Pericia para diferenciar un error de un «horror»

El presupuesto es sagrado, pero no siempre todos los que administran recursos siguen al pie de la letra ese axioma que pudiera ser el primer contén para respetarlo. Quien lo asevera es alguien que ha transitado por la responsabilidad de la fiscalización y el control desde la base a lo largo de muchos años, hasta merecer su actual cargo de vicecontralor general de la República.

Con Reynol Pérez Fonticoba tuvimos un diáfano y exclusivo intercambio, que nos permitió conocer los desafíos que tienen los contralores y auditores para que los recursos del pueblo se administren de forma proba y transparente, y cómo la Contraloría General de República verifica y supervisa el proceso de elaboración, ejecución y liquidación del presupuesto.

El presupuesto es fruto de una ley que aprueba anualmente la Asamblea Nacional del Poder Popular y es patrimonio de todos. Para que este se emplee eficazmente existen mecanismos de control y de participación popular en la sociedad, que puede de manera constante monitorear su salud en aras del bien común. Esta es la primera conclusión de nuestro encuentro.

Pérez Fonticoba explicó que por vez primera, con la creación de la Contraloría General de la República, en el año 2009 se audita el presupuesto con la integralidad que este amerita.

«No existen antecedentes conocidos en Cuba que muestren que se haya auditado de esa manera dicho patrimonio. Con anterioridad se habían auditado las unidades presupuestadas y operaciones del presupuesto o de tesorería en los diferentes niveles que integran el sistema presupuestario en el país, pero no como ahora está concebido.

«A finales del año 2009 coordinamos con los ministerios de Finanzas y Precios, Economía y Planificación, Trabajo y Seguridad Social y el Banco Central de Cuba, para trabajar de conjunto en la preparación de los auditores, conocer las normas, procedimientos de trabajo, y disposiciones jurídicas emitidas por estos organismos, así como para propiciar intercambios de experiencias entre auditores, funcionarios y especialistas de los referidos organismos.

«Sin ese apoyo no hubiera sido posible iniciar estas acciones de control y conocer los principales procesos y actividades que desarrollan, capacitar a nuestro personal y elaborar los programas de auditoría que están en constante actualización, y que no son privativos de los auditores: están a disposición de las administraciones para el ejercicio de autocontrol que deben desarrollar.

«El mayor reto que tenemos con la ejecución de estas acciones de control es que se conviertan en una herramienta para los administradores del presupuesto en las entidades y unidades presupuestadas de base, porque la auditoría no solo es para detectar deficiencias, delitos e irregularidades. Es en primer lugar para elevar la eficiencia económica, y contribuir a perfeccionar la gestión administrativa y el empleo más racional del gasto público.

«Asimismo, contribuye a mejorar la calidad de los servicios sociales presupuestados de educación, salud, cultura, deportes y asistencia social, comunales, entre otros servicios que se brindan a nuestro pueblo».

—Los beneficios del presupuesto muestran su mayor expresión cuando este se concreta a escala local. En los municipios es donde se concibe la materialización de las bondades de estos valores que el Estado destina para la sociedad. ¿Cuáles debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades ha identificado la Contraloría General de la República para asumir la verificación y supervisión del presupuesto?

—Entre las debilidades que más afectan nuestra labor se encuentra la falta y fluctuación de auditores hacia otros sectores, lo que limita controlar un mayor número de entidades y municipios. Todavía se mantienen 52 presupuestos municipales por auditar desde la creación de la Contraloría, debido a esta causa fundamentalmente, aunque en estos lugares se realizan verificaciones presupuestarias que acometen los sistemas de inspección de las provincias.

«Esos municipios por lo general están alejados de las capitales provinciales, pero cuando se conoce que hay irregularidades se prioriza la auditoría, independientemente del plan de acciones de control aprobado.

«Entre las amenazas que pudieran gravitar sobre el cumplimiento de nuestra labor identificamos el riesgo de imponer criterios y no convencer a los directivos y trabajadores de las entidades que auditamos sobre los resultados y deficiencias detectadas.

«También pudiera darse el caso de que los auditores no estén totalmente preparados acerca de las nuevas disposiciones y políticas aprobadas, a partir de la actualización de nuestro modelo económico. Al estar bien identificadas las amenazas, se prioriza la capacitación y preparación de nuestro personal de forma permanente, y se analiza y evalúa crítica y autocríticamente, al término de cada auditoría, el trabajo concluido.

«Aun cuando trabajamos el enfrentamiento al delito, ilegalidades y manifestaciones de corrupción, en cumplimiento de la misión asignada a nuestro órgano, una de las mayores fortalezas que este ha alcanzado está relacionada con la cultura organizacional que estamos consolidando de manera sistemática, la cual está estrechamente vinculada con el ejercicio de la ética y la prevención.

«Si hay algo que distingue a nuestros auditores es que han asumido con responsabilidad denunciar lo mal hecho, pero simultáneamente han comprendido que, tan importante como eso, es enseñar a trabajar a las personas y transmitir experiencias, pues cuando se suman todos los beneficios de este control hay un resultado que favorece el desarrollo de nuestro país. No se trata de hacer una larga relatoría de problemas en un informe —como siempre nos advierte la Contralora General— sin dejar una huella edificante que ayude a trabajar mejor.

«Un objetivo esencial de nuestro trabajo es incorporar con mayor intencionalidad la evaluación de elementos de gestión en las auditorías que contribuyan a profundizar en la eficiencia y eficacia del gasto presupuestario, y que este se revierta cada día más en brindar una mayor calidad de vida a nuestro pueblo, que es el motivo y compromiso de todos los que tenemos una responsabilidad en la administración pública.

«Teniendo en cuenta que nos encontramos en un proceso sin precedente en el desarrollo de la economía cubana, el cual aboga por fortalecer el control económico-administrativo, contamos entre nuestras oportunidades con la prioridad que la dirección del país le ha concedido al control del presupuesto y de los recursos en general.

—¿De qué modo la Contraloría propone la política integral en materia de preservación de las finanzas públicas y el control económico–administrativo, y además cómo dirige, ejecuta y comprueba su cumplimiento?

—Asesoramos y exigimos la implementación de adecuados sistemas de control interno en todas las entidades. Otra importante vía lo constituyen las recomendaciones que proponemos como resultado de las deficiencias detectadas en auditorías y las demás acciones de control que realizamos, y que se discuten con los directivos y trabajadores en un ambiente de respeto mutuo, pero con el rigor que requiere nuestro trabajo. También la propuesta considera el estudio y análisis de leyes, resoluciones y otras disposiciones relacionadas con el objeto de la auditoría. Cada auditoría constituye una investigación.

«Otro criterio para proponer la política integral en materia de preservación de las finanzas públicas y el control económico-administrativo lo constituye la cuantificación de daños y perjuicios económicos identificados en las acciones de control, el análisis de sus causas, y exigir que se aplique, cuando corresponda, la responsabilidad administrativa directa o colateral».

—A propósito de las causas de las irregularidades detectadas en las auditorías, ¿cuáles son las que más se reiteran?

—Las más comunes se relacionan con riesgos internos y externos no previstos en los planes de prevención. Existen violaciones en las normas y disposiciones jurídicas vigentes; hay además fisuras o limitaciones en las actividades de control y en la oportuna información y comunicación a los trabajadores sobre la gestión administrativa, así como la insuficiente supervisión que limita valorar las consecuencias generadas por las fallas de los sistemas de control interno.

—Sin embargo, hay quienes señalan como un detonante de los desvíos de recursos y otras tendencias negativas, a la imposibilidad real de acoplar al proyecto social, los proyectos individuales ¿Qué usted opina de esa consideración?

—Es cierto que el salario real no satisface las necesidades individuales; sin embargo, solo por poner un ejemplo, nuestro sistema garantiza la salud y la educación, entre otros servicios, de manera gratuita y al alcance de todos.

«También es cierto que la calidad de algunos de estos servicios en ocasiones es cuestionable, aunque hay que reconocer que son esas conquistas de la Revolución parte del proyecto social que hemos asumido como un derecho propio, y que la cotidianidad no en todo momento permite darnos cuenta de su verdadero valor e, incluso, no estamos conscientes de que nos asiste el derecho de exigir que no se desvirtúe. Exigir que se nos trate bien, con calidad y con los recursos previstos para cada servicio es un derecho del pueblo, que no siempre se defiende.

«También es cierto que se necesitan cubrir otras necesidades individuales, como la recreación personalizada, para lo que no siempre el presupuesto individual alcanza. Esa es una verdad irrebatible, sin embargo, para lograr esos niveles de satisfacción es indigno robar. Hay maneras más decorosas de ganarse el dinero y es aportando y produciendo más, no dañando los recursos del Estado, que es sinónimo de robarle al pueblo.

«Quiero aclarar que los casos de desvíos de recursos de mayor connotación, monto e impacto negativo en la sociedad no están asociados a garantizar una necesidad primordial de los comisores. Regularmente detrás de estos hechos hay personas cuyo nivel de vida es rayano en lo ostentoso, y son los promotores y actores principales de los hechos delictivos o de la corrupción administrativa que hemos detectado.

«El país, con la actualización de nuestro modelo económico, trabaja porque no sea una utopía acoplar al proyecto social los proyectos individuales. Trabajar es el camino. No hay otro para hacer sostenible y próspero nuestro Socialismo, como ha expresado el General de Ejército y Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Raúl Castro Ruz. Recordemos que Martí advirtió que la pobreza pasa, lo que no pasa es la deshonra.

—¿Hasta dónde son capaces los auditores de distinguir un «error de un horror», como suele llamar, y así diferenciar, la Contralora General de la República a las deficiencias que son producto del desconocimiento y aquellas que son por la desidia y la irresponsabilidad?

—Llegar a esta consideración depende, entre otras herramientas, de la preparación de los auditores y contralores que realizan el trabajo. Eso se sustenta, además, con las evidencias documentales que soportan las operaciones objeto de examen, las cuales deben ser suficientes, competentes y relevantes, de acuerdo con lo que se establece en las normas cubanas de auditoría, las cuales deben estar en correspondencia con la legislación vigente.

«El auditor también tiene información previa de los centros que le corresponde auditar; y esa auditoría procede a veces de otras acciones de control realizadas, así como de quejas y denuncias de la población. Luego él la complementa en el terreno y esto le da la posibilidad de cotejar, cruzar informaciones y, finalmente puede, con mayor objetividad, emitir un juicio profesional acerca de las actividades controladas.

«Este ejercicio, que puede decirse fácilmente, requiere de muchas horas de trabajo y de un poder de análisis equilibrado, objetivo, ético y razonable. Gracias a esa práctica mesurada es posible distinguir con justeza cuándo una deficiencia está propiciada por el desconocimiento de normas y procedimientos, y cuándo se está en presencia de un fraude, negligencia y desvío de recursos.

«Le puedo asegurar que el auditor desarrolla una pericia y un olfato que le permiten diferenciar cuándo está en presencia de un error o un horror».

—¿Cómo es la relación entre el presupuesto y las necesidades reales del país?

—El presupuesto en nuestro país tiene un carácter deficitario. Eso significa que las necesidades superan las posibilidades de financiamiento. Por ese motivo se requiere un control estricto de los recursos materiales y financieros. Ese ejercicio no es privativo de la Contraloría. Le corresponde a la administración de las entidades, trabajadores, y a los ciudadanos, exigir porque se administren de forma transparente, pues se trata de los recursos que el Estado destina para el bien común.

—¿Cuáles tendencias negativas son las que más afectan al presupuesto en cada una de sus fases de ejecución?

—Como las más reiteradas y nocivas tendencias que dilapidan el patrimonio público hemos identificado aquellas irregularidades en el control interno del efectivo y de los inventarios de materias primas, mercancías, medicamentos y alimentos, entre otros recursos.

«Es bueno que el pueblo conozca mucho más sobre el papel que puede jugar para contribuir al control de los recursos. A veces se desaprovechan oportunidades de participación que ofrecen las asambleas —tanto de rendición de cuenta de los delegados a sus electores, como las de afiliados de los sindicatos—. En estos espacios, de manera indistinta, se puede exigir información sobre la gestión, ejecución y control del presupuesto a las administraciones.