Acuse de recibo
Hay respuestas que, inevitablemente, merecen observaciones críticas de este redactor, en aras de la agilidad, transparencia y profundidad en el tratamiento a lo que aquí se revela públicamente.
Ese es el caso de la carta de Samuel Calzada Deyunde, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Bayamo, recibida en esta sección el pasado 7 de enero, con respecto a la denuncia de Juan Antonio Rosales, trabajador por cuenta propia en la modalidad de operador de audio en la propia ciudad, reflejada aquí nada más y nada menos que el 25 de mayo de 2018: ¡Siete meses y medio para responder!
Entonces Juan Antonio denunciaba morosas irregularidades por parte de la Dirección Municipal de Cultura de Bayamo en los pagos que le debía por sus servicios de audio, toda vez que ambas partes habían suscrito un contrato que establecía: «El cliente abonará al prestador la cifra fijada por cada trabajo realizado en un plazo de un mes. Si el cliente violara este acápite, está en la obligación de abonarle al prestador el dos por ciento por cada día de mora».
Juan Antonio añadía que «no hacen el pago por mora, y mucho menos pagan en tiempo y forma». Y subrayaba que «lo único que obtengo por respuesta es que el Departamento Económico del Gobierno municipal no pone en tiempo y forma la cifra monetaria para estos pagos».
A propósito, en su respuesta Calzada Deyunde afirma que «en los análisis realizados con la Dirección Municipal de Cultura en Bayamo, asume que es cierto que se ha sido moroso en los últimos meses en el pago de los servicios contratados a trabajadores por cuenta propia que tienen contrato con esta entidad como operadores de audio, y de los cuales se ha obtenido el servicio cuando se ha solicitado».
Y refiere que «sin ánimo de justificarnos, le explicamos que se han confrontado problemas objetivos, que han dado lugar a esta situación económica, y que se está trabajando por revertir la misma; muestra de ello es que ya se hizo el pago al reclamante y al resto de los afectados. Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas en ese sentido, y concluimos su caso con razón y solucionado», concluye.
Si hubiera sido al revés, si Samuel hubiera incumplido con sus obligaciones fiscales, hubiera transgredido el contrato o se hubiera excedido en sus atribuciones, ¿qué hubiera sucedido?
No se explica en la carta cuáles fueron los «problemas objetivos» que impidieron pagarle al trabajador por cuenta propia, en violación del contrato por parte de la Dirección Municipal de Cultura, la cual, por cierto, no asume su derecho y su deber de responder en este caso.
Precisamente las entidades estatales y públicas, incluidos los gobiernos territoriales, son los primeros que deben cumplir disciplinadamente y a tiempo con las obligaciones contractuales y económicas.
¿Por qué no por teléfono?
Hoy que los celulares inundan la comunicación, Jorge Gómez Manzano, desde calle 18. No. 162, apto, 2, entre 13 y 15 en el Vedado capitalino, reivindica la necesidad de que las entidades estatales y públicas atiendan las llamadas en sus teléfonos fijos.
Según el remitente, se está generalizando en no pocas entidades la práctica de no atender estas llamadas ni de aceptar gestiones por teléfono. Es como volver al pasado remoto, cuando todas las gestiones había que hacerlas con la presencia personal, trasladándose los solicitantes al lugar, y que hoy implican una agonía en transportarse y ausentarse del puesto de trabajo.
«Ya resulta una asombrosa y muy agradable sorpresa, refiere, recibir respuestas a las llamadas que hacemos a oficinas, tiendas, mercados, farmacias, ópticas, hospitales, ortopedias y hasta funerarias.
«Y aunque no lo parezca, no tener telefonista cuesta, y mucho, en abuso y destrucción del transporte, y en miles de horas laborables o de descanso perdidas por gestiones, que deberían resolverse en pocos minutos con sencillas llamadas telefónicas».
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