La ley y el hombre

Los cambios de la Cuba presente exigen un andamiaje legal cuya naturaleza está llamada a ser tan dialéctica como la vida. En tal escenario nuestros profesionales de la Ley sienten que prepararse para impartir justicia tiende a ser más complejo.

Si habláramos con muchos, probablemente ese sería el eje conceptual. Dialogar con tres de ellos en el VI Encuentro Internacional Justicia y Derecho, que hasta hoy sesiona en el Palacio de Convenciones, hace evidente la coincidencia de sus desvelos. Si por ejemplo se aborda el acceso a la justicia en Cuba, se percibe la aspiración de dar respuesta ágil a todas las demandas de los ciudadanos.

¿La sociedad tiene garantizado el amparo legal de todos sus integrantes? ¿Qué garantías legales sostienen al sistema judicial y penal en la isla? ¿Cómo debe actuar un abogado cuyo desempeño esté relacionado con el universo laboral?

Las interrogantes nos adentraron en una realidad en la cual se decide día a día la justicia para más de 11 millones de hombres y mujeres.

«Creo que estamos en una posición muy digna, ventajosa, desde el punto de vista del acceso a la justicia», afirmó Narciso Cobo Roura, presidente de la Sala de lo Económico del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba.

—¿Los procesos legales no están amenazados, como en otros lugares del mundo, por fenómenos que los enturbien o perviertan?

—Toda percepción negativa sobre un acto de justicia en cualquier tribunal nuestro puede llegar de inmediato al conocimiento del Tribunal Supremo. Hay un sistema de atención a las quejas de la población: un juzgamiento equívoco o la acción de un juez que no estuviera atendiendo a lo que tenía que hacer, inmediatamente se ponen en conocimiento de las instancias pertinentes. O sea, hay formas de reaccionar y de poner distancia frente a conductas negativas.

—¿Cómo se asumirán las demandas de un país que se diversifica en sus espacios y modos de hacer?

—Los cambios impactan en las estructuras judiciales. La actualización del modelo económico, y con esta las reformas que se introducen en los diferentes campos, suponen nuevas relaciones, nuevas conflictividades y actores diferentes. Es algo que impone a los tribunales la responsabilidad de prestar tutela a toda nueva situación.

«Pongamos por caso los cambios en el ámbito de las relaciones laborales. Si hablamos de un empleador no estatal, hay un nuevo espacio para la conflictividad desde la jurisdicción civil, laboral y económica. El mismo rediseño del sistema empresarial obliga a una tutela más efectiva de ese espacio. Estamos colocando al ciudadano en posibilidad de exigir una administración más eficaz».

—¿Con qué preceptos morales debe avanzar el proceso de administración de la justicia en Cuba?

—Está la transparencia. En el caso cubano tenemos, además, el hecho de la participación popular. Es un elemento de seguridad indudable contar en todas las instancias con una justicia colegiada, que no parte de la decisión de una persona, sino de tres o de cinco.

«Hay otros principios, muy respetados, como la condición que tiene el juez de deberse estrictamente a la ley, lo cual lo fortalece ante posibles presiones. Es esa una premisa que ofrece seguridad y tranquilidad a los ciudadanos».

—¿Qué es lo que más le desvela como jurista?

—La búsqueda de una justicia de mayor calidad. Los jueces tienen por delante exigencias muy fuertes; están bien dotados en el orden ético, pero deben fortalecer su actualización sobre los cambios que tienen lugar en las normativas, en los marcos regulatorios. Se impone el permanente estudio de nuevas reglas y principios para tener una justicia de mucha seguridad.

Primero el ser humano

El sistema legal y judicial cubano tiene como esencia el respeto a la dignidad del hombre: este es el principal sentido de todo proceso jurídico, aseguró Odalys Quintero Silverio, jueza de la Sala de lo Penal, del Tribunal Supremo Popular de Cuba.

La jurista argumentó que este principio de integridad moral está concebido en la Constitución y el Código Penal, para evitar violaciones en los procesos judiciales.

«La ley cubana tiene como precepto las garantías legales de cada ser humano. En esta se respetan la presunción de inocencia y los alegatos del acusado, y se desarrolla un proceso investigativo que complemente la mayor cantidad de pruebas posibles, y ante una acusación, todo detenido tiene derecho al nombramiento de un abogado», destacó.

Aunque las leyes son perfectibles —reflexionó la especialista—, desde el punto de vista administrativo e institucional se han ido instrumentando en el país indicaciones para contrarrestar posibles falencias, y así garantizar que la persona sea debidamente representada y tenga derecho a defender su verdad.

—¿Cómo se concibe el concepto familia en el tratamiento a la persona que cumple una sanción penal? ¿Qué estrategias están diseñadas para que ese hogar no quede desamparado?

—Las instituciones penitenciarias han establecido condiciones para el mantenimiento de la unión familiar. Un ejemplo de ello es el funcionamiento de los llamados pabellones conyugales, además de posibilitar el contacto de la persona recluida con su familia.

La jueza subrayó que el régimen penitenciario en la Isla dispone de otras posibilidades como los sistemas de pase para quienes manifiestan buena conducta. Esta facilidad se aplica en la medida en que el procesado ofrece indicios de estarse rehabilitando.

Uno de los beneficios del sistema penitenciario cubano consiste en el régimen progresivo, dispuesto para quienes cometieron infracciones menores. En tales casos está concebido un plan de visitas a los hogares, lo que permite mantener el intercambio humano, y evita el desarraigo social del sujeto.

Quintero Silverio explicó que todas esas opciones buscan que la privación de libertad no sea una experiencia devastadora. «En este objetivo se insertan organizaciones sociales y de masas, y el trabajador social para ayudar a la reinserción», agregó.

Otro de los logros que identifica a Cuba en esta materia es que todas las personas que están privadas de libertad tienen derecho a trabajar y son remuneradas. Ese dinero se destina al sustento de las familias de los reos, o de su manutención.

—¿Qué otras fortalezas tiene el sistema penal cubano, y qué se prevé perfeccionar?

—La fortaleza radica en las garantías legales esenciales mediante las cuales la persona, cuando es detenida, queda a cargo de una autoridad, y su proceso constituye una prioridad para el juez, de modo que el tiempo en prisión preventiva sea el menor posible.

«El sistema penal cubano se caracteriza por contar con alternativas que perciben la prisión como último recurso, sin que esto implique subestimar la peligrosidad social de un delito. Se trata de no sacar a la persona de su entorno social, donde ocurren su reivindicación y reeducación».

La jueza informó que para los próximos años una de las líneas de trabajo en las que se piensa consiste en diversificar las sanciones subsidiarias a la privación de libertad, de manera tal que el tiempo en prisión sea el mínimo, teniendo en cuenta el valor de los procesos reeducativos.

Lo que impone el mundo laboral

¿Qué papel debe asumir un abogado en Cuba que esté relacionado con el mundo laboral?, indagamos con Vivian Aguilar Pascaud, presidenta de la Sala de lo Laboral del Tribunal Supremo de la República de Cuba.

«El proceso de actualización del modelo económico implica cambios en el contexto de las entidades laborales, pero también un reacomodo de la legislación laboral. Eso está signado por la revisión de plantillas que estuvieron sobredimensionadas durante años.

«En medio de este proceso de disponibilidad laboral, el espíritu de las normas puestas en vigor tienen como centro al ser humano. La dirección del país, hasta el límite objetivamente posible, está garantizando que ningún trabajador que cese en su vínculo laboral por razones organizativas o de estructura, quede abandonado a su suerte».

—La realidad generará múltiples demandas ¿Cómo se están preparando ustedes para ello?

—El desafío es ser profesionales, alcanzar un correcto dominio de la ley e interpretarla en consonancia con lo que la voluntad del país exige. Por otro lado se precisa de una actitud ética, profesional y orientadora hacia todo ciudadano que solicite un servicio.

«El reto es ser fieles veladores de todo el que, de un modo u otro, intervenga en un proceso de disponibilidad. El reto es hacer cumplir las regulaciones establecidas, las cuales indudablemente se traducen en garantías para los trabajadores».