Acuse de recibo
Como padre al fin, José Fernando Pérez Montero me escribe en nombre de su decepcionada hija, desde calle Primera número 100, entre Quinta y Sexta, reparto Caymare, en la ciudad de Manzanillo, provincia de Granma.
Refiere José Fernando que en julio de 2006, le ofertaron a la muchacha la carrera de Lengua en Señas, en el IPE José Machado, de esa ciudad. La joven cursó el primer año sin dificultad, y precisamente el primer día del curso 2007-2008, le comunicaron que ya la especialidad desaparece, porque no hay suficiente contenido de trabajo en el municipio para acoger a los que se graduarían.
Ahora le ofrecen como alternativa la carrera de Bibliotecología, pero la muchacha la rechaza porque no le gusta. Cuando pudo hacerlo no la escogió, y ahora solo le ofrecen esa opción por una decisión tomada a espaldas de sus anhelos y los de otros estudiantes.
Con razón, el padre considera que es injusto que se haya hecho un trabajo tan superficial de investigación, al extremo de ofrecer una carrera, levantar expectativas en jóvenes, y luego de que estos vencieran el primer año, vengan ahora a decirles que no hace falta en el territorio.
La segunda carta la envía Ángel Manuel López Acosta, de calle Línea número 3, en el poblado de Jicotea, municipio villaclareño de Ranchuelo.
Refiere el remitente que su abuela Angélica Díaz Armas se encuentra operada hace más de 12 años de un tumor maligno en el colon, por lo cual tiene hecha una desviación o colostomía, y requiere de las bolsas correspondientes para defecar.
Significa que la señora recibía por su tarjetón las bolsas, junto a algodón y alcohol de 90 grados, pero prácticamente ya han desaparecido, excepto el algodón, que se encuentra a veces. La abuela va a la farmacia y le dicen que no hay, sencillamente.
Es cierto que le hacen la gestión con otras farmacias de la provincia, y algunas veces encuentra algunos de esos productos, pero al final es muy inestable el abastecimiento. Ángel Manuel quiere conocer cuál es la razón de que, con tantos esfuerzos que se hacen por la salud del pueblo, y tantos gastos estatales, algo tan necesario para pacientes con ese problema sea tan inestable.
Teresa Hernández Amores, de calle 184 número 40913, en Santiago de las Vegas, municipio capitalino de Boyeros, me narra una increíble historia de maltrato al consumidor o cliente.
Señala Teresa que se le rompió un televisor Panda que adquirió por 300 CUC en una TRD de esa localidad, y aún está en garantía, por lo cual comenzó sus trámites con la esperanza de que todo tendría solución.
El 4 de junio pasado llamó al teléfono que está indicado en el documento de la garantía (204 3333), y allí le comunicaron que en un plazo de 45 días hábiles se lo arreglarían, al tiempo que le dieron el número de reporte 126593.
Transcurridos dos meses, y viendo que no había señal alguna, volvió a llamar y le dijeron entonces que ahora pasaba, como reclamación número 133041, directamente al gerente del taller, en avenida 291, entre 188 y Final, reparto Dignora, y le suministraron el número del teléfono.
Cuando llamó, confiando en las indicaciones que le daban, cuatro personas le salieron al teléfono, y cada una le dijo algo diferente, al tiempo que se transferían la conversación.
Ya han pasado tres meses, y Teresa se pregunta dónde está la seriedad, el respeto y la palabra de quienes deben atender la garantía de su televisor.
No sé hasta cuándo esta sección va a estar haciéndole el trabajo a otros que atienden mal a sus clientes. Ahora podrá venir la respuesta, la solución puntual al caso de Teresa, espoleada por la revelación. Pero uno tiene derecho a preguntarse hasta cuándo se maltratará a los clientes y se faltará a las promesas. ¿Qué garantía tenemos de la susodicha y tan cacareada garantía?
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