Acuse de recibo
Quienes aprobaron la construcción de 50 viviendas a solo 120 metros de la Fábrica de Tejas Infinitas de la ciudad de Camagüey, sin la licencia ambiental, aún ignoran la queja de Ludisnelda Vázquez, reseñada aquí el 17 de febrero.
Contaba Ludisnelda (Calle 4ta., No. 36, Reparto San Miguel, Camagüey) que su casa y las de otros vecinos se erigieron por el Plan CTC. Relataba sus gestiones en el Gobierno municipal y la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda, al percatarse de que Tejas… generaba serios impactos de humo, sustancias químicas y hollín. Pero tras nueve meses, el CITMA no había hecho el estudio ambiental.
Responde Rogelio León, jefe de la Oficina de Atención a la Población del Ministerio de la Industria Básica, que la queja publicada fue atendida por la Empresa Cubana del Papel, a la cual está subordinada Tejas…, y reafirma que Tejas Infinitas está enclavada allí mucho antes de que se erigiera la citada urbanización, «lo que evidencia que no se tuvo en cuenta por los organismos que aprobaron la construcción a unos 120 metros de la fábrica, que la zona de protección sanitaria es como mínimo de 300 metros».
El problema se atiende por varias entidades, recalca. Se definió realizar el estudio ambiental que, por diferentes razones de carácter objetivo, se retrasó. Ya se concluyó el monitoreo, y arrojó valores aceptables de habitabilidad en el perímetro de la fábrica. Pero reconoce León que las mejoras hasta ahora aplicadas en la industria no han resuelto definitivamente el impacto ambiental, por lo cual hay en proyecto otras acciones, a tono con las posibilidades económicas. Todo ello se le explicó a Ludisnelda, quien «no concuerda con el resultado del estudio, pues se comprobó un nivel de contaminación».
También responde José Castelló, delegado del CITMA en Camagüey, quien considera justificada la queja, y afirma que no hay otra alternativa que seguir dándole atención al asunto, para contribuir al mejoramiento del entorno en todo lo posible. Y precisa que, sobre el otorgamiento de la microlocalización, «el 23 de noviembre de 2005 fue emitida nuestra respuesta, a solicitud de la Dirección Provincial de Planificación Física, sobre 50 viviendas en el reparto San Rafael, en la que se indicó la realización de Evaluación de Impacto Ambiental, la cual nunca fue solicitada por la entidad inversionista. Por tanto, no se emitió la licencia ambiental correspondiente».
Agradezco las respuestas, y todo lo que se haga por revertir el daño ambiental que genera la indisciplina inversionista. Y, por otra parte, ¿quién aprobó la edificación del asentamiento, a solo 120 metros de la fábrica? ¿Por qué calla?
Veintidós vecinos del edificio Raúl Marcuello (Sitios 871, entre Infanta y Ayestarán, Cerro, Ciudad de La Habana), alertan que hace meses la Organización Básica Eléctrica municipal intenta construir, dentro de una maderera colindante, las bases para dos generadores de electricidad de 60 toneladas de peso cada uno, a pocos metros de ese y de otros inmuebles en mal estado constructivo.
Ellos han planteado a la OBE que ese edificio, el más cercano, tiene los cimientos en mal estado, y puede afectarse por esa obra; además de por el paso a su costado de camiones enormes para trasladar los pesados generadores. Poseen un dictamen de la Unidad Provincial Inversionista de la Vivienda que diagnostica el estado crítico del inmueble.
Señalan que el proyecto comenzó hace meses, sin una reunión inicial con los vecinos; lo cual viola el Artículo 11, inciso e) de la Resolución 132 del 2009 del CITMA, que establece la obligación de las autoridades correspondientes de tener en cuenta la preocupación de la ciudadanía, antes de solicitar la Licencia Ambiental en una obra de la magnitud de esta.
También, indican, violaron el artículo 26, inciso q) de dicho cuerpo legal: «No se tuvo en cuenta la opinión de la Dirección Municipal de Planificación Física, como estipula la legislación vigente». Agregan que «la OBE hizo caso omiso a los artículos 84 y 85 del Reglamento del Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental: Se niega a dar a conocer el expediente constructivo del proyecto, alegando que el tema es secreto, lo cual es negado claramente por la ley».
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