Acuse de recibo
Cuando las entidades cumplan rigurosamente sus compromisos con los ciudadanos, así como se les exige, entonces los ciudadanos confiarán más en ellas y las respetarán más.
Reflexiono así a raíz de la historia de Bárbara Franco, en Santa Cruz del Sur, Camagüey; historia reseñada aquí el pasado 6 de marzo, y que ahora parece encontrar solución, a partir de la respuesta de Pablo Peribáñez, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en ese territorio.
Como antecedente, recordemos: en 2005, el huracán Dennis arrasó totalmente con la casa de Bárbara. Y como parte de la recuperación emprendida por las autoridades municipales, una brigada de la Empresa Pecuaria asumió la reconstrucción de la misma en agosto de ese año. Al mes, al nivel de anilla (cerramento), se retiró hasta noviembre de 2007, cuando se reincorporó y laboró solo ocho días.
Nada más se hizo por Bárbara. Ella y su familia han permanecido hacinados desde entonces en un cuartico improvisado. Desde 2005 han sido innumerables e infructuosas las gestiones hechas en la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda (UMIV).
Bárbara también señalaba que en el Gobierno municipal le manifestaron que «no tienen que ver con el problema, dicho así por una secretaria que responde por su jefe».
Al respecto, responde Peribáñez que «la obra se paralizó en noviembre de 2007 por falta de personal en la brigada de construcción, que además tuvo que asumir otras tareas priorizadas del territorio». Y señala que «fue valorado nuevamente el caso con la Empresa Pecuaria, la cual se comprometió a reiniciarla de forma inmediata, hasta su total culminación». Bárbara fue visitada, y quedó conforme con la respuesta.
Asegura Peribáñez que fueron valoradas también las desatenciones de la UMIV, y los responsables de las mismas ya habían sido separados de la entidad por esos y otros motivos. El tema fue analizado en el Consejo de la Administración Municipal y en la reunión con directores del territorio. Asuntos como ese, tan sensibles, constituyen, según precisa, tarea de control permanente por el Gobierno municipal.
Aclara que en la entrevista con Bárbara, ella «reconoció que erró al informar que una funcionaria del Gobierno le había manifestado que el problema no era de su competencia, pues en este órgano nunca se le dijo esto».
Agradezco la respuesta, y hago votos por que, esta vez, la Empresa Pecuaria cumpla con Bárbara. Aun así, no se detalla por qué fueron interrumpidas las labores en la primera ocasión: septiembre de 2005. En la segunda vez, 2007, se explica que por falta de personal, lo cual no excusa a los constructores del incumplimiento con la ciudadana.
La segunda razón, que la brigada «tuvo que asumir otras tareas priorizadas del territorio», evidentemente escapa a la voluntad de la Empresa Pecuaria, y obedece a decisiones superiores, que deberán tener su explicación allí en el territorio. No obstante, situándome en la angustia de esa familia, que ha vivido casi tres años en la incertidumbre, pienso que la rehabilitación de las viviendas de los damnificados, objetivo esencial de la Revolución, siempre deberá ser una tarea priorizada.
La segunda carta la envía Inés María Entenza, desde calle 219 número 21658, entre 101 y Primera, Cotorro, Ciudad de La Habana. Y cuenta que el 7 de mayo pasado adquirió un televisor marca Phillips en la tienda La Favorita de esa localidad. Y a los cuatro días presentó problemas con el audio.
Inés llamó a la tienda y le dijeron que debía dirigirse al taller correspondiente, que radica en el municipio de Playa. Llamó al mismo, y cuando explicó que era un televisor de 21 pulgadas, le dijeron que debía llevarlo ella misma a ese centro. Inés le explicó al mecánico que quizá fuera un asunto muy sencillo, ajustar un botón... Pero la respuesta fue la misma.
Inés pregunta: «¿Tiene un cliente, después de haber gastado en un equipo 7 500 pesos (300 CUC), que invertir 350 pesos más en él para llevarlo a arreglar a los cuatro días de comprado? ¿La garantía solo radica en que el taller no me va a cobrar el arreglo? ¿Y el viaje no me cuesta? Pienso que si ellos no disponen de un transporte para hacer la reparación a domicilio en estos casos, al menos debían garantizar ese servicio en el área de residencia».
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