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NO es fortuito que fueran los alcaldes de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Pando y Benin quienes suscribieran el paro general fijado para el viernes por denominadas organizaciones cívicas y grupos políticos opuestos a la refundación de Bolivia. Esa es la esencia que realmente los define.
El peligro a que abocan a la nación ha sido retratado de forma exacta, paradójicamente, por un diputado del propio partido que apuesta a la desestabilización. En medio del debate provocado por sucesivas e incrementadas acciones que ahora buscan vehículo y voz en la ciudadanía de aquellas localidades, el diputado Carlos Borth, de PODEMOS, «alertó» que el país está en peligro de una «guerra civil» y de «la división»... Solo que tergiversó, adjudicando las causas al gobierno.
Las actitudes de hoy se veían venir en llamados separatistas visibles, sobre todo, en la provincia cruceña, donde la abundancia de recursos naturales —especialmente los gasíferos— explica la bonanza de la vida en su cabecera departamental, y que la empresa privada tenga allí bastión importante. La oposición política no podía encontrar mejor escenario, ni más sustancioso caldo de cultivo para entorpecer la labor del gobierno del MAS y su líder, Evo Morales.
Cuando Santa Cruz, junto a las restantes tres localidades, se pronunció en el referendo reciente a favor de la autonomía departamental, estaba exhibiendo también el resultado de la labor proselitista desarrollada allí por PODEMOS... Y apostaba a algo más que a una gobernatura descentralizada, como lo acaba de revelar el legislador de marras. En efecto, pareciera que se quiere fracturar la integridad nacional.
El último petate toma cuerpo con un objetivo declarado por los propios convocantes a la huelga. Al exigir que la Asamblea Constituyente renuncie a su carácter originario, y al pronunciarse en contra de que apruebe los postulados de la nueva Carta Magna por la mayoría absoluta —y no por los dos tercios del total de los votos—, la oposición está confesando que si fuera por sus delegados, no se tocaría la actual Constitución. Eso es lo que la huelga defiende.
Los constituyentes que representan a PODEMOS estaban —y están— decididos a no dejar pasar ningún enunciado que implique verdadero cambio, como la mayoría del pueblo boliviano quiere. Y ello también explica por qué la Asamblea, luego de dos semanas de debates sin lograr la aprobación de su reglamento interno, concluyó la semana pasada en medio de un altercado al darse visto bueno, finalmente, al requerimiento de mayoría para los textos parciales de la Constitución, y dos tercios para aprobar el documento completo. De lo contrario, no avanzarían jamás: PODEMOS solo tiene 60 curules que no alcanzan para la mayoría absoluta —por eso la rechaza—, pero resultan suficientes para lograr su objetivo de empantanar cualquier decisión «inconveniente».
A fin de cuentas, nada se hará sin el favor del pueblo. Serán las masas las que digan la palabra final al aprobar o no la nueva Carta Magna, en referendo. Es por eso que algunas propuestas recientes abogan por dejar para ese momento los puntos donde la Asamblea no logre consenso.
Los hechos dan la razón a quienes advirtieron que en este paso estaba la piedra angular de la refundación boliviana. El proceso de cambios de raíz que ella entraña empezó, de cualquier forma, con el decreto de nacionalización de los hidrocarburos. Y para afectar el normal funcionamiento de ese rubro ya la oposición en el Parlamento, apoyada en la empresa privada, trató de que se demoviera al Ministro acusándolo de corrupción: una jugada infructuosa que, de todas formas, provocó la renuncia del director de la estratégica empresa Yacimientos Petrolíferos de Bolivia.
Por suerte, aflora la luz en medio de tanta manipulación para impedir al gobierno del MAS un mandato verdaderamente revolucionario, que es la única manera de darle a los indígenas su lugar en una sociedad nutrida por ellos, pero que hasta hoy los segregó.
Movimientos y sectores sociales en aquellos departamentos que llaman a la huelga se han opuesto, igual que hicieron los padres de familia cuando grupos magisteriales en contra de la educación laica y pública, quisieron que se sacara del puesto al ministro Patzi.
Otras voces trascendentales dentro del espectro popular boliviano han demostrado claridad, como la legendaria Central Obrera Boliviana (COB) que, quizá por aspirar a cambios demasiado radicales, desarrolló hasta hoy una actitud de exigencia crítica al gobierno del MAS y ahora, ante la anunciada asonada opositora, torna a su cauce natural y manifiesta su rechazo al paro.
Posiblemente la COB, como tantos otros, se ha dado cuenta que está en la palestra el resultado de tantas y tantas luchas... Y el momento demanda unidad.
