Acuse de recibo
Las claves de la convivencia —quién no lo sabe— son el respeto mutuo y el reconocimiento de los derechos del otro. Cuando se quebrantan estos pilares, las organizaciones e instituciones sociales han de tomar partido a fin de restablecer la armonía.
Vienen a cuento estas meditaciones tras leer la misiva de Yordanis Gil Sánchez (calle 196, No. 4502, 3er. piso, entre 45 y 47, Versalles, La Lisa, La Habana). Resulta que, según cuenta Yordanis, en su edificio dos vecinos se han arrogado la facultad de tomar decisiones y acciones que violan las atribuciones de los demás moradores.
«Ambos individuos pusieron rejas al último piso, de manera que es imposible acceder a la escalera del techo (…). Etecsa no puede hacer reparaciones de teléfonos porque estas siempre están cerradas. Y hay vecinos con problemas en sus teléfonos», sostiene el remitente.
«De la cisterna de atrás del edificio, que es de todos, se han apropiado y tienen puesto (…) motores independientes, e hicieron cambios en los tanques del techo», agrega el lector, y detalla en su misiva otras violaciones de igual cariz.
¿Qué han hecho ante estos desmanes las autoridades pertinentes, comenzando por el Consejo de Vecinos y las instancias del Poder Popular?
Un techo y el irrespeto, así titulamos el caso de la camagüeyana Celsa Ruz Naranjo (calle Avellaneda No. 359, entre San Martín y San José), una cubana que al momento de escribirnos llevaba más de dos años esperando que repararan en la cubierta de su vivienda lo que indolentemente destruyeron empleados de una brigada de demoliciones, con el fin de desmantelar un viejo almacén contiguo para resolver el problema habitacional de una cuartería.
Un arquitecto del sistema de la Vivienda en el territorio, al día siguiente de la demolición que afectó el techo de la casa de Celsa, le aseguró que le serían arreglados todos los daños. Desde entonces la agramontina y su familia se han enfrascado en gestiones, esperas, peloteos, para al final seguir aguardando en condiciones en que «llueve más dentro que fuera» del hogar.
Autoridades de varias instituciones, entre ellas Planificación Física, el Micons y el Poder Popular, habían tomado cartas en el asunto, pero nada se lograba. Para colmo, la cisterna del almacén estatal aledaño era la que históricamente servía de agua a la familia de Celsa. Tras el proceso de demolición, también se destruyó el depósito y quedaron los vecinos sin este suministro. Además, sus tuberías sanitarias, que pasaban por los predios del almacén de marras, fueron tupidas y destruidas.
Con respecto a esta historia, publicada aquí el 17 de octubre pasado, contestó Leonel del Risco Franco, máxima autoridad de la Dirección Provincial de Vivienda (DPV) en la tierra de los tinajones. Apunta Leonel que «se evaluó críticamente la queja (…) en reunión efectuada por la DPV y la Dirección de la Ecoing-15 (Constructor), asistiéndole toda la razón (a Celsa) sobre las afectaciones que ocasionó la reparación de otro inmueble aledaño a su vivienda».
«En esta discusión —precisa el ejecutivo— estuvo presente la usuaria; se acordó de inmediato hacer levantamiento (…) y entregarle cuanto antes el recurso a la empresa para comenzar el arreglo de los daños ocasionados en la primera crujía: comenzar la ejecución inmediata en el presente mes». Y añade el funcionario que Celsa «estuvo de acuerdo con todo lo acordado».
Agradezco la misiva, que llegó a JR el 30 de diciembre último. Supongo que a estas alturas esté reparado el techo por el que Celsa y su familia llevaban más de dos años penando, debido a la irresponsabilidad de representantes de entidades estatales. Si es así, lo más importante estaría logrado.
Sin embargo, es una lástima que la respuesta de Leonel no explique los pormenores del caso. ¿A qué se debió tanta dilación? ¿Qué medidas se tomaron con los responsables? ¿Cuáles soluciones en el orden de abastecimiento de agua y evacuación de albañales pudo encontrar la familia?
Solo con un diálogo transparente y bien argumentado se fortalece el ejercicio ciudadano y la gestión de nuestras instituciones.
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