Acuse de recibo
El 5 de noviembre de 2017, desde el central Cristino Naranjo, en el municipio holguinero de Cacocum, Ramón Gavilán Durán reveló que le amputaron el pie derecho en 2002 y desde entonces es pensionado, al igual que su mamá, con quien vive en una casa declarada con peligro de derrumbe desde 2011.
Contó que había tramitado con las autoridades municipales un subsidio para reparar la casa, sin respuesta efectiva. Decía que solo lo visitó una funcionaria de la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) quien le informó que su caso estaba en la computadora. Para más, a Ramón hacía tres meses que le habían amputado la pierna completa. Solicitó una silla de ruedas, los de la Aclifim allí la gestionaron y no se había podido resolver.
Responde Amado Luis Parente Martínez, vicepresidente del Consejo de la Administración Municipal (CAM) de Cacocum, que existe expediente de solicitud de subsidio por Ramón, del 21 de agosto de 2013. Fue registrado por Blanca Ricardo Mojena, técnica de la extinta Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda (UMIV) y presentado al CAM el 22 de octubre de 2013.
Y el caso se reconsideró, pues Blanca, erróneamente, consignó como titularidad un contrato de compraventa, cuando era vivienda vinculada, perteneciente a la entonces empresa azucarera Cris-tino Naranjo. Si se hubiera aprobado el subsidio, solo lo amparaba una conservación menor, que no solucionaría el deterioro existente.
Precisa que, tras estudiar los expedientes pendientes por financiamiento, se presentaron estos al CAM, justancia que determinó, por Acuerdo 544 de 1ro. de septiembre de 2017, denegar la solicitud de Ramón, por faltar la documentación requerida para otorgarle el financiamiento a una reposición. O sea, el reglamento para otorgamiento de subsidios exceptúa de esos beneficios a los ocupantes de viviendas vinculadas.
En cuanto a que solo la funcionaria de la DMV los visitó, apunta que es falso: Parente, junto a los presidentes del Consejo Popular y la Aclifim, se personó allí. Fueron atendidos por madre e hija, y comprobaron que la casa está en peligro de derrumbe.
Por ello la UEB Industria Azucarera Cristino Naranjo solicitó el cese de vivienda vinculada mediante Resolución 785 de 27 de diciembre de 2016. Pero la DMV no puede legalizar la vivienda, teniendo en cuenta que esta ofrece peligro para la vida de las personas que la ocupan.
Apunta Parente que, a raíz de lo revelado en Acuse el 5 de noviembre, él fue a casa de Ramón, junto al director de la DMV y la técnica de esta entidad. Y comprobaron allí el delicado estado de salud de este, pues le amputaron, además de la pierna derecha, el talón del pie izquierdo. Y su anciana madre no tiene fortaleza para lidiar con los esfuerzos que implica una persona con tales discapacidades.
Por ello, afirma, les orientaron mudarse con un familiar y solicitarle a la Dirección de Planificación Física la demolición de la vivienda, para que posteriormente se les asigne un terreno, con la documentación o resolución de Derecho Perpetuo de Superficie (DPS). Y así podrán recibir la ayuda que solicita.
Añade que se evaluó el caso, y se presentaría la propuesta el 6 de diciembre pasado en el CAM dentro del plan nominalizado de Vivienda para 2018. El ejecutor sería la Unidad Cacocum de Umbrales.
En cuanto a la silla de ruedas, acota que la Dirección Municipal de Salud gestionó una con el hogar de ancianos Jesús Menéndez, en calidad de préstamo hasta que llegue la que se le solicitó. Y se le gestionó una silla de baño.
También el Director Municipal de Trabajo y Seguridad Social informó que Ramón y su mamá reciben cada uno una pensión de 220 pesos. La trabajadora social lo atiende y tramita sus necesidades. Es un caso crítico, pero aún no había sido posible la entrega de recursos, pues el municipio había ejecutado el ciento por ciento del Presupuesto de 2017, y está entre las prioridades de 2018.
Agradezco la respuesta y, sobre todo la atención al caso posterior a la publicación. Pero de la cronología de los hechos se desprende que el CAM de Cacocum no atendió a tiempo, y con variantes efectivas, la solicitud de un caso tan crítico y urgido.
Ramón solicitó subsidio el 21 de agosto de 2013. A más del error en el proceder de Blanca, que debió haberse verificado por sus superiores, el expediente se presentó al CAM el 22 octubre de 2013. Y fue casi a los cuatro años que este vino a denegarlo. Al final, la publicación del caso generó una dinámica de cambio y solución que debió haberse registrado desde mucho antes. Esperamos que en 2018 se cierre esta historia y Ramón no tenga que volver a revelar su angustiosa espera.
Por otra parte, me disculpo con los lectores. Lamentablemente, en la edición de ayer de esta sección, repetí la historia de Isabel Torres Cruz, reflejada el pasado 7 de diciembre. Fue un lapsus mentis entre tantas cartas, en las cuales se repiten similares temas y hasta procederes. Velaremos por que esto no vuelva a suceder.
Les comento, además, que por problemas técnicos la dirección electrónica acuse@juventudrebelde.cu no está disponible en estos momentos, por lo que solicitamos que la mensajería la envíen a lectores@juventudrebelde.cu., y a pepe@juventudrebelde.cu.
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