Acuse de recibo
Un día emprendedor, Rolando Pérez Abella (Calle 188, No. 3107, entre 31 y 33, Cubanacán, Playa, La Habana) se decide a abrir una cafetería en su casa, apostando, en sintonía con el Gobierno cubano, por la viabilidad del trabajo por cuenta propia.
Va a solicitar la licencia correspondiente a la Dirección Municipal de Trabajo donde, con suma amabilidad, le orientan los pasos a seguir: pedir la licencia sanitaria a la Dirección de Higiene y Epidemiología; luego volver a Trabajo, y por último a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT).
Higiene inspecciona el local, y certifica que cumple los requisitos para la cafetería. Y la ONAT le da la autorización correspondiente. Todo sobre ruedas… Comienza a operar…
A principios de junio, una inspectora de Vivienda se presenta en su casa y le solicita la documentación. Todo está en orden, pero la inspectora le comunica que le faltan las Reglas Urbanísticas. Rolando le dice que en todo el proceso, nunca le mencionaron la necesidad de ese documento para solicitar la licencia.
La inspectora le muestra el documento, y le responde que tiene que pagar una multa de 1 500 pesos. Rolando le pregunta adónde, en el municipio, debe dirigirse para solicitar las Reglas… La inspectora solo responde que debe aplicar la multa, y si no lo hace en ese instante es porque no lleva consigo el talonario. De inmediato, le presenta un documento llamado Levantamiento, y le pide los nombres de los integrantes del núcleo familiar, el número de carné de identidad de Rolando y su firma.
Rolando indaga con otras personas, y le dicen que debe dirigirse a la Dirección de Planificación Física. Va allí y lo atiende una especialista, quien le explica que ese documento ha comenzado a otorgarse hace solo unos días, porque hasta entonces Planificación Física no estaba incluida en el proceso de autorización para las licencias.
La especialista le aclara que él está en ese grupo de personas con quienes no se puede tomar medida alguna hasta tanto se decida qué se va a adoptar.
Aun así, lo envía a ver a la jefa de Enfrentamiento a las Ilegalidades de Vivienda, para que él presente queja del proceder de la inspectora. Pero esta funcionaria le dice que «la multa tiene que proceder».
Rolando habla con un diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, quien le recomienda redactar una carta explicando el asunto; pues él, por su parte, va a hacer averiguaciones.
Como en su condición de diputado este compañero suele reunirse con representantes del Gobierno, le explica a Rolando días después que participó en una reunión donde se analizaron temas del cuentapropismo. Y en ella le informaron que el caso de Rolando entra dentro de un grupo, al cual no se le había entregado el documento ni se le orientó nada al respecto; por lo cual quedan exentos de la aplicación de la multa.
Rolando se dirige a su delegada de circunscripción, que funge como vicepresidenta del Consejo Popular. Ella redacta una carta dirigida a la inspectora, en la cual le explica lo sucedido y le aclara que no debe aplicar la medida en estos casos. Y le responde al afectado que si la inspectora nuevamente lo visita, le presente dicha carta.
Pasan diez días y vuelve la inspectora, acompañada de otra colega. Rolando no está en casa, y ellas alegan que tienen que aplicar la multa. Le dejan un papel para que vaya al siguiente día a la oficina de ellas con carácter urgente. Rolando no va.
«La cafetería funciona —manifiesta en su carta—, he sido inspeccionado por otros compañeros y nadie me ha llamado nunca la atención, pues mantengo el local con la debida higiene y el trato que merecen los consumidores. He pagado en tiempo y forma la retribución. Planificación Física, que es la entidad a la que corresponde la tarea, ya me dio una respuesta. Sin embargo, siento presión. Soy un trabajador honrado y revolucionario que, con su esfuerzo, cree contribuir no solo a mejorar la situación de mi familia, sino también la de mi pueblo».
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