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Las fuerzas policíacas federales ocuparon el Zócalo de Oaxaca. Foto: AP OAXACA, México, octubre 30.— Miles de manifestantes se enfrentaron este lunes a fuerzas antimotines mexicanas en Oaxaca, un día después que el gobierno federal tomara control de la ciudad colonial con tanquetas y helicópteros tras meses de violento conflicto.
Los manifestantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) y de los maestros, que habían anunciado mantendrían su protesta pacífica hasta la renuncia del gobernador Ulises Ruiz, se reunieron en la plaza central de Oaxaca, donde la policía federal esperaba con chalecos antibalas y equipamiento antimotines.
En una entrada a la plaza, activistas arrojaron piedras y petardos a la policía, que respondió con gas lacrimógeno mientras helicópteros sobrevolaban la zona y el humo de neumáticos quemados invadía las calles.
Previamente, en un multitudinario mitin celebrado en el Convento de Santo Domingo, cerca del Zócalo de esta sureña ciudad, el dirigente de la APPO, Jesús Rodríguez, había pedido a los manifestantes que no se enfrentaran con los agentes de la Policía Federal Preventiva que el domingo, en un operativo de seis horas, retomaron el lugar cumpliendo órdenes del presidente Vicente Fox, informó EFE.
El domingo, la policía federal mexicana arrasó con las barricadas de los manifestantes, agregó AFP, y cientos de efectivos de ese cuerpo se mantenían en la plaza principal de Oaxaca. Los manifestantes también piden el retiro de esa tropa.
El conflicto se inició en mayo con una reivindicación salarial de los maestros, a quienes se sumó la APPO con la petición de renuncia del gobernador estatal, para lo cual ocuparon el centro de la ciudad y numerosos edificios públicos.
El problema llegó a su punto más álgido el pasado viernes cuando, en diversos actos violentos, cuatro personas murieron, entre ellas un periodista estadounidense (el fotorreportero Bradley Roland Will, de Indymedia.org) que recibió un impacto de bala, lo que eleva a diez el número de fallecidos desde el inicio de la protesta, en junio pasado.
El reclamo del movimiento popular recibió este lunes un fuerte espaldarazo cuando la Cámara de Diputados federal votó por mayoría una resolución exhortando a Ruiz a que renuncie o pida licencia, añade AFP.
También organizaciones de derechos humanos en México reclamaron al presidente Vicente Fox atender las demandas de los integrantes de la APPO que aún permanecen en huelga de hambre, apunta PL.
En una carta a la nación, las instituciones informaron que tres de los 21 huelguistas que permanecen en ayuno desde el pasado 16 de octubre en una céntrica plaza del Distrito Federal, fueron reportados de graves, por lo que debieron ser trasladados a un hospital. Otros 18 concluyeron la huelga seca y se alimentan ahora con agua y miel.
Rosario Ibarra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, condenó el uso de la fuerza en Oaxaca, y lamentó que el presidente Fox haya decidido mantener en el poder a Ulises Ruiz, gobernante rechazado por el pueblo.
La Red nacional de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos y la Liga mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos consideraron que la entrada de la Policía Federal Preventiva en Oaxaca significa que fracasó el diálogo y la negociación, y Adrián Ramírez, de la Federación Internacional manifestó su preocupación por la intensificación del clima de violencia que prevalece en el estado en los últimos días.
Por su parte, el presidente Vicente Fox sostuvo este lunes que se «ha recuperado la paz social y la tranquilidad» en Oaxaca, aunque admitió que «ciertamente hay diversas interpretaciones sobre el tema», reporta AP.
En un acto en la Bolsa Mexicana de Valores, Fox aseguró que el operativo del domingo en Oaxaca se realizó «a la luz del día» y sin que la policía utilizara armas y, por ello, aseguró, «la recuperación de la plaza y la ciudad para los ciudadanos se logró con un saldo blanco».
Poco antes su vocero había asegurado que no hubo muertos durante la intervención policial, pero manifestantes afirmaron que al menos dos personas fallecieron y el ombudsman nacional dijo que su personal corroboró un deceso.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, aseguró que murió un joven de 16 años por una esquirla de una granada de gas lacrimógeno.
