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El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, presentó el informe sobre el bloqueo económico y comercial de Estados Unidos sobre Cuba, impuesto en 1962 y que próximamente será sometido a debate en la Asamblea General de la ONU. Autor: Roberto Suárez Publicado: 21/09/2017 | 05:01 pm
El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba, ha ocasionado unos 751 363 millones de dólares en daños económicos directos durante sus 50 años de aplicación, informó este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla.
En conferencia de prensa donde presentó el Informe cubano a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la necesidad de poner fin a esa política, el Canciller explicó que la cifra tiene en cuenta los procesos de inflación de los precios minoristas de Estados Unidos y la devaluación del dólar frente al oro, más de 30 veces desde 1961 a 2009.
Rodríguez Parrilla alertó, no obstante, que esta cifra sigue siendo conservadora, porque no puede medirse el sufrimiento infligido a las familias cubanas. «Al mismo tiempo nadie podría calcular con rigor el efecto disuasivo que tiene la aplicación extraterritorial del bloqueo, la persecución de transacciones financieras y de negocios de compañías de terceros países con Cuba», aseguró.
El Ministro indicó que las leyes del bloqueo siguen vigentes e intactas y se han aplicado con todo el rigor durante la actual administración norteamericana, a pesar de que el jefe de la Casa Blanca, Barack Obama, prometió un cambio de política hacia la Mayor de las Antillas. Rodríguez Parrilla se refirió a la continuidad de las sanciones a empresas que se atreven a comerciar con Cuba, y el reforzamiento de la persecución a toda actividad empresarial y a las transacciones financieras, incluso de bancos de terceros países.
Al respecto, el titular ejemplificó que la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro) multó con 5 750 000 dólares, en agosto de 2009, al Australia and New Zealand Bank Group Ltd por involucrarse en transacciones financieras relacionadas con algunos países sancionados por Estados Unidos, entre ellos Cuba. Igualmente, esta dependencia —a la que el aparato norteamericano destina un grueso por ciento de su presupuesto para perseguir las transacciones comerciales y financieras de Cuba, en una medida solo comparable a la persecución del lavado de dinero, narcotráfico u operaciones financieras relacionadas con el terrorismo—, le impuso al Credit Suisse Bank, en diciembre de ese mismo año, un castigo por valor de 536 millones de dólares, por violar las disposiciones del bloqueo.
Entre los ejemplos que evidencian lo criminal de esta política, Rodríguez Parrilla mencionó el hecho de que Cuba no pudo seguir comprando Dactinomicina, un citostático para el tratamiento de sarcomas (neoplasia maligna que se origina en el tejido conjuntivo, como pueden ser huesos, cartílagos y vasos sanguíneos), porque la compañía Lemery, de México, fue comprada por la transnacional israelí TEVA, de capital norteamericano.
El Instituto de Oncología y Radiología no puede emplear placas de yodo radioactivo en pacientes con retinoblastoma (tumor congénito que crece en la retina) porque estas solo pueden ser compradas en Estados Unidos. Esa tecnología es fundamentalmente de uso pediátrico.
Cuba tampoco tiene acceso al Temozolamide (Temodar), citostático específico para tumores del sistema nervioso central, que afecta aproximadamente a 250 pacientes anuales, de los cuales alrededor de 30 son niños.
En cuanto al bloqueo y la política de subversión, Obama ha quedado muy por debajo de las expectativas que se habían creado en la comunidad internacional y en la propia opinión pública norteamericana, afirmó Rodríguez Parrilla.
Ante decenas de periodistas extranjeros y nacionales, el Canciller explicó que Obama no ha utilizado sus amplias prerrogativas constitucionales que, aunque no le permiten eliminar la política de bloqueo, sí le dan la posibilidad de introducir modificaciones sustanciales en varios aspectos de la misma, con decisiones ejecutivas, dispensas o licencias, y sin la intervención del Congreso.
Aseveró también que pudiera modificar la aplicación del bloqueo durante un tiempo parcial o total, en función de razones humanitarias, de las cuales tendría muchísimas Obama, recalcó, porque el bloqueo «es una terrible violación sistemática, flagrante de los derechos humanos de todos los cubanos, incluidos los sectores más vulnerables de cualquier sociedad».
Indicó que podría alentar al Congreso de EE.UU., donde ocurre un debate activo con relación a los temas del bloqueo, a que se impulsen iniciativas legislativas, sobre todo cuando en estos momentos existe gran consenso en la sociedad norteamericana a favor de terminar con la política de cerco y hostilidad.
Comentó que con solo una firma, Obama puede flexibilizar o eliminar las prohibiciones del uso del dólar en las transacciones internacionales de Cuba; autorizar la importación de medicinas y productos médicos de origen cubano y los pagos correspondientes a los exportadores cubanos; eliminar las prohibiciones a las empresas de la Isla para transportar visitantes entre ambos países...
Otro paso positivo, según el Canciller, sería la eliminación de las prohibiciones de viajes de los ciudadanos estadounidenses a nuestro país. De los 1 108 900 000 dólares perdidos en la industria turística cubana como consecuencia del bloqueo, 1 030 millones son por ingresos no recibidos debido a la oposición de Washington a que norteamericanos visiten la Isla.
Rodríguez Parrilla destacó que el bloqueo no solo es una gruesa violación del derecho internacional, de los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas y de las reglas del comercio internacional, sino también «una amenaza permanente contra la estabilidad de un Estado soberano. Es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todo un pueblo, califica como acto de genocidio (…) y viola los derechos constitucionales de los ciudadanos norteamericanos y los derechos soberanos de muchos Estados en su aplicación de extraterritorialidad».
El bloqueo no solo es una política criminal, sino un remanente directo de la guerra fría, aseveró. Es, además, una política fracasada, pues no ha llevado a los sectores dentro de Estados Unidos que la impulsan, ni un milímetro más cerca de los objetivos que persiguen con su utilización. Cualquier política que fracasa por 50 años merecería ser revisada. Es ilegal y moralmente insostenible. Es, sin la menor duda, el principal obstáculo al desarrollo económico de nuestro país, aseveró.
Reiteró que EE.UU. debe levantar esa medida de manera unilateral, sin imponer condiciones a la Isla. Quienes se empeñan en mantener el bloqueo pierden una oportunidad de cambio y persisten en un error, aseguró.
El próximo 26 de octubre, los miembros de la Asamblea General de la ONU votarán por decimonovena ocasión consecutiva la mencionada resolución, que el año anterior recibió el apoyo de 187 naciones y el rechazo de solo tres (EE.UU., Israel y Palau).
