Acuse de recibo
Cuando hay negligencias que abruman al ciudadano, es porque no hay controles eficaces. Si bien la revelación pública del asunto —por la prensa u otro canal— desata investigaciones y medidas con los responsables directos de esos dislates, hay que preguntarse si quienes deben fiscalizar el trabajo de sus dependencias subordinadas, no comparten también la responsabilidad.
Lo digo ante la respuesta del ingeniero Gilberto Romero Santander, director de la Vivienda en la provincia de Santiago de Cuba, a la denuncia de Sonia Ofelia Caballero, reflejada en esta columna el pasado 6 de enero.
Entonces Sonia Ofelia, residente en el reparto Vista Hermosa de esa ciudad, revelaba que para convalidar acciones constructivas hechas en su casa, entregó en la Dirección de Vivienda del Distrito 2 de Santiago los documentos requeridos. Y en mayo de 2007, cuando fue a recoger la resolución que legitima, descubrió que habían puesto medidas de su vivienda equivocadas.
El 17 de febrero de 2008, ella aún lidiaba con la resaca del error. Le escribió al Director de la Vivienda en la provincia notificándole «la demora excesiva, el maltrato y los errores cometidos por la Dirección de la Vivienda del Distrito 2». El 13 de mayo de 2008 la denunciante recibió respuesta de la Dirección Provincial de la Vivienda: se reconocían los errores, y aseguraban que ya se habían subsanado. Ya podía ir a recoger la legalización.
Y al obtener el documento, resultó que era el mismo del error. Nada se había hecho; estaba en cero. El jurídico del Distrito 2 le dijo que aguardara: de nuevo medirían su casa. Esperó varios meses y nunca fue nadie. Entonces el yerno de Sonia Ofelia se personó en el Distrito 2, y el director de la Vivienda allí «se desayunó con la historia». Manifestó no tener conocimiento del caso (No es fácil el calvario del tramitante cubano). Aun así, prometió que al siguiente día le medirían la casa.
El 12 de diciembre de 2008, cuando Sonia Ofelia me escribió, aún esperaba por ellos, como si no fueran bastantes el maltrato y la indolencia durante 19 meses.
En su carta, el Director Provincial de la Vivienda aclara que cuando la primera vez le entregan la convalidación a Sonia Ofelia, y ella advierte los errores en medidas, «fue devuelta la Resolución sin notificar, violando lo establecido; cuando lo correcto era notificar e iniciar un nuevo proceso de subsanación de errores». Eso no se hizo. «Sobre una resolución sin notificar se emitió otra: por ahí continuaron los errores».
Precisa el funcionario que, al dirigirse ella a la Dirección Provincial de la Vivienda, se revisó su expediente y se indicó la subsanación de los errores. «Se produjo entonces el mayor problema: al sancionar a la abogada que tenía a su cargo el expediente, la nueva que recibe el mismo, no fue advertida de las irregularidades del proceso y trabajó sobre la Resolución que tenía dificultades. Coincidió con la sustitución del jefe del Departamento Jurídico del Distrito por resultados deficientes. Se dilató la solución definitiva por los problemas organizativos que confrontó el Distrito», afirma.
Fue a raíz de lo revelado aquí, según Romero, que se visitó a la afectada y se investigó todo. Se hizo la medición y se dictó al fin la resolución a la demandante el 8 de enero pasado, a más de las disculpas por «las demoras y molestias ocasionadas debido al actuar negligente de funcionarios de nuestro sistema, con los cuales se adoptaron las medidas de separación definitiva por estas y otras insuficiencias».
Romero dice que se tomaron medidas organizativas y de control para evitar que casos como este se repitan; al tiempo que se realizó un análisis en el área jurídica y la dirección del Distrito, para un control riguroso a todo el proceso de radicación, solución de expedientes y notificación de resoluciones a la población.
Ojalá que así sea, porque el largo martirio de Sonia Ofelia —error tras error e indolencia tras indolencia, que no se pagan ni se evitan con medida alguna al final— es la muestra palpable de que cuando los niveles superiores no detectan ni siguen la trama de lo que sucede, por escasa supervisión y verificación, terminan siendo cómplices de esas negligencias, aun cuando crean que con la expulsión de los emisores se extirpa el mal. De todas formas, saludo la determinación de Vivienda en Santiago de Cuba de enfrentar autocríticamente este episodio.
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