanos para las Naciones Unidas, el profesor Philip Alston, hizo una pesquisa en el terreno sobre los rumores de esas ejecuciones extrajudiciales.
El diario británico The Guardian, en una de sus últimas ediciones de julio, detallaba uno de los casos filtrados por Wikileaks y ocurrido en la noche del lunes 11 de junio de 2007, cuando la fuerza especial 373 intentaba capturar o matar al jefe talibán Quarl Ur-Rahman en un valle cerca de la ciudad de Jalalabad. Sin embargo, perdieron la sorpresa del golpe, hubo un tiroteo y la fuerza de tarea llamó a una nave AC-130, que prácticamente «peinó» con el fuego de sus cañones. La nota oficial dijo que «la misión original fue abortada y TF 373 perdió contacto y retornó a la base», y continuaba crípticamente: «7 x ANP KIA, 4 x WIA». Esto significaba que las personas baleadas en la oscuridad eran policías afganos, siete de ellos fueron muertos y cuatro heridos.
Cuando hicieron el reporte para la prensa no se mencionaba en lo absoluto a la TF 373, y ni siquiera se publicaron los datos, pero todo se sabe en este mundo y pueden imbricarse las informaciones. Al día siguiente de aquel incidente, el teniente coronel Gordon Phillips, comandante en la región, visitó al gobernador Gul Agha Sherzai, quien aceptó que «fue un desafortunado incidente que ocurre entre amigos», y todo se subsanó con una compensación a los familiares de las víctimas y la promesa de que «este tipo de eventos no volvería a ocurrir».
Apenas seis días después, el 17 de junio, en otra misión de la Fuerza de Tarea 373 al sur de la provincia de Paktika, y armados con Himars —Sistema de Artillería de Misiles de Alta Movilidad—, lanzaron cinco proyectiles contra la aldea Nangar Khel y al final otra vez el lenguaje cifrado: 7 x NC KIA (siete no combatientes muertos en acción); solo que en este caso todos eran niños estudiantes en una «madrasa» o escuela del Islam. Para protegerse argumentaron que los talibanes indudablemente «habían utilizado a los niños como escudo».
Incidentes de este tipo siguieron registrándose. Nos sería imposible relatarlos todos. Pero puede tenerse una idea de cuántos muertos colaterales han ido dejando como rastro si en la lista Jpel cada individuo que buscan para «matar o capturar» tiene un número y para octubre de 2009, hace ya diez meses, habían llegado a 2 058.
La Task Force 373 no actúa por su cuenta. En el Manual de Campo de Estados Unidos sobre la contrainsurgencia (No FM3-24) se plantea que se escogen los blancos de la insurgencia para «eliminarlos»; una misión en la que actúan fuerzas combinadas, comandos operacionales y unidades de inteligencia, incluida la CIA, según reporta The Guardian, que menciona algunos de los casos donde se utilizaron los bombardeos de los drones (aviones no tripulados) o de F-15. Y estamos hablando de bombas de 500 libras contra un blanco Jpel.
Otra revelación del blog Wikileak dio a conocer que los capturados son transferidos a una prisión especial conocida como Btif (Bragam Theatre Internment Facility), donde en diciembre de 2009 había 4 288 prisioneros, algunos menores de 16 años, y otros llevaban años encarcelados bajo un registro de números seriales.
Las acciones criminales estadounidenses no tienen parangón en esta guerra de casi nueve años que parece interminable...
Los millones de la «seguridad contratada»
Otra cara del conflicto la ofrecen las compañías privadas de seguridad, que también dejan su saldo fatal entre los pobladores. Cuatro meses tienen ahora para «desmovilizar» a sus hombres. Ese es el plazo que les ha dado el presidente afgano, Hamid Karzai… pero la película parece que tiene rollo para largo.
Si bien Karzai firmó un decreto que establece la prohibición de seguir actuando en su territorio a estas empresas a partir de enero de 2011, no será sencillo. Desde EE.UU., por ejemplo, el plazo fue calificado de «desafiante».
«En este momento, pensamos que todavía existe la necesidad de seguridad privada para continuar operando en Afganistán», expresó el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley. Pero claro, no se puede olvidar que entran en ese juego los millonarios intereses de los jugosos contratos, cuyos beneficios van a parar a empresas mayormente occidentales.
En el negocio de la guerra, estas fuerzas mercenarias, llamadas eufemísticamente «contratistas», tienen un peso aplastante. En ocasiones, como llegó a ocurrir en Iraq, sobrepasan al número de efectivos militares. Sus labores son las más disímiles y, en la misma medida que se introducen en el territorio, ocupan posiciones, subcontratan a la población local, y llevan adelante el negocio por el que las guerras inventadas de EE.UU. y sus aliados son rentables y «necesarias».
Gran parte del trabajo contratado a estas empresas independientes, además de la seguridad, cubre labores de reconstrucción y construcción de infraestructura, el mantenimiento del ejército —sirven las comidas a los soldados, transportan municiones, fungen de traductores, choferes, etcétera— apoyan el entrenamiento de unidades de policía afgana, e, incluso, administran campamentos militares y cárceles. Pero allí pueden llegar a fungir hasta como… interrogadores.
Lo peor es que actúan por encima de la ley, y además se han ganado su mala reputación a fuerza de probados escándalos. Todavía se recuerdan los sucios manejos en Iraq de empresas como Halliburton o las muertes de civiles a manos de agentes de Blackwater. No menos ocurre en Afganistán. Por eso resulta escalofriante que se mantengan en funciones y sigan ganando dinero, a pesar de todo.
Según cálculos del Gobierno de Karzai, entre 30 000 y 40 000 afganos y unos 15 000 extranjeros trabajan en la nación centroasiática para estas denominadas compañías privadas de seguridad, la mayoría de ellos contratados por Naciones Unidas, el Gobierno estadounidense y la OTAN, así como por legaciones diplomáticas.
Ante el Ministerio del Interior están registradas solo 52 empresas de seguridad; sin embargo, según ha informado la BBC desde Kabul, existen muchas más que operan sin uniformes ni supervisión. Los afganos que sufren sus operaciones, aseguran que son caldo de cultivo para la corrupción rampante.
Pero, además, los agentes que representan a las compañías privadas enfrentan acusaciones de uso injustificado de la violencia para el desempeño de sus labores. Los dueños tal vez intentan avalar los miles de millones de dólares que se embolsillan al año con el ruido de las sofisticadas armas de los agentes. Y si de paso dejan algunos civiles inocentes muertos, no importa demasiado. Por eso no hay que preguntarse por qué la población los aborrece.
El rastro de sangre en tantas familias desechas les daría la respuesta, si acaso se interesaran. Pero el dinero manda. Todo vale en un país en guerra desde hace casi una década por obra y gracia de Washington y sus aliados.
A juzgar por esos antecedentes, la reciente decisión del ejecutivo afgano de que salgan, podría ser el inicio de otra guerra. Los dueños de empresas han probado que son capaces de cualquier artimaña y el Gobierno norteamericano también. Por ejemplo, en Iraq, de donde EE.UU. se acaba de «retirar» oficialmente —aunque quedan 50 000 efectivos militares— se prevé que la llamada brecha de seguridad sea cubierta por estos contratistas privados. Lo importante es estar en el terreno en cualquier variante, que para eso sobran el petróleo y el gas, y el litio en el caso de Afganistán.
En mayo, las autoridades afganas sancionaron a las compañías Compass y Watan Risk Managment por considerarlas responsables de la muerte de civiles. De ambas se sospecha que, al ser suspendidas, pagaron a grupos insurgentes para atacar camiones de carga de la OTAN, y así lograr que fueran llamadas nuevamente para ocuparse de «la seguridad».
Las necesidades imperiales se ceban allí donde inventan la guerra, lo mismo con un grupo de fuerzas especiales, que con contratistas mercenarios. No hay dudas: queda rollo para largo.
