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Apostar a una comercialización diferente, que rompa con la diversidad y apunte a un mercado único, es una propuesta atrevida en el dilema alimentario de Cuba hoy

SI los genios de los cuentos dejaran de ser utópicos y salieran de sus lámparas a la hora del fogón, un deseo unánime movería sus poderosas varas para hacer compatibles los precios del mercado agropecuario con las posibilidades adquisitivas de la media de los cubanos.

Pero como reveló nuestro periplo por varias provincias: no hay soluciones mágicas para el asunto. Ni se resolverá por decretos fijándose precios topados, como se hizo cuando en 1999 se crearon los Mercados Agropecuarios Estatales (MAE).

El Estado tiene que crear sus reservaspara incidir en el mercado, y si faltaun producto ofertarlo y de esa maneraregularlo, afirma Armando Nova, investigadordel CEEC. Mucho menos exigiéndoles a los productores la concurrencia a las plazas comercializadoras, o manteniendo o estableciendo nuevos y más absurdos límites que los hasta ahora existentes, queriendo bajar por decreto, lo que solo pueden descender con mayores producciones y un mercado más coherente.

Mientras esto suscita grandes polémicas, de mano en mano productores, vendedores e intermediarios se pasan la responsabilidad de quién exprime más los salarios de la gente a costa de excesivas ganancias. Hay una tesis repetida: el que comercializa se lleva la mayor tajada.

El holguinero Yunior Pérez Pupo enrojece cuando le preguntamos por qué vende tan caro sus productos en el mercado de Cuatro Caminos. Lo primero que nos dice es que vive alquilado en la capital, donde «hay que lucharla duro».

Nos invita a sumar y comienza por los 170 pesos de impuestos que aproximadamente paga al mercado todos los días, venda o no su mercancía; para cubrir el importe de las ventas, el espacio y la tarima.

Añade 30 pesos que también abona diariamente por su espacio en el almacén del propio lugar, para poner a buen recaudo los productos que no tienen salida y a los cuales no les baja sus precios porque pierde ganancias.

«Es verdad que gano 450 o 500 pesos semanales, pero a las cinco de la madrugada ya estoy trabajando todos los días para que los camiones de los guajiros me surtan. Si me quedo dormido, no me toca nada o lo peor. El quimbombó que estoy vendiendo a diez pesos la libra, me costó siete, y a la piña le gano dos pesos por unidad».

En un sondeo de opinión realizado por JR en distintas provincias del país, repetidamente los encuestados manifestaron descontento por los precios caricaturescos de los alimentos ofertados en los mercados agropecuarios regidos por la ley de la oferta y la demanda.

Pero este fenómeno de la comercialización es solo la cresta del iceberg o la punta de la soga —como nos dijo alguien— de un modelo agrícola flagelado por muchas causas que impiden elevar los niveles productivos.

¿Cuándo bajarán estos precios? Cuando la calidad de un producto disminuye, se debe bajar su precio. Pero estocasi nunca se cumple.

La filosofía de que «este es mi precio, si te gusta lo compras; si no, te vas», sustentada en fórmulas aplicadas para beneficiar más al comerciante que a los propios productores, se repite de región en región, como una pandemia.

Es reclamo popular la implantación de una verdadera diversidad de precios, imprescindible para satisfacer las diferencias económicas de la población y revitalizar los salarios, sin tener que aumentarlos.

Para que el escenario de los mercados agropecuarios se vuelva benévolo con el consumidor, se precisa tomar medidas que neutralicen un grupo de factores que actualmente limitan la producción y la oferta.

«Hay que estimular, no obligar ni mucho menos, a que todas las formas productivas participen en el mercado, para desatar la competencia y que las tarifas desciendan», señala Rafael Bonilla, un parcelero habanero que no tiene contratos con Acopio.

«Lo ideal —dice el productor matancero Segundo Martínez— sería que el agricultor fuera directamente a vender sus cosechas, o un representante comprometido con él y la base campesina.

«Pero eso no da negocio. Hay que abandonar la finca para pararse un día entero detrás de una tarima y buscarse líos con los que se creen dueños de los precios y no te dejan vender por debajo».

Otra medida para oxigenar la comercialización pudiera ser, de acuerdo con el criterio de algunos expertos, la unificación de mercados, que además de alimentos liberados, comprenda la venta de insumos productivos, bienes de consumo personal y artículos duraderos.

No pocos insisten en que los mercados regidos por la ley de la oferta y la demanda, administrados por Comercio Interior, no deben desaparecer, a pesar de que les sobran detractores a causa de sus tarifas altas.

«No es quitarlos, como algunos sugieren. Se trata de controlarlos para que no se violen reglas que adulteran la contabilidad», afirma Adalberto, un tarimero de Santiago de Cuba, quien advierte que el impuesto por Declaración Jurada se realiza a veces de forma arbitraria, sin tener en cuenta las ventas diarias.

Eloína Cutiño, quien para lidiar con su diabetes gasta cerca del 50 por ciento de sus ingresos, que rondan los 800 pesos, prefiere ir al Mercado de 19 y B, en el Vedado capitalino, donde las tarimas se parecen a las películas, según su propia descripción.

«Si vas a un MAE o a un Punto de Venta los precios son muy parecidos a los vigentes en los mercados de oferta y demanda, sin la calidad, surtido y sistematicidad de estos últimos», precisa.

«El mercado del EJT es la opción más barata, pero a veces lo barato sale caro cuando tienes que tomar un auto y pagarlo, porque este no está a la vuelta de la esquina. Tampoco los productos de ese lugar tienen siempre la calidad óptima. Cuando sacas cuentas, compras más cáscara que boniato. Prefiero ir al mercado caro y pagar lo bueno».

Para aquellos que, a diferencia de Eloína, no pueden darse el lujo de comprar en los mercados más costosos, la opción de los administrados por el Ejército Juvenil del Trabajo, con precios por debajo incluso de los mercados topados, podría ser la ideal.

Pero «podría» no quiere decir «es». En la capital solo existen nueve unidades de este tipo, y están concentradas en tres municipios: San Miguel del Padrón, Diez de Octubre y Plaza de la Revolución.

De este último territorio, JR visitó esta semana el conocido como agro de Tulipán. Allí, comprobamos la diferencia de precios con productos que antes habíamos visto en mercados de oferta y demanda. El tomate estaba a dos pesos la libra; el pimiento, a tres; la cebolla, a 4.50; la malanga, a 2.10, y el ajo, a 1.30 cada uno.

Estos mismos artículos los ofertaban los mercados privados a tres, cinco, seis y cuatro pesos respectivamente, y el ajo, a tres pesos la unidad. La diferencia, si se compra solo una libra de cada artículo y una cabeza de ajo, es de ocho pesos.

No obstante, algunos aseguran que los agros del EJT no mantienen la misma calidad de hace algunos años. Margarita Barrera, vecina de la localidad, en Tulipán, casi siempre compra las ensaladas: tomate, pepino, remolacha...

«Pero para comprar las viandas: el boniato, la malanga, el plátano, y sobre todo la carne, tengo que ir al de los privados. Aquí los hay, pero en menos cantidad, y a veces se acaban. Si no, tengo que hacer una cola muy grande y no siempre puedo esperar».

Un joven que estudia Economía, asegura que las mercancías del agro son costosas en la mayoría de los mercados, ya sean administrados por el MINCIN o por la Agricultura, y por decreto eso no va cambiar.

«Mientras más productos y productores acudan a un mercado único regido por la ley de la oferta y la demanda, mayor será la flexibilidad de la oferta, y motivará un descenso de los precios.

«Pero hay que tener en cuenta el impacto que esto ocasionaría en los consumidores de bajos ingresos, pues los requerimientos diarios de la mayoría de la población se completan con los productos que se adquieren en los mercados agropecuarios», advierte.

Las mayores ganancias van a parar alos bolsillos de los intermediarios,cuando los productores son quienesmerecen los mayores márgenes, reconoceJuan Pérez Lamas, viceministrode la Agricultura. Foto: José M. Correa Es imposible comercializar lo que no se produce. Esta verdad de Perogrullo es repetida por campesinos, tarimeros y académicos, de modo que parece ser el quid de que hoy los cubanos estemos pagando por los productos del campo cifras incompatibles con nuestros salarios.

Estudiosos del tema, entre ellos el doctor Armando Nova, profesor e investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana, reconocen la existencia de una serie de limitaciones que restringen la oferta, principalmente factores que coartan la producción y crean una serie de barreras de acceso al mercado.

«El problema de la comercialización no esta aislado. Pertenece a un ciclo económico-productivo real y objetivo que contempla la producción, distribución, cambio y consumo», afirma Nova, quien califica como elemento determinante la producción, y no deja de resaltar la importancia del consumo, sin caer en el consumismo.

«Los problemas en Cuba, aunque tienen dificultades en la circulación, entiéndase comercialización, no son los problemas fundamentales. No producimos lo suficiente, ni en cantidades, ni en tiempo, ni espacio.

«Además, dentro del ámbito de la distribución, el cambio y el consumo, hay prohibiciones añadidas que conspiran contra nosotros mismos. Uno de estos tabúes es no reconocer la existencia del mercado.

«Entendemos que debe haber una especie de compatibilidad, relación entre la planificación y el mercado, como precepto del sistema socialista. Pero eso no significa que a través de esa planificación, bajo las relaciones mercantiles presentes, neguemos ese mercado. Lo que hay es que utilizarlo.

«No se trata de dejarlo suelto, porque se convierte en aberrante. El Estado tiene que velar y ser facilitador para que eso no ocurra, y no encuentre su peor expresión a través del mercado negro, como sucede hoy no solo en la agricultura, sino también en casi todos los sectores de la economía».

Nova insiste en que el Estado tiene que ser muy observador y crear sus reservas para incidir en el mercado, y si falta un producto ofertarlo y de esa manera regularlo. Propiciarles más espacio a los productores para de ese modo estimular la producción nacional.

«En torno a esto hay también un problema de propiedad, que no pone para nada en peligro el sistema socialista de acuerdo con el modo en que se maneje», considera el especialista, quien recomienda darle espacio a otras formas de posesión de tierras.

«Ni Marx ni Engels, aunque siempre priorizaron la forma cooperativa de propiedad, estuvieron en desa-cuerdo con las formas de propiedad individual o privada, lo que sí repudiaron fue la explotación del hombre por el hombre, inherente a la propiedad capitalista».

El mercado libre agropecuario presenta también dificultades en su forma de funcionamiento, pues en sentido general marcha bajo formas oligopólicas o monopólicas, revela Nova en su libro La Agricultura en Cuba, evolución y trayectoria (1959-2005).

Pero esto no se puede combatir de otra manera que no sea produciendo, aclara el investigador.

«Ni siquiera los precios topados, fijados por los Consejos de la Administración de cada provincia, han acabado con este fenómeno.

«Por lo general, estos se determinan eligiendo un por ciento por debajo de los precios que se registran en el mercado de oferta y demanda. Pero en ocasiones, suelen ser iguales o superiores a los de estos mercados caros, ya que la decisión sobre el descenso no se realiza con la suficiente agilidad con que se mueven en los mercados libres».

Conocedores del asunto llaman la atención sobre las estadísticas que muestran la presencia cada vez más ascendente del Estado en la comercialización. Advierten que en realidad es Acopio quien le compra a UBPC, CCS, le exige también a productores aislados, aunque con menos resultados, y vende a precios casi monopólicos tanto los productos agrícolas como pecuarios.

Esto ha traído como consecuencia que los productores privados disminuyan sus ofertas, al no sentirse estimulados a producir, y participan cada vez menos en el proceso comercializador donde los precios tienen efecto de estímulo.

Según Nova, Acopio tiene que tener un espacio, igual que el productor individual, la CPA, la CCS. Mientras más acudan al mercado será mucho mejor, porque así disfrutan de esos precios que son altos en estos momentos. En la medida que eso ocurra esos valores disminuirán.

«Hay que descentralizar decisiones —advierte el experto—, sobre todo en lo que respecta al papel que los productores deben asumir. Los territorios están urgidos de buscar sus propias soluciones. Esto implica un cierto nivel de autonomía.

«Y además, combinar mejor los factores productivos e incrementar las relaciones horizontales. En ocasiones, existen en un mismo municipio varias empresas agrícolas, sin embargo no se relacionan. Eso tiene que cambiar».

«No creo que sean los intermediarios los principales responsables de los precios altos. Ellos realizan un trabajo necesario, que en buena lid le corresponde a Acopio, pero por las ineficiencias y necesidades que enfrenta este organismo, le es imposible hacerlo con sistematicidad», considera el cooperativista habanero Mario Carvajal.

«No es arremeter contra los intermediarios, que en definitiva surgieron por la necesidad. Mientras no seamos capaces de desplazarlos con todas las de la ley, debiéramos organizarlos y, como a los tarimeros, cobrarles un impuesto», sugiere.

Entre los intermediarios, los más cuestionados, tanto por productores como por los consumidores, son las empresas de Acopio municipales. Estas legalmente tienen un margen de ganancia aproximadamente de un 27 por ciento, pero según algunos campesinos y ubepecistas, ganan en determinados productos tres o cuatro veces más que ellos.

Hay quienes recomiendan sacarlo de la cadena comercializadora, aduciendo que sería un alivio para la agricultura. Mientras criterios más atinados reconocen su papel de balancista en el sistema.

Herminio Ravelo, director de Acopio en Güira de Melena, admite que aunque tienen detractores, estas entidades son garantías de mercado y precios estables.

Entre los asuntos pendientes para mejorar la eficiencia, aludió la siembra escalonada y en correspondencia con la demanda, para evitar los picos que provoca el rechazo de productos. También requieren de una industria que procese los excedentes y soporte los disparos de las cosechas de hortalizas.

«El tomate, por ejemplo, se nos ha convertido en un problema en determinados momentos. A veces estamos sobresaturados, y lo mismo en Acopio que en el campo se nos echa a perder por carecer de envases.

«Hay que ratificar lo que se siembra. Eso significa estimar la producción para que después no te sorprendan los volúmenes que se obtienen», agrega.

Cuando en 1999 surgieron los Mercados Agropecuarios Estatales (MAE), no pocos pensaron que el momento del descenso de las tarifas en los agromercados había llegado, entre otras cosas porque estos aparecieron con aires sempiternos de respetar la ley y el orden.

Con el surgimiento de este tipo de mercado, se pretendía implantar una forma nueva de medir y exigir el trabajo de la agricultura en la producción de alimentos, a través de la calidad, la variedad y los precios de los productos en dichas unidades.

Hubo hasta quienes pensaron que paulatinamente estos absorberían a los más veteranos, regidos por precios de libre formación, al proponer precios topados, aprobados mensualmente por los Consejos de Administración Provincial y donde no se admiten intermediarios.

Los MAE tenían un número clave: 4447, que no era más que la cantidad de mercancías que debían garantizar. Cuatro variedades de viandas, cuatro de frutas, cuatro de granos y siete de hortalizas.

Pero, a pesar de los esfuerzos y la atención brindada por la dirección del país, nunca estos mercados han podido sustituir a sus contrincantes de oferta y demanda. No en sus precios (que sí son más baratos), sino en variedad y calidad de los productos que brindan.

La política del Ministerio de la Agricultura fue ir aumentando la cifra de MAE siempre que previamente se cumpliera la condición de contar con la garantía de los productos. Pero las aspiraciones no llegaron a materializarse. En 2004 había 874 en el país, y la idea era llegar a más de 900 ese año. Hoy solo existen un poco más de 550.

Moldeados por cortapisas materiales y subjetivas en los casi dos lustros transcurridos, los mercados estatales pueden definirse —según nos dijo el consumidor Francisco Hernández— como «lugares mal abastecidos, carentes de calidad y variedad».

La falta de concurrentes y la llegada tardía de los listados con los precios, son algunos dilemas mencionados por los administradores de estas entidades.

«Los MAE les dan mucho trabajo a las empresas que los atienden, si de verdad se chequean como hay que hacerlo», asevera un representante de Acopio de una empresa.

«Para que no se desvíen los productos a otras plazas con precios de libre formación y se cumpla todo lo estipulado hay que supervisarlos constantemente, y eso se va de la mano con frecuencia, porque mientras existan varios tipos de mercados la gente prefiere suministrar al mejor postor».

Juan Pérez Lamas, viceministro de la Agricultura, señala entre las debilidades de la comercialización primeramente los bajos niveles productivos.

«Siempre digo que no se puede comercializar lo que no se produce. Pero aun así, con esos volúmenes que no satisfacen la demanda, existen muchas formas para comercializar y eso enrarece el proceso.

«Tenemos una debilidad, que no hay que esperar a aumentar los niveles productivos para erradicarla, y tiene que ver con los distintos precios de un mismo producto. Por ejemplo, el tomate de primera calidad puede costar tres pesos la libra en el mercado de precios de libre formación y un peso menos en el MAE. Eso genera un ruido inconveniente para la comercialización, que entre otras cosas genera el cambalache».

Lamas precisa que es necesario que todos los mercados sean de las bases productivas y no de los intermediarios. Aclara que no a todos los agricultores les es atractivo actualmente asistir al mercado por muchas razones, entre ellas deshacerse de sus responsabilidades en el surco.

El funcionario aclaró que los productores tienen todo el derecho para nombrar a quienes los representen en el mercado, y que por lo regular esos no son los intermediarios desa-rraigados que acaparan enjundiosas ganancias.

«Las bases productivas nuestras cuentan con agricultores serios que siempre necesitan ganancias y a la mayoría le gusta obtenerlas sin abusar del pueblo.

«Tenemos que motivarlos a participar en el mercado, porque hay una realidad muy penosa y es que actualmente las mayores ganancias van a parar a los bolsillos de los intermediarios, cuando en realidad los que invierten en la producción son quienes merecen los mayores márgenes».

Al referirse a la unificación del mercado, Lamas dice que es una medida necesaria. Comprende que los de precios de libre formación estimularían más la producción de alimentos.

«Si eso ocurriera habría que proteger ante todo a las personas de bajos ingresos, ya sea asignándoles viandas por la canasta básica o aumentando sus ingresos».

Describir los problemas de la tierra y los hombres que la labran es más fácil que hacerla parir con eficiencia. Eso sentimos quienes tratamos de acercarnos al surco y las tarimas buscando respuestas ante los riegos de inseguridad alimentaria.

Al final de este viaje resumiríamos que la agricultura nuestra necesita inversiones para salir del colapso en que está sumida por azotes económicos, climáticos y mentales. Pero en mayúsculas escribiríamos que, unido a cada recurso que para ella se disponga, se diseñen políticas que respondan a lo posible.

El poder local reclama espacio y autonomía para sumarse a esta cruzada contra la infertilidad de los suelos; las tierras ociosas, brazos que las fecunden. Y un montón de limitaciones, tal vez insoslayables en otros tiempos, aguardan por una nueva mirada más objetiva.